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¿Por qué es imposible la prosperidad económica en España?
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Galo Mateos

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¿Por qué es imposible la prosperidad económica en España?

El perfil del parlamentario español y, en consecuencia, de los principales cargos de gobierno, es: abogado, 50 años y profesional de la política. La importancia

El perfil del parlamentario español y, en consecuencia, de los principales cargos de gobierno, es: abogado, 50 años y profesional de la política.

La importancia de caracterizar este perfil es por resultar decisivo en la formación de listas cerradas, cargos de confianza, asignación de recursos y acciones que signifiquen la ampliación y permanencia de su hábitat natural en el poder.

Y explica también la ansiedad normativa con la que vivimos, ya que siendo lo suyo las leyes, han construido un laberinto imposible para la iniciativa empresarial, de tantos intereses a los que hay que servir en su nombre.

La presencia de tan solo un 4% de empresarios en el hemiciclo es un marcador del escaso ardor y conocimiento empresarial en un conjunto dominado por las ideas de continuidad y provecho personal. Trasladar, pues, fórmulas al uso de excelencia y racionalización del sector privado a la vida pública, resulta poco verosímil.

¿Qué hay al otro lado de la vida política en ese abogado cincuentón especialista en intrigas?

O se recoloca en las estructuras del partido al que ha servido o triunfa con un efímero despacho dedicado a vender influencias -a corromper si es necesario para conseguir su supervivencia-. No pueden emigrar, saben de leyes y organigramas locales nada más. Y a esa edad la adecuación a nuevas profesiones, idiomas y conocimientos, no les resulta atractiva, especialmente frente a la vida fácil en la que se doctoraron.

Este es el panorama real, en el que tal vez los partidos no constituyan el origen de nuestra perdición, sino la solución imprescindible a la singular vida de quienes se iniciaron en la política. Personas que quedarían en la miseria si actuasen con los escrúpulos que teóricamente habrían de exigirles los ciudadanos, a través de unos órganos de control que tienen comprados al igual que los principales medios de difusión.

La pregunta es si cabe esperar un comportamiento ético, democrático, no demagógico, en quien tiene semejante espada de Damocles sobre si. La respuesta ya nos la han dado ellos: la prioridad es su permanencia en el poder a cualquier precio.

¿Son analfabetos funcionales o tecnófobos nuestros políticos?

En mi modesta opinión, desde un punto de vista empresarial, su comportamiento es completamente irracional. El grado de motivación previsible en ese abogado, por los avances tecnológicos o simplemente su grado de comprensión, nos aleja constantemente de la orilla próspera. Cuando presionan a Telefónica, es para que invierta en Prisa y controlar su mensaje, no para que amplíe su ancho de banda.

Hoy en día las personas que no dediquen una parte del día a navegar por Internet, a ampliar sus conocimientos y su ‘network’ en el exterior, quedan relegadas. Y hemos tenido presidentes que reconocían no haber usado personalmente la red.

Que le quiten presupuesto al CSIC para incrementar el de los sindicatos y el de los distintos amigos de lo ajeno a los que subvencionan para evitarse ‘follones’ que pudieran zarandear su silla, ya da una idea acerca de sus premisas.

Resultan tecnológicamente irrecuperables, lo que a las puertas de la sociedad del conocimiento, dejaría sus diseños para las administraciones y el impulso al sector privado en un reducido coto de favores hacia los suyos y hacia las solícitas empresas que comen del BOE.

¿Hay posibilidad de que nuestros políticos solucionen la crisis económica?

En mi opinión, la colisión de intereses autonómicos hace ya imposible la consecución de cualquier superávit capaz de amortizar la deuda. Renovar a estos precios, aunque parezca un éxito de los gestores, es una tragedia como país, pues pagaremos con privaciones esa perversión de los mercados, a los que se venía tolerando toda clase de maniobras. Para el ciudadano medio, la intervención de nuestra economía, sobre todo si acarrea la demolición del poder paralelo creado en torno a nuestra Constitución, sería ventajosa. Empezando porque el dinero aportado para la intervención es más barato que el de los mercados cuando estás en mínimos de confianza como ahora. Aun con posibles recortes sociales, hemos de hacer números con la diferencia de intereses. A la hora de hacerlo mal con la fiscalidad, no encontraremos diferencias con los gobiernos salientes.

