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Entre Marlaska y el fiscal, el narco florece
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Javier Caraballo

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Entre Marlaska y el fiscal, el narco florece

Tras el escándalo de las pulseras anti-maltrato, en la Memoria de la Fiscalía se esconde otro escándalo que tampoco parecen haber leído: el auge desbocado del tráfico de droga

Foto: Álvaro García Ortiz. (Europa Press/Eduardo Manzana)
Álvaro García Ortiz. (Europa Press/Eduardo Manzana)
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"¿De quién es la Fiscalía? Pues eso…" Desde que Pedro Sánchez soltó esa bravata, los fiscales generales que ha ido nombrando se han esforzado en sus funciones para ofrecerle muestras inequívocas de su lealtad, pero se han olvidado de la otra parte de sus responsabilidades: el cumplimiento de las obligaciones de su cargo, como máximos representantes del Ministerio Fiscal.

Gestos de apoyo político hacia el presidente del Gobierno ha habido muchos, pero no existe una correspondencia con el respaldo a las necesidades y a las peticiones de los fiscales a los que representa. La prueba más deshonrosa la tenemos con la propia Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, por la nula atención que se le presta. Tengamos en cuenta que en esa memoria se recopila el trabajo de miles de fiscales repartidos por toda España y que ese retrato fiel debe servir para luchar más eficazmente contra el delito en todas sus facetas.

Tan importante es, tan relevante, que no se le presta atención alguna… El tal García Ortiz, que este lunes se sentará en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos —no hará falta incidir en la escandalosa novedad que supone esta situación para un fiscal general del Estado—, está tan centrado en no defraudar las expectativas que depositaron en él que la Memoria anual de este año 2025 se ha convertido en la mayor demostración del abandono de sus obligaciones con el Ministerio Fiscal. De hecho, el fiscal general se empeñó, a principios de septiembre, en presentar la Memoria y lo que ha quedado demostrado desde entonces es que la presentó, pero no le ha prestado la más mínima atención.

Pongamos dos ejemplos, el mal funcionamiento de las pulseras de los acusados de maltrato y el incremento del narcotráfico en la costa andaluza. Aunque la gravedad y la trascendencia de lo que ha ocurrido con las pulseras ‘anti-maltrato’ sea menor que la escalada de las mafias de narcotraficantes en España, el mayor escándalo político se ha originado por esta cuestión, mientras que lo segundo apenas alcanza relevancia pública alguna. En todo caso, lo que tienen en común ambas realidades es que se trata de denuncias de fiscales, contenidas en la memoria anual, que son ignoradas por el Gobierno, en especial por el ministro del Interior, y por el propio fiscal general.

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Esto es lo más llamativo, quizá, que Álvaro García Ortiz acudiera a la presentación de esa memoria, a pesar de que varias asociaciones de fiscales y de jueces le pidieron que no lo hiciera, y luego resultó que ni siquiera se había leído los aspectos más importantes del texto que presentó. Ocurrió con el escándalo de las pulseras: en la memoria se alertaba de "múltiples fallos" y de una "gran cantidad de sobreseimientos" de procesos judiciales y el fiscal general, para socorrer al Gobierno, lanzó una nota de prensa en la que lo reducía todo a "problemas puntuales".

Como el auge del narcotráfico no ha trascendido al debate político, la ignorancia de la denuncia de los fiscales es aún mayor. Para los fiscales andaluces que se enfrentan a la entrada masiva de droga por la costa andaluza, su trabajo se ha convertido en una suerte de impotencia, Desde hace varios años, en especial desde que el ministro Marlaska desmanteló inexplicablemente el operativo especial de la Guardia Civil, los narcos van ganando claramente en esa lucha desigual. (¿Será que este es otro de los aspectos enigmáticos de la claudicación de Pedro Sánchez ante Mohamed VI, para proteger una de las mayores fuentes de ingreso en el PIB de Marruecos, principal productor de cannabis del mundo?) La memoria que se ha ignorado lo vuelve a decir: "El panorama dista mucho de haber mejorado en 2024" porque "el hachís sigue teniendo su entrada principal por vía marítima" con la llegada de "cantidades muy elevadas" de droga.

La explicación a esta escalada del tráfico de droga es muy simple, los narcos cada vez disponen de más medios y la Guardia Civil, menos. La fiscalía lo afirma claramente, que persisten "graves problemas para interceptar este tipo de embarcaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad", con lo que algunas operaciones policiales se convierten en "situaciones de peligro para la vida y la integridad física de los agentes como consecuencia de las persecuciones en el mar".

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La consecuencia de esa lucha desigual es que, como se viene constatando desde hace varios años, las mafias del narcotráfico están utilizando las mismas rutas del tráfico de hachís para la entrada de cocaína en Europa, además de la inmigración ilegal. "Desolador y muy peligroso", llegan a decir los fiscales que piden abiertamente un golpe sobre la mesa, por parte del Estado, y un mayor compromiso de ‘tolerancia cero’ por parte de la sociedad. Esto último se señala porque, como es sabido, el poder de infiltración de las mafias del narcotráfico en la sociedad es inmenso, como un líquido corrosivo que penetra especialmente en los barrios más pobres.

Hay un ejemplo que puede servir muy bien para hacernos una idea de lo que estamos hablando: el petaqueo. Se trata de una nueva modalidad delictiva, vinculada al narcotráfico, que ni siquiera tiene en la actualidad un delito que la contemple. ¿Y qué es el petaqueo? La red de anónimos colaboradores de las bandas de narcos que se organiza en las ciudades para abastecer de combustible a las narcolanchas. A veces sólo transportan 'petacas’ cargadas de gasolina y otras veces almacenan en naves, o en sus casas, miles de litros de gasolina con el consiguiente riesgo de provocar una gran explosión.

Las petacas de combustible se guardan y, cuando los narcos las reclaman en la playa, llegan a pagar hasta 5.000 euros por un combustible que ha podido costar cien euros. "Es un peligro. Hace poco conocimos que cargaron 2.000 litros en una gasolinera de la ciudad de Cádiz y lo transportaron por toda la ciudad. No ha pasado algo de milagro. Llevamos tres o cuatro años pidiendo en la Memoria que se tipifique como delito y no lo hemos conseguido", ha dicho estos días advertido la fiscal delegada antidroga de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Villagómez. Lo dice, pero, como otros años, la denuncia se queda ahí. Acaso una evasiva, como un eco que envuelve el aire. Nada. "¿De quién es la Memoria? Pues eso, ni caso."

"¿De quién es la Fiscalía? Pues eso…" Desde que Pedro Sánchez soltó esa bravata, los fiscales generales que ha ido nombrando se han esforzado en sus funciones para ofrecerle muestras inequívocas de su lealtad, pero se han olvidado de la otra parte de sus responsabilidades: el cumplimiento de las obligaciones de su cargo, como máximos representantes del Ministerio Fiscal.

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