No es prudente que Sánchez decida qué es delito

La diferencia de sátrapa a satrapita está en el ecosistema en el que habitan. El sátrapa es el ejemplar adulto de la manada y se caracteriza por el dominio absoluto de su entorno, mientras que el satrapita convive con otras especies y es un especialista en el camuflaje para poder imponer su mando. No sabría decir cuál de los dos es más peligroso, por lo sibilino del comportamiento del satrapita, aunque sea menos agresivo. Sobre el primero no caben dudas, porque los sátrapas proliferan en la historia del poder, desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, y son los causantes de las mayores atrocidades, de las peores pesadillas de los pueblos sojuzgados. Pero son perfectamente identificables, se les puede señalar con el dedo y denunciar hasta acorralarlos o dejarlos caer. La peligrosidad de los satrapitas es que habitan en nuestros sistemas democráticos y, como están camuflados, no somos conscientes de que van horadando los pilares esenciales de un Estado de derecho.

Hace unos años, cuando comenzaba este fenómeno de comportamientos totalitarios dentro de una democracia, dos politólogos norteamericanos, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, publicaron libro, ‘ Cómo mueren las democracias’, que hoy provoca vértigo por el poco tiempo que ha pasado y la rapidez de difusión del fenómeno. En 2018, el libro parecía una distopía y hoy lo que tenemos delante es una amenaza clara, en muchos países del mundo. En ese libro, de lo que se advertía es de que las democracias modernas no suelen terminar con un estallido trágico, un golpe de Estado o una rebelión, sino de una forma más sutil, con el deterioro progresivo y aceptado por la sociedad, que no lo percibe como tal o no le presta atención. Un autoritarismo tenue, compatible con las democracias, se identifica por los ataques al Poder Judicial, el desprecio de la prensa o la manipulación o el control de todos los organismos independientes cuya misión es trazar los límites legales de los sucesivos gobiernos.

David French, columnista de The New York Times que fue soldado en Irak como abogado, escribió hace unos días un artículo que llamaba la atención por la sutileza irónica de su titular, "No parece prudente que Donald Trump decida qué es la guerra". El razonamiento impecable de este columnista se refería a la espantosa arbitrariedad con la que el presidente de Estados Unidos ha decidido bombardear y hundir las embarcaciones que, a su juicio, son traficantes de droga con la justificación de que se trata de un acto de guerra.

"Lo que separa la guerra del asesinato es la ley, y la ley de la guerra contiene dos componentes clave. Se conocen con dos términos latinos, jus ad bellum y jus in bello. Para que el uso de la fuerza militar sea lícito, debe satisfacer los requisitos de ambas doctrinas. Debe existir una base legal para el uso de la fuerza, y la fuerza que se utilice también debe ser legal". Lo normal, decía este periodista, es que, si la policía estadounidense detecta una embarcación cargada de droga, que unos agentes la intercepten, que comprueben si, efectivamente, lleva ese cargamento y que, en tal caso, detengan a los tripulantes y los pongan a disposición judicial. "Si estos sospechosos de narcotráfico abren fuego, las fuerzas estadounidenses pueden responder, pero no pueden limitarse a ejecutar a alguien por la mera sospecha de tráfico de drogas", concluía el artículo.

Opinión

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A raíz de la polémica del pasado fin de semana en la que, en España, una manifestación propalestina, contra la masacre israelí en la Franja de Gaza, decidió boicotear el final de la Vuelta Ciclista y consiguió su objetivo gracias al apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, nos damos cuenta de que la democracia española no puede convertirse en un régimen en el que un fugitivo de la Justicia, como Puigdemont, puede entrar y salir del país porque al presidente Pedro Sánchez le conviene y que los dispositivos policiales no repriman una manifestación ilegal cuando al presidente le interesa.

Los excesos de Pedro Sánchez son iguales que los de Donald Trump y su comportamiento no deja de ser trumpismo porque se autoproclame como ‘el referente del progresismo internacional contra la ultraderecha’. Más bien al contrario, lo que nos demuestra es que el populismo se parece en los excesos que comete. A la buena salud de un sistema democrático le interesa poco que quienes lo ataquen lo hagan en nombre de la izquierda o de la derecha, de supuestos progresistas o de declarados reaccionarios. La legitimidad de la acción política se pierde cuando se ignoran los límites legales y el Estado de derecho comienza a percibirse como un estorbo, una odiosa incomodidad. Se trata de normas básicas, principios fundamentales ante los que no existen razones de fuerza mayores para saltárselos.

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Fuera de su animada y concurrida corte de replicantes, el presidente Pedro Sánchez no ha encontrado ninguna comprensión por su disparatada decisión del domingo pasado, cuando alentó a los manifestantes a que protestaran contra la Vuelta y, obedientes, sus subordinados gubernativos le ataron las manos al dispositivo policial para que los cafres la pudieran reventar. Al contrario, la primera en criticarlo fue la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialista, que le recordó a su colega español que sólo con el respeto de las normas se puede garantizar la convivencia de una sociedad libre. "La democracia permite que cada uno exprese sus opiniones. Pero el parlamento callejero no tiene nada que ver con la democracia, destruye el deporte y, a la larga, también la democracia", dijo la primera ministra de Dinamarca.

También ella, para muchos, habrá pasado a ser una cómplice de la barbarie que está perpetrando Netanyahu en Gaza. Pero no, Mette Frederiksen sólo es una representante europea de la socialdemocracia que también Pedro Sánchez se comprometió a defender. También ese compromiso, expresado en el 40 Congreso del PSOE, celebrado en Valencia, acabó incumpliéndolo. Ahora, Pedro Sánchez es otra cosa y hace otras cosas que no caben en una socialdemocracia. Por eso, como con Donald Trump, podemos concluir, irónica y simplemente, que no es prudente dejar que Pedro Sánchez decida qué es delito en España.