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Por qué a Lesmes le conviene que el PP arrase en Castilla y León
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Pilar Gómez

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Por qué a Lesmes le conviene que el PP arrase en Castilla y León

El presidente del CGPJ quiere dar el salto al Constitucional, pero necesita que los partidos desbloqueen la negociación. Génova lo hará cuando se sienta fuerte, como ocurrió el 4-M

Foto: El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Emilio Naranjo)
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Emilio Naranjo)
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Las elecciones en Castilla y León no solo decidirán el futuro de los ciudadanos de esa comunidad. También serán el punto de inflexión en la vida de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tanto para los que llevan años con su mandato caducado, y siguen cobrando como si no lo estuviera (no sufran), como para los que esperan el momento de desembarcar.

La renovación del máximo órgano de los jueces depende de los políticos, y ya se sabe que tienen sus tiempos y sus estrategias. En política, nada es lo que parece. Y el bloqueo del PP y el PSOE tampoco. Los nombres están pactados hace meses. Solo falta que los socialistas den forma a la cláusula para cambiar la ley y que sean los jueces los que elijan a sus compañeros. Pero nada de esto se hará público y se cerrará mientras los negociadores, Teodoro García Egea, en nombre de Casado, y Félix Bolaños, con la camiseta de Sánchez, tengan claro que no hay nada que perder o al menos sí algo que ganar.

En política, nada es lo que parece. Y el bloqueo del PP y el PSOE tampoco. Los nombres están pactados hace meses

La fumata blanca para el Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas no se activó hasta después de las elecciones en Madrid. Ayuso arrasó y el PP se sintió fuerte frente a Vox tras aniquilar a Ciudadanos. Tenía las manos libres para estrecharlas con el PSOE. Poco importaba que Arrimadas se desgañitara clamando contra el “cambio de cromos” del bipartidismo. Ahora predica en el desierto.

Foto: Sánchez en su balance de 2021. (Reuters/Javier Barbancho)

Luego la polémica por la hiperpolitización de los elegidos enfrió la euforia negociadora. La crítica feroz se lanzó contra el candidato propuesto por el PP, Enrique Arnaldo. Cierto que su carrera ha sido polémica, pero los que le conocen bien le definen como “bocazas”. El típico dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y en el caso de Arnaldo su pecado era alardear de poner y quitar fiscales, aunque tocase de oído. Pero poca capacidad de ruborizarse nos dejó Sánchez el día en que nombró fiscal a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El asesinato de Montesquieu fue con alevosía y agravante: la entrada en escena de Baltasar Garzón como su pareja.

Quien también quiere 'asesinar' es el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. No ha dejado ni un discurso al azar. En todos ha emplazado a los políticos a desbloquear las instituciones. Sin restarle mérito ni virtud, Lesmes sufre porque su agenda laboral se complica. Su intención es acabar en el Tribunal Constitucional. En primavera se tiene que producir una segunda reestructuración y opta a entrar siempre y cuando se haya resuelto ya el asunto del Consejo. Lesmes ha hablado ya con todos los actores, incluso con Felipe VI cuando le ha podido escuchar.

Pero esto no va de capacidad o de si es una vergüenza que el mandato de los representantes en las instituciones caduque, esto va de cuándo y a quién le interesa qué. Hoy, al señor Lesmes y a todos los que quieren ser nombrados les conviene que el candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenga un gran resultado. Da igual a quién voten ellos o cuál sea su ideología, los jueces sí la tienen, aunque algunos pretendan que no. Si el 13-F el PP gana, gobierna, entierra a Ciudadanos y mira a Vox desde la atalaya de una mayoría abrumadora, habrá un clima favorable para que el bipartidismo vuelva a las andadas. Bienvenidos sean los pactos que centran a los partidos y la sociedad.

Las elecciones en Castilla y León no solo decidirán el futuro de los ciudadanos de esa comunidad. También serán el punto de inflexión en la vida de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tanto para los que llevan años con su mandato caducado, y siguen cobrando como si no lo estuviera (no sufran), como para los que esperan el momento de desembarcar.

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