Los asesinos del acoso escolar

Detengámonos un momento y miremos alrededor. Apague el ruido que le tapona las entendederas y observe lo que está ocurriendo a su lado. O lo que podría ocurrir. Si lo hace, verá que, con independencia de que lo hayamos pretendido o no, vivimos en una sociedad vengativa que, además, considera que la mejor justicia es la que se hace en las redes sociales, la que mejor nos garantizan la venganza. "El pueblo salva al pueblo", que es el lema más corrosivo del populismo ciudadano, una invitación a las costumbres medievales. Ahora, a partir de ese panorama general desolador, descendamos a una tragedia particular, el suicidio de una niña de 14 años en Sevilla tras el acoso escolar que padecía en su colegio por partes de tres alumnas.

Todo esto, a ver, es lo que se supone que ha ocurrido con el desgraciado final de Sandra Peña a partir de un hecho tan incontrovertible como es que los padres de la pequeña habían denunciado ese acoso hace tiempo, el pasado curso, y que el colegio en el que estaba, un colegio concertado, afirma que adoptó medidas: cambió de clase sólo a la niña acosada, pero todas ellas permanecieron en el mismo colegio. Lo normal, a partir de esa tragedia, sería que esperemos a que finalice el expediente que se ha abierto para saber si el centro escolar ha cumplido, o no, con lo que le exige el protocolo anti-acoso aprobado por la Junta de Andalucía. Más allá aún, ni siquiera deberíamos dar por sentado el motivo exacto del suicidio de esa niña, como ha advertido algún fiscal estos días, porque ni siquiera se conoce el contenido del móvil de Sandra ni el de las escolares que supuestamente la acosaban.

La cuestión es que todo eso parece que da lo mismo porque la inquisición popular ya ha firmado su sentencia, escrita en las paredes del colegio, "culpables", "asesinos", "venganza", "sin compasión"… ¿Contra quién se dirigen esas acusaciones? Quizá contra la dirección de ese colegio, contra los profesores y, por supuesto, contra las tres niñas señaladas por el acoso, cuyas fotos han llegado a colgarse en las redes sociales para que todo el mundo las vea. Hay medios de comunicación en Sevilla que han abierto el debate a todos los colegios para preguntarle a la gente si piensa que "los casos de acoso escolar se ocultan adrede" para no perjudicar la buena imagen de esos centros escolares. La respuesta mayoritaria, claro, ha sido que sí, que se ocultan, y los principales culpables, obviamente, son los centros concertados, a juicio de la ciudadanía. Ya están señalados, por tanto, los homicidas, los cómplices y los colaboradores.

Es decir, decenas de personas, desde niños hasta profesores, que hoy sentirán la angustia de que alguien los señale, los increpe. Por eso, esta llamada de atención, porque no nos damos cuenta de que si el origen de la desgracia, el suicidio de esa menor, ha sido la violencia escolar que padecía en su escuela, la reacción social es igualmente violenta. Esta involución inconsciente que nos lleva a los juicios de plaza de pueblo jamás puede ser consentida, ni aplaudida y, muchos menos, secundada. Estado de derecho y confianza en la Justicia. Entre otras cosas, porque desconocemos tanto sobre este fenómeno que lo mínimo que podemos exigirnos es prudencia y reflexión para que el ‘bullying’ no siga agravándose exponencialmente, que es lo que viene sucediendo en los últimos veinte años.

Si el origen de la desgracia ha sido la violencia escolar, la reacción social es igualmente violenta

Quizá el primer caso de acoso escolar que conmovió a la sociedad española se produjo hace dos décadas, el 21 de septiembre de 2004, en el País Vasco. Hasta entonces, hasta que apareció el cadáver de Yokin, no se hablaba en España de acoso escolar. Por esa misma circunstancia, Yokin tuvo que sufrir un auténtico calvario en el colegio, de humillaciones, de vejaciones, de agresiones, como descubrió la autopsia cuando analizó su cuerpo lleno de moratones. Aquel día de septiembre, a pocas semanas de haber comenzado el curso, ya no podía más. Cogió su bicicleta, se subió a lo más alto de la muralla de Fuenterrabía y se arrojó al vacío. Unas horas antes, había dejado escrito en un chat de internet: "Libre, oh, libre. Mis ojos seguirán, aunque paren mis pies". Yokin también tenía 14 años, como Sandra. A partir de la muerte de este menor vasco, fue cuando la Fiscalía General del Estado elaboró, en 2005, la primera directriz doctrinal sobre el acoso escolar que, entonces, se consideraba un fenómeno nuevo, o por lo menos oculto en la sociedad. La Fiscalía lo comparaba, en este sentido, "con la violencia doméstica, que hasta hace poco se consideraba algo inevitable y en cierta manera ajeno a las posibilidades de intervención del sistema penal".

Podemos entender la comparación, pero no son fenómenos comparables: lo esencial del acoso escolar de nuestros días es la amplificación exponencial, a través de los teléfonos móviles y de las redes sociales, de los episodios de burla que siempre se han dado en un patio de colegio. No puede ser casual, en este sentido, que el incremento exponencial de los casos de acoso escolar coincida milimétricamente con la incorporación masiva de las nuevas tecnologías en la sociedad. Con lo cual, la persecución de los casos de acoso escolar debe ser muchísimo más compleja que la mera insistencia en la ‘educación en valores’ y que debamos pensar también en las consecuencias del uso de móviles, internet y redes sociales a edades tan tempranas. Sucede igual que con la respuesta penal que se puede exigir para tratar estos asuntos.

Por ejemplo, algo que ya empieza a oírse: la aprobación de un delito de acoso escolar. Como es sabido, los menores de edad son inimputables hasta los 14 años y, hasta los 18, no son de aplicación las penas del Código Penal, con lo que el endurecimiento de penas, que tantas veces se reclama, no sirve en este caso. De todas formas, como ocurrió con la violencia de género, la aprobación de un delito específico de acoso escolar ayudará a luchar contra esa lacra, aunque ya existan delitos aplicables como el de trato degradante (art. 173), delito de lesiones (art. 147), delito de amenazas (art. 169), delito de coacciones (art. 172), delito de calumnia (art. 208), delito de injuria (art. 205), y delito de inducción al suicidio (art.143). Algunas asociaciones contra el bullying han publicado estadísticas que señalan que España es el líder mundial en casos de acoso escolar y ni siquiera eso sabemos con certeza si es realmente así o, en el caso de serlo, si es porque aquí se persiguen y se denuncian más. Demasiado desconocimiento, demasiado dolor, demasiada incertidumbre como para darle rienda suelta a esos instintos primitivos de venganza, de ojo por ojo, contra aquellos que, directamente, pasan a ser los asesinos del acoso escolar.