Ábalos, la genética embustera del sanchismo

El exministro José Luis Ábalos ha presentado su renuncia como diputado del Congreso en el sexto aniversario de la visita a España, ilegal y clandestina, de Delcy Rodríguez, hoy presidenta de Venezuela por la gracia de Donald Trump. Del 20 de enero de 2020 al 22 de enero de 2026. La coincidencia es significativa porque, desde entonces, lo único que podemos garantizar es que Ábalos miente por encima de todas las cosas. Como le oí decir una vez a un andaluz de Almonte, curtido y recio como una higuera, es de esos tipos que no dice la verdad ni cuando da las buenas tardes. Sólo en aquel enigmático episodio de Delcy Rodríguez, del que seguimos sin conocer qué ocurrió exactamente, José Luis Ábalos acumuló más embustes de los que puede permitirse un político de cualquier país democrático en toda su carrera parlamentaria.

A los pocos días de conocerse el viaje, lo primero que hizo fue negarlo solemnemente ante el periódico, Vozpópuli, que publicó la primicia. Delcy, según dijo, nunca había estado en España, sólo su ministro de Turismo que venía a Fitur. Después le siguieron tantas versiones, igualmente falsas, que ya se pierde la cuenta; entre siete y diez deben ser. Pero todo comenzó ahí, en ese punto; a partir de ese día empezaron a destaparse los escándalos que hoy forman una trama. Ábalos era entonces el poderoso número dos de Pedro Sánchez, el ‘fontanero mayor’ del Gobierno y del Partido Socialista, y de lo que podemos estar seguros es de que lo único que no ha cambiado es su carácter falsario. Cuando trabajaba para Pedro Sánchez y cuando fue desterrado, por eso es uno de los representantes más fieles de la genética embustera del sanchismo.

La última trola que está intentando colar es que deja el acta de diputado porque no puede mantenerla al estar en prisión preventiva y pendiente de juicio. "Estas y no otras han sido las razones por las que hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo no puedo sostener en mi actual situación procesal". En realidad, en lo único que se le podría dar la razón a José Luis Ábalos es en su crítica a la controvertida decisión del Congreso de los Diputados de arrebatarle sus derechos como parlamentario, además del sueldo. Es verdad que así figura en el Reglamento del Congreso de los Diputados, pero no está tan claro que no vulnere la protección especial que le otorga la Constitución española a cada representante de las Cortes Generales. Por un lado, el artículo 21.2 del Reglamento dice que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes (…) cuando se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta". Pero, por encima de ese reglamento, está la Constitución en la que se garantiza la presunción de inocencia (artículo 24) y la inmunidad de los diputados y senadores "que no estarán ligados por mandato imperativo" (artículo 67.2).

En suma, son representantes del pueblo español y, al conseguir el acta de diputado, tienen completa independencia. Nada ni nadie, salvo una condena judicial, pueden revocarle sus derechos como diputado. Pensemos, por ejemplo, que gracias a esa protección constitucional un tipo como Carles Puigdemont, aun estando procesado y fugado de la Justicia, ha podido presentarse a sucesivas elecciones, sacar su acta de diputado y cobrar mensualmente porque sigue pesando sobre él la presunción de inocencia. Por tanto, tenía razón Ábalos cuando cuestionaba que la Mesa del Congreso pudiera suspenderlo de sus funciones como diputado y dejar de pagarle sin pesar sobre él una condena firme. Este debate constitucional tendría que resolverse para el futuro, como ya sugirió el Tribunal Supremo cuando mandó a la cárcel al exministro y a su famoso asesor Koldo.

Opinión

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La decisión, por lo tanto, de renunciar al acta de diputado a tan solo 16 días de la vista preliminar de su juicio en el Tribunal Supremo sólo puede obedecer al intento de retrasar otro de los procedimientos en los que está envuelto, y que ahora tendrá que hacerse cargo la Audiencia Nacional, al no estar ya aforado. También podría pensarse, y no debemos descartarlo, que el exministro haya alcanzado un acuerdo con el PSOE o, mejor, con los enviados que haya podido mandarle Pedro Sánchez. Pensemos, en este sentido, que las estrategias procesales de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán han sido hasta ahora diametralmente distintas. Mientras que Cerdán entregó de forma inmediata su acta de diputado, a petición de Pedro Sánchez, el exministro Ábalos se resistió y se opuso al expediente disciplinario que le abrieron en el partido, cuando ni siquiera estaba imputado en la causa. De hecho, fue Cerdán quien le abrió el expediente a Ábalos, aunque el PSOE no resolvió la expulsión hasta 16 meses después, cuando procesaron al segundo secretario de organización.

También todos estos procedimientos forman parte de la genética sanchista, como sabemos… Además de ese detalle -uno fue expulsado y el otro dejó la militancia y el acta voluntariamente-, Santos Cerdán está siguiendo la misma estrategia de confrontación contra el Poder Judicial que podemos observar en la defensa de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, o la desplegada por el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En todos esos casos, de lo que se trata es de desacreditar la investigación policial, la instrucción judicial y al tribunal que vaya a juzgarlos para denunciar, en última instancia, la existencia de ‘lawfare’ y la pérdida de derechos y garantías constitucionales. Es decir, lo que ya ha pasado ya con el fraude de los ERE.

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, que comparten celda, han aparentado hasta ahora que actúan al margen de los dictados de la cúpula socialista. De forma reiterada, los dos insinúan que guardan secretos que pueden desvelar y que, como se dice coloquialmente, pueden acabar "tirando de la manta" contra Pedro Sánchez. Si en los próximos días y semanas observamos un cambio radical en esta estrategia amenazante, será porque, efectivamente, la renuncia al acta de diputado se produce por un pacto previo de ayuda mutua e intereses compartidos.