El novio de Ayuso y las miserias del proceso

Vayamos sumando cifras y componiendo el cuadro para buscar, al final, dónde está Wally, que es González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Así que empecemos por el contorno. Los españoles defraudan veinte mil millones de euros anuales, que es lo que calcula la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. De esa cantidad enorme, la Agencia Tributaria acaba ‘atrapando’ a varios miles cada año con la correspondiente reclamación, sanción o inspección. Muchos menos todavía, entre doscientos y trescientos contribuyentes, dependiendo del ejercicio fiscal, son los que terminan denunciados por fraude fiscal porque la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. Hace tres años, en 2022, Hacienda denunció exactamente a 184 personas por las irregularidades detectadas en los ejercicios anteriores.

El novio de la presidenta de Madrid era sólo un número de expediente más entre esas doscientas personas hasta que dos años después nos enteramos, de golpe, de dos cosas: que Isabel Díaz Ayuso tenía un novio que se llamaba González Amador y que tenía cuentas pendientes por Hacienda por un presunto fraude fiscal. Durante dos años, hasta marzo de 2024, nadie del Gobierno de Pedro Sánchez ni de sus satélites vinculados, como la Fiscalía General del Estado, había reparado en que Wally estaba allí, oculto entre esos miles de contribuyentes que cada año defraudan a Hacienda. Cuando lo descubrieron, González Amador pasó a ser para todos ellos el gran defraudador de la democracia española y su novia, la gran beneficiada de la corrupción.

La relación de hechos de esos días no deja lugar a dudas sobre por qué la denuncia contra López Amador no trascendió en dos años, como el de los otros 183 contribuyentes denunciados. Días antes, por las publicaciones de El Confidencial, había estallado el caso Begoña y el Gobierno de Pedro Sánchez activó todas las palancas del poder que tiene para encontrar un escándalo simétrico que pudiera contraponer al de su esposa. Desde el mismo día que se publicó la noticia de la denuncia a López Amador por fraude fiscal, el 12 de marzo de 2024, Pedro Sánchez ya pedía la dimisión de Ayuso por corrupción. Se lo dijo a Feijóo en el Congreso: "Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenga coraje, que sea valiente". Y en tromba, todos los demás, desde entonces hasta ahora.

El portavoz socialista, Patxi López: "Ya no solo se está hablando de un posible delito fiscal, sino de un enriquecimiento muy poco ético". El ministro de Justicia, Félix Bolaños: "Ayuso convive con normalidad con el delito, ha convertido Madrid en un nido de odio y mentiras". La vicepresidenta María Jesús Montero la acusó de estar "viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública". No hay sentencia que confirme el fraude ni se sabe si con ese dinero se pagó el piso, pero la ministra de Hacienda (¡de Hacienda!) lo da por hecho… Esta misma semana, porque la escalada no ha decaído, el ministro Óscar Puente se enfangó todavía más con este mensaje vomitivo: "Que Ayuso encontrase para emparejarse a un aprovechado de lo público es plenamente coherente, lo irracional sería que estuviera con un intelectual o un benefactor".

En definitiva, que así fue como Wally, que era un expediente fiscal anónimo entre varios miles, pasó a convertirse en una acusación por corrupción contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ese presunto fraude nada tenga que ver con la corrupción política y aunque, quizá, ni siquiera Ayuso conocía a Alberto González Amador cuando se produjo todo. Esa ha sido la manipulación grosera del Gobierno con el único objetivo de generar un discurso de defensa ante los delitos de los que ha sido acusada Begoña Gómez.

Pero no ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el único que ha convertido ese fraude fiscal en un asunto político: por inexplicable que pueda parecer, la propia Isabel Díaz Ayuso y su lenguaraz jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, han contribuido a la politización del caso. Si se trata de principios, de ética, de respeto, lo que nadie podrá decir es que Díaz Ayuso y su escudero MAR no han caído en el mismo juego sucio del que han sido víctimas. Desde el primer instante, además, cuando filtraron versiones sesgadas del expediente fiscal al que estaba sometido González Amador, que fue lo que, de forma paralela, acabó desmadrando al fiscal general para "ganarles el relato". (Desde el punto de vista penal, por cierto, nada tiene que ver una filtración con otra, remarquémoslo una vez más).

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En aquellos primeros días, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir la barbaridad de que, en realidad, todo era "una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio, una campaña de los poderes del Estado" para que Hacienda no le pagara a su novio "los casi 600.000 euros que Hacienda le debe". Hace unos días, ha sido el propio MAR el que ha vuelto a acusar a la jueza de actuar con un interés político. Y lo hace como tantos del PSOE, con cobardía, sin atreverse a acusarla de prevaricación para no tener que enfrentarse a una querella.

Las excusas de quien empezó antes, incluso de la obsesiva persecución emprendida contra la presidenta madrileña, nunca pueden justificar la suciedad y la bajeza de nadie. Sólo hay que poner un oído en los juzgados o en las fiscalías para conocer que el mismo rechazo que suscitan las invectivas del Gobierno contra la judicatura lo generan los grotescos ‘p’alante’ del desbocado Rodríguez. No todo vale, es evidente, y más allá de eso, algún día, en este país, algún dirigente político tendría que reparar en que alguien tiene que comenzar a dar ejemplo. Antes de que el barro lo inunde todo.