La sombra de Lord Balfour planea sobre la cabeza de Zapatero y su ministro Solbes

El presidente del Gobierno -que se sepa- no es un gran aficionado a la Historia. Pero alguien debería soplarle al oído el nombre de Lord Balfour, aquel ministro de Exteriores británico célebre por la Declaración que lleva su apellido.

Arthur James Balfour prometió el 2 de noviembre de 1917 a Lord Rothschild (abanderado de la causa judía) apoyar la constitución de un estado hebreo en el territorio de Palestina. El problema fue que por esas mismas fechas hizo la misma promesa a los dirigentes árabes, que se habían levantado en armas contra la invasión turca. Casi 90 años después de aquella célebre Declaración, el conflicto árabe-israelí ilustra las frustraciones y los problemas que generan las promesas incumplidas.

La tentación de decir a todo que sí es una patología ampliamente diagnosticada entre la clase política. Pero hay momentos en los que hay que mojarse, aunque se pierdan las elecciones. Al fin y al cabo, se está en la cosa pública para transformar la realidad y no para quedar atrapado por ella.

Todo esto viene a cuenta de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado del 2006 que el Gobierno tiene por delante. Y el PSOE esconde en la gatera muchas promesas que duermen en el sueño de los justos. La cuestión no es que todavía no se hayan aplicado esos compromisos. Es obvio que las reformas llevan su tiempo y no se pueden hacer de la noche a la mañana. El problema es la falta de voluntad política para cumplir las promesas.

El Programa Electoral del PSOE, por ejemplo, denunciaba “el culto al ladrillo” –no es ninguna licencia literaria- que se había instalado en la sociedad española. Nada que objetar. El problema es que al mismo tiempo se presenta un ambicioso Plan de Infraestructuras (PEIT) que pretende alicatar hasta el techo media España, como han denunciado los grupos ecologistas. Progreso no es sinónimo de asfalto. Progreso es tener un buen sistema judicial –y España no lo tiene-; progreso es mejorar la atención sanitaria -y falta mucho por hacer-; y progreso es disponer de un sistema educativo de calidad, dotado con los suficientes recursos. Pero también, como es lógico, es disponer de una buena red de infraestructuras. Nadie lo niega. Pero alguien que se haya preguntado por qué el Estado es tan generoso a la hora de gastar en asfalto y tan rácano en otras partidas. El viejo argumento de que la inversión pública tiene un efecto multiplicador sobre la actividad económica a lo mejor habría que revisarlo. El futuro está en los intangibles y en el conocimiento, como están demostrando los países nórdicos, EEUU, Canadá o Japón. Irlanda, sin ir más lejos, se ha convertido en unos de los países más ricos de la UE, sin haber hecho ese alarde de cemento.

Estamos en un país en el que el presidente anuncia 250.000 millones de euros en obra pública hasta el año 2020, pero al mismo tiempo no hay dinero para cubrir una demanda tan básica como es que los jóvenes investigadores tengan un contrato de trabajo y derecho a la Seguridad Social. La Federación de Jóvenes Investigadores (www.precarios.org) actualiza cada jornada el número de días que lleva Zapatero sin cumplir su promesa: 464 el pasado viernes. Tampoco hay dinero para los agentes forestales, como ellos mismos han denunciado, tras el incendio del Alto Tajo. Y desde luego, esta partida no va a descuadrar el sacrosanto equilibrio presupuestario.

Pero es que tampoco hay arrojo político para poner en marcha la reforma fiscal. Puede ser discutible. Pero el PSOE prometió que todas las fuentes de renta (trabajo o capital) tendrían el mismo tratamiento fiscal, por lo que las plusvalías –a partir de un determinado nivel- se incorporarían a la base imponible del impuesto al tipo que corresponda al contribuyente. Nada se ha hecho. Se pueden discutir las bondades de la reforma, incluso argumentar en contra: gracias a que ha bajado la presión fiscal sobre el capital se ha podido recaudar más por trabajo, pero lo que hay que hacer es cumplir el programa electoral.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez arremetía en la oposición contra las dos reformas fiscales del Partido Popular –y en muchas cosas no le faltaba razón-, pero no debieron ser tan malas si se ha dejado este asunto para el final de la legislatura. Lo mismo sucede con la atención a las personas dependientes, sin duda uno de los proyectos más ambiciosos que han emprendido los gobiernos europeos en los últimos años. Si usted pregunta a cualquier dirigente socialista, le dirá que la puesta en marcha del llamado cuarto pilar del Estado de bienestar es, más que una necesidad, una obligación. Pero el ministro Caldera –se supone que con la satisfacción de Pedro Solbes- ha optado por dejar este asunto para la segunda parte del mandato socialista. Como dice un viejo sindicalista, Caldera cree que con la regularización de inmigrantes y la Ley contra la Violencia Doméstica ya tiene hecha la legislatura.

Pero no. Si hay un problema, hay que resolverlo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de personas mayores, y no esperar a que se acerquen las elecciones generales. Porque si no se pone en marcha ahora, con la economía creciendo por encima del 3% y con mucho dinero en las arcas de la Seguridad Social, ¿cuándo se va hacer?

Gobernar no es jugar al ajedrez haciendo movimientos tácticos para derrotar al enemigo. Gobernar es hacer cosas. También en el ámbito de la economía. Aunque haya que decir ‘no’.