Probablemente, nuestros socios europeos han encontrado ofensivo el tono demagógico de las autonomías rebeldes, lanzando a su población contra el malvado estado central. No son tan estúpidos como para no ver que no hay propuestas serias de recorte y que se continúan descubriendo casos millonarios de corrupción en sus demarcaciones. No es necesario cerrar hospitales, basta con cerrar empresas públicas –el Valle de los Caídos de la política-. No es necesario despedir al 25% de la plantilla, cuando las cifras de absentismo laboral superan el 27%. Simplemente hay que utilizar y pagar a los que, por lo menos, acuden al trabajo, aunque sea con esos horarios compatibles con cualquier otra dedicación no declarada. Lo que sucede en nuestras autonomías, por buenas excepciones que conozcamos todos, no es financiable. Es ridículo siquiera proponerlo. Necesitan una racionalización profunda en vez de amenazar con la reducción en el bienestar o cobrar a los niños por comer en los colegios. Cualquier cosa por lanzar a los ciudadanos contra el estado central y desviar la atención.

Promotores -incluso por interés propio, vistas sus inversiones personales- en el mundo del ladrillo e ignorantes de cualquier alternativa, la propuesta mas enérgica de las realizadas ha sido la socialización de las pérdidas del sistema financiero. Y eso no tiene nada que ver con el estímulo a la formación de nuevas empresas, al fomento del I+D+i, al fortalecimiento del sistema educativo, etc. El abandono cultural de los sectores agrícola e industrial y su entrega al de los servicios tiene que ver con su caracterización personal; y para España, mucho que ver con su desfase en empleo y crecimiento comparado.

Así, lo más probable y ya deseable, es la intervención total de nuestra economía y la fijación de límites reales o intervención de las administraciones locales que incumplan o rechacen el esfuerzo que los demás hemos de acatar para evitar la quiebra general.

¿Hay posibilidad de acercamiento de la clase política hacia otras concepciones mas empresariales?

Por lo que hemos visto en las anteriores elecciones, nuestra clase política, aun resultando objetivamente incompetente, no se cree que su momento final haya llegado. Ni se les pasa por la cabeza que un millón de entre los suyos vayan a vivir la angustia del desempleo.

Y a la mayoría de la población ni se le pasa por la cabeza que para que sobreviva ese millón de aprovechados haya de pagar por consulta médica, por medicinas o cerrar quirófanos. No se merece eso quien viene tributando y sometiéndose a cuantos fastos y caprichos le exigieron en bien de la democracia y de la prosperidad, aunque resultase después lo contrario.

Podríamos aventurarnos en formas de gobierno ideales en las que se plasmasen los valores que estimamos. Tenemos seguramente toneladas de ideas para una sociedad mejor, pero carecemos del poder para llevarlas a cabo. Necesitamos que alguien presente una alternativa electoral en esta otra dirección. Tal vez pudiera servir la propuesta del científico y político Vidal Quadras y algunos otros con más visión empresarial que los anteriores e indignados con lo que sucede.

Quienes están en el poder no pueden cambiar. Ni vamos a ser tan ingenuos de pensar que nuestro pequeño esfuerzo mediático les haga siquiera reflexionar. Es más simple, ese abogado de 50 años, profesional de la política, ha de dejar paso por las buenas o por las malas, a otras profesiones y generaciones mas abiertas al mundo que nos espera y con el que debemos interactuar para encontrar soluciones. Si permanecemos con ellos, ya sabemos lo que nos espera.

El perfil del parlamentario español y, en consecuencia, de los principales cargos de gobierno, es: abogado, 50 años y profesional de la política.