De la falsa librería de Suárez al "pacto de Granada": ahora el CGPJ

El 21-N fue un día en blanco y negro. Una jornada de pactos de esos que antes se llamaban de Estado y que, como el Régimen del 78, ahora están en crisis. PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para renovar los órganos constitucionales tras meses de bloqueo. Todo muy analógico, como las fotografías que cuelgan de la casa del presidente, Adolfo Suárez, en Ávila. Allí está el despacho donde se rubricaron algunos de los grandes acuerdos de la Transición. Una librería que aún se conserva como la dejó el expresidente y que oculta una puerta secreta por donde entraban los padres y artífices de nuestra democracia. Esa que todo lo aguanta y permite que una ministra de Podemos acuse al Supremo de prevaricación o que Otegi se erija en "hombre de paz" sobre las tumbas de las 864 víctimas de ETA.

Ahora no hay puertas secretas, pero sí líneas de diálogo discretas entre los dos grandes partidos. El PP siempre ha mantenido el contacto con el Gobierno, aunque en público Casado y Sánchez se esquiven el saludo. También hay interlocución con el PNV, el único que quita y pone presidentes cuarenta años después, Albert Rivera mediante.

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La renovación del Tribunal Constitucional se cerró en Granada donde estaba el "omnipresidente" Félix Bolaños colgado a su teléfono móvil con el "general secretario" del PP, Teodoro García Egea, que estaba en Génova junto a la portavoz del Congreso, Cuca Gamarra y el secretario de Justicia, Enrique López. Todo mucho menos cinematográfico que aquel despacho de Suárez cuyos visitantes no resistirían hoy el listón de la falsa nueva política. En esas primeras horas se fueron cerrando los nombres que ya se habían puesto sobre la mesa el martes. La línea roja se situó en que no hubiese políticos entre los elegidos, de ahí que el exministro de Justicia fuese descartando en primera instancia pese a su batería de mensajes para ser rehabilitado por el "sanchismo".

Los perfiles más duros, como el de Concepción Espejel a petición del PP y Ramón Sáez Valcárcel por el PSOE, pasaban el corte de "profesionales de reconocido prestigio y adecuación al puesto" que se habían marcado los interlocutores. Bolaños no cuestionó la idoneidad de Espejel en ningún momento y así, cuarenta años después, una mujer ha sido propuesta por el PP para el Alto Tribunal. Sí, repito: una mujer ha sido propuesta cuarenta años después de los contubernios de Ávila. Pese a la militancia de los elegidos no hemos asistido esta vez a saltos desde el escaño como ocurrió con Andrés Ollero.

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El "pacto de Granada" ha sentado las bases para seguir la negociación. Ahora toca lo difícil, el Consejo General del Poder Judicial, y por eso, Bolaños y García Egea se han emplazado a mantener las reuniones. A las seis y media de la tarde, esta vez ya en carne mortal, se sentaron el jueves para cerrar el comunicado conjunto de los nuevos nombramientos. La relación es cordial y por eso se espera que desatasquen el CGPJ antes de acabar el año. La alineación, que ha abortado esta renovación desde aquel SMS del exsenador, Ignacio Cosidó, dejándonos huérfanos de la experiencia de Manuel Marchena, no parece hoy un problema. La discusión gira en cómo aceptan los socialistas incluir la cláusula del PP que obliga a cambiar la forma de elección de los jueces. Bolaños está dispuesto a ceder, pero sin que se note y para ello habrá que buscar algo similar al "paquete equilibrado" del que habla la vicepresidenta Nadia Calviño para decir que se va a derogar la Reforma Laboral sin que tampoco se note.

El pronóstico, a día de hoy, sobre el CGPJ es optimista, pero en política todo es susceptible de empeorar a expensas de un 'tracking' electoral. Pablo Casado ahora es más proclive al pacto. Da por amortizada la presión interna tras la Convención en la que los barones y la baronesa Ayuso visualizaron que solo hay un líder posible para el 2023. Los acuerdos con el PSOE colocan a los populares en el discurso del bipartidismo que vuelve a estar de moda, como todo lo de los 90, y que retrata a Vox como una fuerza con un discurso extraparlamentario pese a sus cincuenta escaños.

La politización de la Justicia es una carta marcada para los socialistas desde que aterrizaron a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado sin puerta giratoria ni secreta, más bien de un portazo desde el Ministerio de Justicia. El Supremo ha rechazado los recursos del PP y de Vox sobre la idoneidad de este nombramiento. Los magistrados no han querido abrirse otro frente con el primer poder, aunque en la Sala de lo Contencioso los había dispuestos a tumbar a la Fiscal General del Estado.

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Pablo Gabilondo

"Hubiera sido un precedente muy peligroso", advierten los togados en plena guerra por el desacato de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el condenado diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Qué fue de esos tiempos en los que se dimitía por conducir bajo los efectos del alcohol mientras hoy el coche de la presidenta de La Rioja sobrepasa el límite de 156 kilómetros por hora para ser la primera en llegar al 40º Congreso del "Partido Sanchista Español" de Valencia. Agredir a un agente de la autoridad en una manifestación no es un delito, es la forma de defender la democracia del 78 que tienen los "perseguidos" por los "jueces, banqueros, grandes fortunas, opresores, fascistas…", según dice la ministra Ione Belarra que hoy hubiera condenado en juicio sumarísimo a los que se reunían con Suárez para lograr que ella y la comunista Yolanda Díaz puedan estar sentadas hoy en el Consejo de Ministros.