Los amables enemigos del fiscal general

El error más grave que puede haber cometido el fiscal general del Estado es el de olvidarse de por qué está sentado en el banquillo. Pasada la vista oral, a la espera solo de las conclusiones, se refuerzan los tres pilares de este proceso penal: la existencia de un delito de revelación de secretos, la autoría del Ministerio Fiscal en la comisión de ese delito y la evidencia de que el delito se produce a partir de que el fiscal general recibiera el mail que buscaba "para cerrar el círculo y ganar el relato", según dejó por escrito el mismo Álvaro García Ortiz. Por lo tanto, hay delito, hay escena del delito y hay un sospechoso señalado.

Como esas tres cuestiones son incontrovertibles, la defensa del fiscal general del Estado, que aquí consideramos equivocada, aunque plenamente legítima, ha consistido en intentar sepultar bajo un manto espeso de confusión, una atmósfera de dudas, y un claro desafío al tribunal que lo ha juzgado. El resultado de todo ello ha sido la creación de una ‘lógica fake’, podríamos decir, y un intento de deslegitimación de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, un doble error, muy propio de líderes políticos envanecidos, fruto de la soberbia y la prepotencia, que llegan a sentirse impunes y capaces de imponer una verdad, su verdad.

Antes de continuar, en todo caso, resulta obligado aclarar que, muy por delante de las valoraciones a favor o en contra del fiscal general, los únicos autorizados en un Estado de derecho para establecer la verdad judicial son los magistrados del Tribunal Supremo. A cada uno de nosotros nos puede parecer acreditado que el fiscal general del Estado es culpable o, por el contrario, que es inocente. Pero ninguno de nosotros tiene ni la preparación jurídica, ni el conocimiento exhaustivo del sumario, ni la experiencia en el Derecho Penal de los que componen esa Sala del Tribunal Supremo.

Con lo cual, aunque quien suscribe considere que el fiscal general es culpable del delito que le acusan y una desgracia para los miles de fiscales a los que representa, si el Tribunal Supremo lo absuelve entenderé que ha primado la presunción de inocencia, que es uno de los mayores logros de un Estado de derecho garantista. 'In dubio reus est absolvendus' es un principio jurídico fundamental, que se mantiene desde hace el Derecho Romano y, por nuestro propio bien, no deberíamos permitir que la polarización y esta ansia inquisitorial de nuestros días lo puedan destruir. En la duda, siempre a favor de la absolución del reo.

Vamos a la ‘lógica fake’. Se trata de dos cuestiones esenciales: sus defensores parecen ignorar que lo fundamental de este caso es cuándo se cometió el delito y quién era la persona más interesada en cometerlo. En ambos casos, todas las pruebas indiciarias apuntan a Álvaro García Ortiz por su comportamiento y por la defensa sobreactuada de quienes lo defienden, esa amalgama insólita de políticos, juristas y periodistas. Si, al final, el fiscal general resulta condenado, tendrá que agradecérselo a esa legión de seguidores, ‘amables enemigos’ de su causa que, sin saberlo, lo están hundiendo. Es tan absurdo, irrelevante e insostenible lo que llegan a decir que, al expresarlo con tanto énfasis, con tanto dramatismo, terminan consiguiendo lo contrario de lo que persiguen.

Desde la publicación de la primera noticia sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, el 12 de marzo, hasta el último día de filtraciones, el 14 de marzo, sólo hay un momento en el que se incurre en delito: la publicación del correo electrónico en el que el abogado del defraudador le comunica al fiscal que está dispuesto a admitir la comisión de dos delitos en las declaraciones de la renta de 2021 y 2022. El delito está en la publicación de ese mail por la sencilla razón de que, en el juicio que finalmente se celebrará por fraude fiscal, el acusado acudirá con el enorme lastre de una confesión de culpabilidad que se ha conocido ilegalmente. No sabemos si la defensa del novio de Díaz Ayuso pedirá la anulación del caso, por la vulneración del derecho fundamental a la defensa, pero será lo normal que ocurra. Lo que, parcialmente, se hubiera filtrado previamente a los medios de comunicación es intrascendente porque nada de eso ha sido considerado delito.

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Además, resulta paradójico que, al final de la vista oral, nos haya quedado la impresión de que medio Madrid periodístico tenía conocimiento de la ‘autoinculpación’ del novio de Díaz Ayuso, pero ninguno de ellos publicó ni una sola línea hasta después de que el fiscal general del Estado recibiera esos correos, a las 21,59 del 13 de marzo. A partir de ese instante, se produce la secuencia que determina el delito: a las diez menos un minuto recibe el fiscal general el correo, dos horas después, a las 23.25 lo difunde en antena la Cadena SER, y al día siguiente, a las 09.06, cuando ya lo ha recibido también el despacho de la Presidencia del Gobierno, se publica la reproducción en El Plural.

Muchas filtraciones, que sí, hasta cientos se ha llegado a decir estos días, que vale, pero el fiscal general es el único que muestra un interés inusitado y, en cuanto está en sus manos el mail, se difunde la literalidad de los correos en los que González Amador admite que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. No existe precedente, ni España ni en otros países, de que todo un fiscal general del Estado se interese por un fraude fiscal menor -en comparación con las denuncias por millones de euros- y que, en su obsesión, mostrase la urgencia de disponer de los correos a últimas horas de la noche, y en su cuenta personal de correo electrónico.

Ha sido la famosa ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, la que ha dejado dicho que el problema de Álvaro García Ortiz es su dependencia de quien lo promocionó para el cargo, su predecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado. Dependencia emocional o profesional, o quizá ambas, aunque no lo sabemos. La cuestión es que de la conversación que le grabó el fiscal Stampa a la ‘fontanera’, lo que se deduce es que García Ortiz debe ser un tipo pusilánime, fácil de manejar: "Álvaro lo que tiene ahí es el síndrome de Estocolmo con Lola", dijo Leire Díez. Pero si tiene esa dependencia ciega con Dolores Delgado, qué podríamos esperar de él cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide activar toda la maquinaria de su Gobierno y del PSOE para defender a su esposa, Begoña Gómez.

En fin… Ayer, cuando se quitó por primera vez la toga con la que ha estado eludiendo durante todo el juicio el banquillo de los acusados, Álvaro García Ortiz se tocaba las yemas de los dedos con sus dos manos y hablaba apocado, ligeramente encorvado en el asiento. "Soy fiscal general del Estado", dijo nada más empezar y parecía como si se lo estuviera diciendo a sí mismo.