Cuánto deben ganar nuestros políticos

“El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan” (Arnold J. Toynbee)

¿Disponen los partidos de candidatos con los perfiles adecuados para servir a su país?

¿Podría objetivarse una forma de remuneración y condiciones de trabajo en coherencia con el resto de la sociedad, permitiendo acceder, entrar y salir de esa actividad, sin profesionalizarla?

¿Cuál sería el plazo idóneo de mandato a tenor de la experiencia vivida?

Estos son los puntos que han de conformar nuestra sexta cláusula de mejora de nuestro devenir democrático en España. Vayamos con ella.

Los partidos políticos, con el tiempo, han construido una pirámide interna de poder, en la que las competencias se derivan de la formación de clanes, luchas internas, antiguedad y oportunidad política. Siendo raras las elecciones primarias y los procesos democráticos de selección de candidatos.

Además, los perfiles individuales representan, en general, un bajo nivel de excelencia en estudios, idiomas y experiencia en la vida 'civil'. Caldo de cultivo, de un espíritu gregario y servil, como único modo de supervivencia, en el que la adulación y el agradecimiento, ejercidos ad nauseam, constituyen las armas más certeras de su escalafón. Se diría que prevalecen o sobreviven los populistas y maniobreros, en detrimento de otros llamados a ser más útiles socialmente.

La sociedad civil es consciente de que así no podemos continuar y de que los partidos convencionales no van a  modificar su conducta. Es por eso que reclamamos como imprescindibles las listas electorales abiertas. Solo ellas nos pueden aportar perfiles competitivos que no hayan pasado por los círculos clientelares de lo partidos.

Respecto del salario deseable de los políticos, urge objetivar a nivel nacional todas las escalas. No es de sentido común, que nadie gane más que el Presidente. Si consideramos los niveles de retribución de directivos de un primer nivel, tipo IBEX, no consejeros, tendríamos que establecer como mínimo un primer rango de 200.000 euros anuales para el Presidente. Si un Presidente de Gobierno tiene como sueldo mensual neto 4.000 €, uno de los dos está mal. O no hemos elegido la persona excelente que necesitamos, o el sueldo es una clara invitación a abusar de otras partidas. Pagarle poco más que al chófer, es una ridiculez y probablemente una pavorosa mentira, cuando tiene a su disposición aviones, alojamiento, gastos reservados, etc., a su antojo.

Un diputado, entendemos debería estar al 60% del primer nivel, con 120.000€ brutos por todos los conceptos, como única retribución  (sea del partido  o de donde sea, somos nosotros los únicos pagadores finales) y con dedicación exclusiva. Mismas condiciones de indemnización, desempleo y jubilación que cualquier otro trabajador.

En esa franja intermedia entre 120-200.000 € brutos anuales, deberían estar ministros, presidentes de CCAA, altos mandatarios de Instituciones del Estado, etc., de acuerdo a su rango de protocolo existente.

El último escalón, de concejal de ayuntamientos agrupados, no debería ser inferior a los 50.000€ anuales brutos. Hemos de ser coherentes con buscar los candidatos idóneos, que no pierdan sumas considerables en el paso de la empresa a la política, a riesgo de ser gobernados por aventureros o incompetentes.

Hasta ahora no hay constancia general de que se pueda salir con menos de lo que se entró a la política. Pero ejerciendo en el futuro, con honradez y transparencia, esto podría llegar a suceder.

En cuanto a uso de vehículos oficiales, estableceríamos solo dos categorías: a) Presidente del Gobierno y Ministros, atendidos por un servicio general de vehículos blindados de gran cilindrada. b) Otros niveles 'directivos', vehículos con conductor, hasta 30.000€ de valor, con tratamiento antivandálico. Quedarían excluidos diputados, senadores, tenientes de alcalde y concejales. La lista de tipos de vehículo y asignaciones a cargos electos, lo mismo que los asignados por las distintas administraciones, debería figurar a la vista de los ciudadanos, ya hartos de abusos en esta partida, como compensación adicional oculta.

En cuanto a la duración en el cargo, hemos de hacer valer la mala experiencia vivida con los segundos mandatos de los presidentes. Han sido para olvidar. Parece  que el síndrome de Hybris, descrito con precisión por Jose Antonio Zarzalejos en este online, puede más que cualquier otro argumento. Contradiciendo otras costumbres, seríamos los primeros en pedir la limitación del mandato personal a cuatro años, aunque la de su partido, si es la voluntad popular, permanezca. Y para otros cargos electos, limitarla como máximo a dos mandatos.

Así pues redactaríamos el punto VI de nuestro mandato: “Como complemento de nuestra demanda de listas electorales abiertas,  que mejorase el perfil de acceso de los candidatos, en competencia con los promovidos por los partidos políticos, los cargos electos tendrían dedicación exclusiva y un único concepto de retribución proviniente del Estado, acorde con una nueva tabla, objetivable por consenso de los principales especialistas en niveles retributivos de nuestro país. No siendo aplicable ventaja por cese o jubilación, distinta de cualquier otro trabajador. El cargo de presidente no tendría derecho a la reelección, y en los demás cargos electos, un máximo de dos periodos”.