María Jesús Montero, las manos de fuego

De tanto poner las manos en el fuego, son las suyas las que arden. No calcinadas, porque eso le ocurriría solo al que se ve sorprendido por una traición, por un desengaño; María Jesús Montero tiene manos de fuego porque ella misma participa de esos incendios devastadores. El odioso latiguillo político de "poner la mano en el fuego" se lo ha aplicado a su lógica política, en la que no se distingue la verdad de la mentira, y el resultado es este que vemos, una mujer que la próxima vez que repita la cantinela, se tirarán por el suelo quienes la estén oyendo. Alguna vez se ha especulado aquí con la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez haya encontrado en ella, cuando la conoció, el complemento ideal de su forma de hacer política. Una instructora experimentada y, a la vez, una adjunta perfecta, vicetodo fiel y trabajadora, hipérbole de sí misma cuando aplaude posesa y se descascarillan las paredes del hemiciclo, cuando ríe, cuando mira desafiante, cuando levanta los brazos en medio de un mitin como si estuviera celebrando un gol.

Pero vayamos a tres ejemplos recientes de su impostura, aunque en estos siete años y medio de Gobierno podrían ponerse algunos más. Dos tienen que ver con los episodios de denuncias internas en el PSOE por acoso sexual y un tercero con su gestión en el Ministerio de Hacienda, del que depende la Sociedad Española de Participaciones Industriales, el gran holding empresarial del Estado español con un total de 25 grandes empresas. No se va a analizar aquí la cuestión de fondo de cada uno de esos temas, sino cuál ha sido la intervención de la vicepresidenta, porque descubriremos un patrón de ocultación y falsedad muy acorde con su ser político.

Cuando estalló el primer episodio de la oleada de denuncias internas en el PSOE por acoso sexual, los periódicos que publicaron la noticia hicieron hincapié en que se trataba de un comportamiento "que todo el mundo conocía". Hablamos del conocido como ‘caso Salazar’. Sostienen en el PSOE, cuando se solicita información sobre este asunto, que, en realidad, María Jesús Montero no tiene una responsabilidad directa en la gestión del partido, aunque sea la 'número 2’ de la organización, por sus otras responsabilidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Eso es tan cierto como que, cualquiera que conozca mínimamente el interior de un partido político, sabe perfectamente que es imposible que esas denuncias no llegaran hasta la cúpula, sobre todo si se trata de una mujer quien la ocupa. Ya sucedió con José Luis Ábalos, como se ha admitido después, pero Montero en ambos casos se mantuvo al margen, sin hacer nada de lo que se exige en los estatutos del PSOE.

Sucede, además, que, si nos fijamos, no es posible encontrar ni una sola declaración de Montero contra Paco Salazar. Ni una sola. Igual que Pedro Sánchez. Nada. Lo único que puede encontrarse al respecto fue, en julio pasado, tras conocerse las denuncias, cuando Montero dijo, sin mencionar su nombre, que "el compañero de Sevilla que ha sido citado en un artículo de prensa, con comentarios que han podido leer, ha decidido dar un paso atrás apartándose de cualquier responsabilidad pública y eso lo dice todo". ¿Cuánto se esconde en ese bosque de eufemismos? Conviene releer ese prodigio del escaqueo. En dos etapas distintas, lo único que se constata es inacción a la espera de que el paso del tiempo sepultara las denuncias.

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Pero como la bilis interna del PSOE ha regurgitado de nuevo el escándalo, Montero se ha despachado con otra generalidad elocuente, después de cinco meses con el expediente archivado: "El PSOE no es un sustitutivo de la Justicia", ha dicho la vicesecretaria. Es evidente que debe ser así en un Estado de derecho, y está bien remarcarlo, pero el Partido Socialista sí que se comporta como un tribunal y, en todo caso, de lo que se trata es de conocer qué hizo exactamente María Jesús Montero cuando conoció las denuncias contra Salazar, que se remontan a los primeros años del Gobierno, según ha trascendido en las informaciones de las denunciantes.

En el caso de Torremolinos, la actuación de Montero, que es la secretaria general del PSOE de Andalucía, también ha acabado admitiendo que conoció las denuncias el pasado verano, incluso que se reunió con la denunciante, pero no ha sido hasta hace unos días cuando el partido le ha abierto expediente al afectado. Exactamente, cuando la acosada, escamada por el encubrimiento del partido, se decidió a denunciar ante la Fiscalía a Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos. Se colige, obviamente, que si no hubiera presentado esa denuncia, Montero seguiría de manos cruzadas, ignorando de nuevo los estatutos de su partido.

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Toda la elocuencia del discurso público es silencio y disimulo cuando estallan asuntos que le afectan. Montero se inhibe, desaparece, por tacticismo, por conveniencia o por negligencia. Pero la cronología de lo sucedido acaba señalándola. En la SEPI colocó, como se ha repetido estos días, a Vicente Fernández, una de las personas de su máxima confianza en su etapa de consejera de la Junta de Andalucía. Es evidente que cualquier político con responsabilidades públicas, igual que cualquier directivo de una empresa privada, puede equivocarse al nombrar a una persona para desempeñar un cargo. Hasta ahí, nada irregular. Pero lo que es imposible de explicar es que, una vez destituido, el político, o el directivo, mantenga ese puesto vacante para permitir que el cesado pueda seguir dirigiendo la empresa en la sombra. Según las investigaciones de la UCO, eso fue lo que sucedió con el ‘hombre de confianza’ de María Jesús Montero en los años en los que, formalmente fuera de la SEPI, empezó a trabajar en la empresa Servinabar, de Santos Cerdán, y a colaborar con Leire Díez.

De ese enredo no es posible salir indemne ante los ciudadanos, aunque no tenga ninguna responsabilidad penal ni nada que se asemeje, y debemos tener en cuenta que el cometido inmediato de María Jesús Montero es ser candidata del PSOE a las elecciones andaluzas. La estrategia política de Pedro Sánchez, de negarlo o ignorarlo todo, sólo puede servir para resistir, para aferrarse al poder, para "esperar que escampe la tormenta". Pero a María Jesús Montero, que deberá abandonar el Gobierno en unos meses, la resistencia no sólo no le sirve de nada como aspirante a presidir la Junta de Andalucía, sino que se está convirtiendo en una rémora para las aspiraciones de este partido de conquistar de nuevo la autonomía en la que fue hegemónico durante cuatro décadas.

De la misma forma que el PSOE de Extremadura está contemplando cómo se hunde el partido, por el empecinamiento de Pedro Sánchez de mantener a un candidato imputado, en Andalucía no tardarán en oírse las voces que cuestionen si, realmente, les conviene María Jesús Montero como candidata socialista. La candidatura andaluza de la vicepresidenta está pasando de ser un milagro, por las escasas posibilidades que le otorgaban las encuestas, a una temeridad para el PSOE, por las repercusiones futuras. Y esa pulsión puede estallar. Montero, la mujer de las manos de fuego, tendrá, entonces, un incendio más a su alrededor.