Los agujeros negros de la dana

La inutilidad política del presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, es lo único en lo que podemos coincidir casi todos un año después de la trágica tormenta de lluvias torrenciales que arrasó todas las localidades del barranco del Poyo, con la mayor cifra de muertes de ninguna otra catástrofe natural en la historia de Europa. Existen muchas dudas, muchos ‘agujeros negros’, pero nada que cuestione el patetismo y la inoperancia de Carlos Mazón. Es más, lo que es casi imposible de encontrar en los cincuenta años de historia democrática de España es un ejemplo similar, o parecido, de unanimidad social contra un dirigente político, como ocurre con Mazón, especialmente entre los propios valencianos, como desvelan las encuestas.

Tan claro es el señalamiento que, por esa misma razón, la permanencia de ese hombre al frente de la Generalitat valenciana ha sido lo que, paradójicamente, más ha contribuido a que todavía, un año después, no podamos contestarnos a la única pregunta fundamental de este desastre: ¿fue posible alertar a la población del tsunami de agua y de barro que se iba a producir en la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024? A partir de esa pregunta se pueden hacer muchas más, por supuesto, sobre todo de la gestión posterior de la catástrofe, pero ninguna de ellas podría resolvernos la angustiosa duda de pensar que, si se hubiera avisado a los habitantes con tiempo, podrían haberse salvado.

Un año después, ni siquiera la concienzuda investigación judicial ha conseguido aclararnos si se podría haber conocido con anterioridad, con suficiente anterioridad, que aquella tarde las nubes de la dana iban a descargar en la sierra de Chiva hasta 500 litros de agua por metro cuadrado. Si algún servicio meteorológico es capaz de prever que, la misma tarde, bajo la misma tormenta, mientras que en la sierra caía esa tromba de agua desconocida, a 45 kilómetros de allí, en Paiporta, sólo iban a caer 10 litros de agua por metro cuadrado. Pero es lo que sucedió. Una tromba de agua, desconocida hasta entonces, descargó con toda su furia en la cabecera del barranco y los pueblos que estaban a sus pies, en los que apenas había llovido, se inundaron en poco más de media hora con una riada violenta que causó una total devastación.

Uno de los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, aportado a la investigación judicial, contiene afirmaciones espeluznantes en este sentido. Dice así, al referirse al barranco del Poyo en el que confluye el caudal de otros barrancos: "La generación de crecidas en este tipo de cuencas de tamaño medio y pequeño es muy rápida debido a las fuertes pendientes que tienen que salvar en su corto recorrido hasta la desembocadura, en consecuencia, existe un escaso tiempo de reacción para la población potencialmente expuesta y, por consiguiente, un incremento considerable del riesgo".

¿Fue posible en algún momento, basándose en los datos y predicciones de las que se disponían, emitir una alarma general para evacuar los pueblos situados en esa zona inundable? Muchas veces, cuando se enredan los debates y las discusiones sobre la hora en la que se emitió la alarma, se olvida este detalle esencial. ¿Qué tendría que haberse comunicado en esa alarma? ¿Que nadie saliera de casa? Como es sabido, la mayoría de los fallecidos fueron hallados en sus casas, con lo que parece claro que la única alerta efectiva hubiera consistido en la evacuación de las ciudades, varias horas antes de que se produjera la mortal descarga de agua en la sierra. De hecho, en Paiporta, que está considerada como la ‘zona cero’ de la tragedia, el Ayuntamiento alertó a los vecinos, en la hora más crítica de la inundación, a las 18.49. Colgó un vídeo en redes sociales que decía: "Aviso urgente. Barranco desbordado. Puentes cortados. No salgan de sus casas".

En Paiporta fallecieron 56 personas. También fue la propia alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, que dimitió hace unos meses por problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo, la que, pasadas las siete de la tarde de aquel martes, se puso en contacto con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, para advertirle de que el pueblo se estaba inundando, que no estaba "preparado para eso y que iba a morir mucha gente, se está muriendo ya". Esta llamada de angustia de la alcaldesa de Paiporta es la que nos conduce, directamente, a la mayor parte de los ‘agujeros negros’ que aún tenemos sobre el horror de aquel martes de hace un año en Valencia. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en reaccionar y en movilizar a todos los medios del Estado para socorrer a las decenas de miles de personas damnificadas?

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Como se ha apuntado aquí alguna vez, lo sucedido en Valencia se explica por una catástrofe natural desconocida, seguida de una gestión política desastrosa. Habrá quien sostenga, a partir de todas esas dudas, que por qué se descarga toda la responsabilidad en Carlos Mazón si la tragedia hubiera sido la misma de haber estado en su despacho oficial y al corriente, en cada minuto, de los datos que se estaban ofreciendo. Incluso se puede añadir que, si la delegada del Gobierno, necesariamente, debió informar de la gravedad de lo que estaba ocurriendo al gabinete de crisis de la Moncloa, presidido por María Jesús Montero, por qué no se decretó al instante el estado de alarma. O por qué ni siquiera se interrumpió la agenda política a la mañana siguiente, un miércoles de pleno en el Congreso de los Diputados en el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, con toda normalidad, la reforma que le permitía el control total de la RTVE.

Es evidente que merecemos respuestas a todas esas preguntas y que, quizá, con el paso del tiempo conozcamos con más claridad aquello que fue inevitable, sumado a otros episodios de miserias políticas. Pero sea lo que sea, nada alterará la responsabilidad adquirida por el presidente Carlos Mazón. En el día de la peor tragedia padecida por sus vecinos, estaba plácidamente aislado de todo en una comida de cuatro o cinco horas. De esa imagen no se recupera nadie ni Carlos Mazón se librará jamás.