Una relatora para el fiscal caído

Los esquemas se repiten y las estrategias se calcan cuando un movimiento político comienza a dar señales inequívocas de agotamiento o de saturación. Tuvimos un relator para la barbaridad constitucional que constituyó la Ley de Amnistía y ahora se han solicitado los servicios de la relatora de la ONU para justificar un disparate más, el ‘borrado’ de la pena impuesta por el Tribunal Supremo al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Muy claro debe tener la Unión Progresista de Fiscales (UPF) cuál es la predisposición de la ‘relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados’, Margaret Satterthwaite, para haberle solicitado la semana pasada que se pronuncie, es decir, antes incluso de que se haya hecho pública la sentencia, que ya es descaro y falta de profesionalidad.

Pero ya veremos cómo ahora que todos conocemos la sentencia seguirán diciendo lo mismo, que es lo que hubiera pasado, incluso si el Tribunal Supremo lo declara inocente: la acusación previa contra los magistrados ya la habían establecido quienes se consideran impunes. “¿Quién le va a pedir perdón?”, como dijo Sánchez. Esta asociación de fiscales, conviene recalcarlo, es la única de las tres existentes en la Carrera Fiscal que ha apoyado durante todo el proceso a García Ortiz, incluyendo el espectáculo singular de hacerle pasillo para aplaudirlo cuando iba camino del banquillo en la vista oral. En el conjunto del Ministerio Fiscal sólo representa a 250 de los 2.700 fiscales que hay en España, pero siempre recibe un trato singular por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto el fiscal general condenado como su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, han sido presidentes de esa asociación antes de ascender a la cúpula. A nadie le extrañó, por lo tanto, que Peramato formase parte del grupo de veinte fiscales de la UPF que asistió como público a toda la vista oral para mostrarle su apoyo al fiscal general y cerrar filas a favor de su inocencia. Con lo cual, debemos presumir que, obviamente, la Unión Progresista de Fiscales ha consultado previamente con Peramato la oportunidad y pertinencia de esta iniciativa ante la ONU y es, en ese detalle, donde merece la pena detenerse para comenzar a evaluar lo que podemos esperar de ella al frente de la Fiscalía General.

La idoneidad profesional de Teresa Peramato para ocupar el cargo de fiscal general del Estado es algo que no ha discutido prácticamente nadie en la judicatura. "Es una mujer que tiene una larga trayectoria, una profesional brillante, con lo que no hay nada que objetar" a su nombramiento, dijo la portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que "reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado". Ninguno de estos reconocimientos presupone, en todo caso, que su actuación como fiscal general del Estado vaya a regirse por los principios más elementales de dignidad e independencia profesional en una situación como la actual.

De hecho, ella es la cuarta fiscal general del Estado que ha nombrado el presidente Pedro Sánchez y sólo la primera elegida, María José Segarra, exigió desarrollar su tarea sin injerencias del Gobierno y, por esa razón, la botaron en la primera oportunidad que se presentó. Aunque García Ortiz haya sido condenado y aunque presumamos que este Gobierno no podrá reeditar una nueva ‘legislatura Frankenstein’, el acoso del presidente Sánchez a los tribunales de Justicia no va a cesar, ni tampoco su persistente ofensa de que en España se practica la ‘guerra sucia’ de los tribunales de Justicia, el llamado ‘lawfare’.

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De hecho, como sabemos sobradamente que en esa campaña de acoso el líder socialista ha movilizado todos los medios y recursos posibles, es muy significativa la coincidencia de la iniciativa de la UPF y la reforma legislativa que ya ha aprobado el Gobierno. (Todo ello, sin necesidad de detenerse mucho más en que Pedro Sánchez ya se ha mostrado "convencido" de que el Tribunal Constitucional le va a dar a él la razón y va a anular la sentencia). Por un lado, el artículo 762.2 del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes Generales, estipula que "se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando por alguno de los comités de Naciones Unidas se hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en los respectivos convenios y sus protocolos".

Curiosamente, eso es precisamente lo que pretende la Unión Progresista de Fiscales cuando ha solicitado que intervenga una relatora de la ONU, al entender que se han producido una "sucesión de irregularidades institucionales" y "graves anomalías" en el proceso penal contra García Ortiz por revelación de secretos. En su solicitud a la relatora de la ONU, la Unión Progresista de Fiscales llega a decir que "ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican ya que esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones". Incomprensiblemente, o temerariamente, esa asociación de fiscales omite que, aunque no sea la práctica habitual, ni siquiera la aconsejable en todo proceso penal, no es cierto que sea la primera vez que el Tribunal Supremo anticipa el fallo de una sentencia y, con posterioridad, da a conocer la sentencia.

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De hecho, hasta el Tribunal Constitucional se pronunció en julio del año pasado sobre una queja idéntica de uno de los procesados de los ERE, un ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Juan Márquez Contreras. Lo que le contestó el Tribunal Constitucional -este mismo Tribunal Constitucional de Conde Pumpido- es que desestimaba "que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia extraprocesal por la comunicación pública y anticipada del fallo de la sentencia dictada".

En el caso de García Ortiz, además de la valoración que se hace de otros derechos para justificar el anticipo de una sentencia, como el derecho a la información, y de otras prevenciones, como la de evitar filtraciones; además de todo eso, el anticipo de la sentencia estaba plenamente justificado por el hecho de que el ponente inicial renunció por su disconformidad con la sentencia y por la elaboración de dos votos particulares, que se deben realizar cuando los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo conozcan la sentencia. Todo lo que está sucediendo, en definitiva, en este proceso penal contra el ex fiscal general del Estado es producto de la misma estrategia de ruido, de fango, de presiones que surgen del Palacio de la Moncloa. Y como hubo un relator, ahora tenemos una relatora.