Pulseras de maltrato, una forma de gobierno

Es un escándalo y es una ratificación. Es un grave error y es una confirmación. Es una chapuza y es una forma de gobernar. Los fallos ocurridos durante varios meses del año pasado en los dispositivos electrónicos al que mujeres amenazadas o maltratadas confían la seguridad de sus vidas y de sus familias repiten, una vez más, el mismo patrón de escándalos anteriores. Todos ellos empiezan con el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez del dictamen de los expertos y especialistas que tienen entre sus funciones asesorar, aconsejar o advertir al Gobierno antes de aprobar una ley en las Cortes, o poner en marcha una reforma importante. Como esas advertencias se ignoran, lo que sucede a continuación es que se producen las consecuencias negativas o indeseadas que se habían anunciado, normalmente porque la prepotencia en política es muy efectiva en los mítines, para calentarlos, pero muy peligrosa cuando se traslada al Boletín Oficial del Estado. Lo siguiente es la ocultación, a veces con órdenes precisas, para que la pifia no trascienda a la opinión pública.

Una vez que estalla el escándalo, la reacción natural del Gobierno de Sánchez es la minusvaloración del hecho, la negación y la calificación inmediata de "bulo" contra el medio de comunicación que lo ha destapado. Antes decían ‘bulo de la fachosfera’, pero parece que el término está en desuso en la estrategia gubernativa. Lo normal, en todo caso, es que esa fase dure poco porque se seguirán aportando nuevas revelaciones que confirman el escándalo y es sólo entonces cuando el Gobierno anunciará la corrección de los errores cometidos para "frenar a la alarma social provocada de forma irresponsable" por quienes se oponen al Gobierno y a su presidente, "que sufre un acoso político sin precedentes".

Quien lo desee puede repasar, mental o documentalmente, algunos de los grandes escándalos de gestión de este Gobierno y comprobará que siempre repiten ese esquema, con las peculiaridades propias de cada caso. Lo esencial es ese patrón de antes, convertido en una forma de gobierno: desprecio de órganos consultivos, negación del hecho y corrección del fallo que se podría haber evitado.

Quizá no sepamos nunca, exactamente, qué ocurrió, por ejemplo, en el apagón nacional del pasado mes de abril, aquel lunes 28 de abril que ha pasado a la historia. Pero todo comienza con la misma ignorancia de las advertencias que se hacían sobre la planificación energética, "haciendo oídos sordos a los problemas técnicos" a consecuencia de una política de diseño con "demasiado mesianismo renovable", como dijo un expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ministro socialista de la etapa de Zapatero. El Gobierno de Pedro Sánchez lo negó todo, obviamente, pero en cuanto se produjo el apagón y se sepultó la realidad bajo una montaña de documentos, informes y comisiones, lo que ocurrió es que se adoptaron algunas de las medidas que se habían ignorado y, por esa razón, el precio de la electricidad comenzó a subir.

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La ley de amnistía es otro de los escándalos del Gobierno, quizá el más grotesco y el más lesivo de todos, en el que se siguió, paso a paso, el patrón gubernativo de Pedro Sánchez. También en ese caso, de forma clamorosa, el Ejecutivo evitó y eludió todos los informes que se tendrían que haber emitido para, simplemente, asegurarse de que el texto que estaba tramitando era legal y constitucional. Obviamente, el objetivo del Gobierno no era otro distinto al de acelerar la aprobación de la ley para que solo se pudiera pronunciar aquel que jamás iba a poner reparos, como el muy obediente Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.

Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que la ley de amnistía sigue empantanada, entre otras cosas porque no se incluyeron los delitos de malversación que afectan al socio fugado de Pedro Sánchez. En la actualidad, un año y medio después de la aprobación de la ley, sigue en vigor la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en la prisión contra Puigdemont, dictada por el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Y en el seno de la Unión Europea, a la espera de que se pronuncie el TJUE, lo que ya ha dicho la Comisión Europea es lo que tantas veces se advirtió, se denunció y se censuró que no es "compatible con los valores de la Unión conceder una amnistía a cambio del apoyo de la investidura de un Gobierno".

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En todos los episodios anteriores, y algunos más que podrían incluirse, el Gobierno logra sacudirse la responsabilidad sin demasiados problemas, simplemente con la agitación de la confrontación con el Partido Popular. Esa forma de gobernar, sin embargo, se vuelve muy lesiva para los intereses de Pedro Sánchez cuando afecta a normas y leyes relacionadas con la defensa de los derechos de la mujer y, sobre todo, con la lucha contra el maltrato machista. Sucedió con la ley del ‘sí es sí’, que provocó más de mil reducciones de penas y un centenar de excarcelaciones porque se ignoraron los informes y advertencias del Consejo General del Poder Judicial. Y es lo mismo que ha vuelto a pasar ahora.

Después de un año y medio de ocultación, sabemos, por el informe anual de la Fiscalía, que ha vuelto a suceder lo mismo: un consejo ignorado seguido de un enorme caos. En esta ocasión, la advertencia fue del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. "Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías", como desvelaba en El Confidencial la entonces presidenta del Observatorio.

ras estallar el escándalo, viene la negación de lo sucedido, que es a lo que ha estado dedicada la ministra responsable, Ana Redondo. Incluso con un arriesgado ejercicio de falsificación de la realidad: "Las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán", dijo la ministra, pero las nuevas revelaciones han acabado desbordándola completamente. Así que fase final: anulación del contrato y licitación de uno nuevo. Pero no por culpa del Gobierno, claro, sino por la ‘alarma social’ que ha levantado la noticia.