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El controvertido perdón socialista por los GAL
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Javier Caraballo

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El controvertido perdón socialista por los GAL

Inesperadamente, el PSOE de Sánchez se distancia más de Felipe González y le reprocha "haber causado aún más dolor, erosionar la democraciar y ensuciar las siglas del partido"

Foto: Felipe González durante la grabación de un documental. (EFE)
Felipe González durante la grabación de un documental. (EFE)
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Políticamente, lo sucedido no deja lugar a dudas: el PSOE de Pedro Sánchez está rompiendo las últimas amarras que le conectaban con su pasado. Socialmente, el asunto es más controvertido porque la ‘normalización’ del País Vasco se está construyendo de forma desigual. Muchos españoles pueden pensar que la normalización, que es un objetivo compartido, no puede consistir en la equiparación de la actividad criminal de ETA con los conflictos políticos de la Transición, como si fuera uno más. Lo que ha sucedido esta semana es que, por primera vez, en el aniversario de un atentado de los GAL, el Partido Socialista de Euskadi ha pedido "perdón por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social".

Como los años transcurridos y el caudal incesante de la actualidad lo va sepultando todo, rebobinemos un instante para recordar. Tras la muerte del dictador, Francisco Franco, la banda terrorista ETA desplegó su mayor actividad criminal contra el sistema democrático, a pesar de que, antes incluso de que se aprobara la Constitución, se reconoció políticamente el derecho del pueblo vasco, y del catalán, a la autonomía y el autogobierno. A pesar, también, de que la generosidad de la Ley de Amnistía tras la dictadura benefició a miembros de ETA que, de forma inmediata, volvieron a incorporarse a la banda.

En la década de los años 80 del siglo pasado, los terroristas vascos cometían un atentado cada dos o tres días y luego se refugiaban en el sur de Francia, que no prestaba ninguna colaboración con España para detenerlos. Un infierno. En ese contexto, bajo los Gobiernos de Felipe González, primer presidente socialista, se fortalecieron los grupos parapoliciales, que ya existían, para combatir a ETA con ‘guerra sucia’, atentados contra los terroristas. Hablamos del GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, y aquí en El Confidencial se ha contado la crudeza del terrorismo de Estado. Pese a las evidencias, el presidente Felipe González siempre negó cualquier responsabilidad con el GAL. Su ministro del Interior, José Barrionuevo, fue a la cárcel por el terrorismo de Estado, pero el Gobierno socialista nunca admitió que fuera una iniciativa suya.

Hasta hace un par de años, todos los secretarios generales del PSOE no solo han mantenido la desvinculación oficial con el GAL, sino que han aplaudido y admirado a los dirigentes políticos socialistas de aquella época que tuvieron que enfrentarse a la banda terrorista vasca en su momento más sangriento. Con Pedro Sánchez de líder del PSOE, los portavoces de Podemos y de Esquerra —antes de que se convirtieran en socios parlamentarios o de gobierno— le reprocharon en el Congreso de los Diputados el pasado socialista "manchado de cal viva", como dijo Pablo Iglesias. Pero Pedro Sánchez, en todas esas ocasiones, salió en defensa de González: "Es el responsable de una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa... En definitiva, ahí está el legado y la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática".

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Pero eso lo dijo Sánchez en el Congreso hace varios años, cuando sus relaciones con Felipe González eran muy distintas. Casualmente, o no, el controvertido acto de contrición política coincide con el mayor distanciamiento entre ambos, irreconciliables desde la aprobación de la Ley de Amnistía. Fue la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, la encargada de inaugurar en San Sebastián una exposición denominada 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL'.

Fue un atentado en Bayona, en el País Vasco francés, el 25 de septiembre de 1985. Dos miembros del GAL, que resultaron ser dos mercenarios franceses del hampa marsellesa, asesinaron a cuatro miembros de ETA. La consejera socialista no solo pidió perdón por la existencia del GAL, lo que ya supone asumir la autoría de su partido, sino que cargó, sin citarlos, contra todos los dirigentes de aquella época: "Por la desfachatez de mostrarse orgullosos del daño que causaron usando las herramientas del Estado, que solo sirvieron para causar aún más dolor, para erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos", dijo la consejera socialista según la detallada crónica de El Diario Vasco.

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La actividad del GAL se desarrolla a lo largo de cuatro años, desde 1983 a 1987, y provocó un total de 21 muertos. La condena del terrorismo de Estado en un país democrático ni siquiera merece la pena mencionarla, porque no se discute. De hecho, lo que ocurrió es que los asesinatos fueron juzgados y sus protagonistas condenados, aunque nunca alcanzó al máximo responsable que era, obviamente, el presidente del Gobierno.

La democracia española, por tanto, depuró penalmente la ‘guerra sucia’ contra ETA y lo que nos cuestionamos ahora es cómo debe contarse la historia. La pretensión de los herederos de ETA, que incluye tanto a los directamente asesinos como a la amplísima red social de colaboradores, militantes y delatores del País Vasco, es que el historial sangriento de la banda terrorista se detenga en los crímenes del franquismo, como la acción más relevante, y que todo lo demás se diluya en un conflicto armado "que nunca debió ocurrir".

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Pero resulta que ni esa fue la historia ni la normalización puede construirse sobre esa deformación hiriente. Además de que el GAL nunca hubiera existido sin la existencia previa ETA, el balance total de víctimas que se le atribuyen es ligeramente inferior a las que provocó el terrorismo etarra en un solo atentado, el de Hipercor en Barcelona. El listado de víctimas de ETA se eleva a 861 muertos, 2.600 heridos y 90 secuestrados. De esos crímenes, más de 300 todavía siguen sin resolverse.

La banda terrorista dejó de matar en 2011, acorralada y diezmada por las fuerzas de seguridad del Estado, y al cabo de los años pidió perdón "por el mucho dolor causado, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa". Pero lo que nunca han hecho ha sido colaborar con la Justicia para esclarecer los asesinatos pendientes de juicio ni dejar de homenajear a los presos etarras como sacrificados gudaris, heroicos y ejemplares. Con sólo observar ese desparpajo sinvergüenza, ya vemos que esta no puede ser la ‘normalización social’ tras la sangrienta historia del terrorismo vasco.

Políticamente, lo sucedido no deja lugar a dudas: el PSOE de Pedro Sánchez está rompiendo las últimas amarras que le conectaban con su pasado. Socialmente, el asunto es más controvertido porque la ‘normalización’ del País Vasco se está construyendo de forma desigual. Muchos españoles pueden pensar que la normalización, que es un objetivo compartido, no puede consistir en la equiparación de la actividad criminal de ETA con los conflictos políticos de la Transición, como si fuera uno más. Lo que ha sucedido esta semana es que, por primera vez, en el aniversario de un atentado de los GAL, el Partido Socialista de Euskadi ha pedido "perdón por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social".

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