Rajoy no es Churchill y nunca lo será por falta de cintura política

Quién lo iba a decir. El Estatut de autonomía de Cataluña puede ser la tumba política de Mariano Rajoy. La cosa pública tiene estas cosas. Uno puede tener razón en sus planteamientos generales, pero al final la historia lo engulle de la manera más inmisericorde. Así es la política y así ha sido siempre. Churchill fue descabalgado de Downing Street tras una guerra que ganó, pero nadie duda de que estamos ante el político británico más importante del siglo XX. Los italianos, por el contrario, perdieron la guerra, pero se subieron al carro de los vencedores con un quiebro inigualable. Rajoy, evidentemente, no es Churchill ni nunca lo será. Entre otras cosas porque el célebre premier británico sabía manejar como nadie los ritmos políticos, al contrario que el líder del Partido Popular.

Rajoy no tenía un plan B en caso de que hubiera pacto sobre el Estatut, y en el fondo eso es lo que ha desencadenado la ‘crisis Piqué’. Si el presidente del Partido Popular hubiese hecho bien su trabajo, tendría que haber tenido cintura política para encarar la nueva posición desde otro ángulo, desde una posición más matizada, lo que desde luego no quiere decir que hubiese tenido que aceptar un Estatut a todas luces infumable.

Rajoy, que es un político sólido y avezado, sabe mejor que nadie que llevar la iniciativa política es la clave de bóveda para llegar al poder. Así es como Aznar desalojó del Gobierno a Felipe González y así es como Zapatero –catapultado por el 11-M- llegó a La Moncloa, poniendo a la defensiva al ex presidente Aznar con el asunto de la guerra de Iraq. Jugar al contraataque, como ha hecho el PP durante la negociación del Estatut, es el camino más recto para cosechar una derrota.

La estrategia de la tensión –que tan buen resultado le dio a Aznar durante el trienio 93-96 tiene sus límites. La España de hoy, con un crecimiento económico del 3,5% y con un nivel de paro que se sitúa ya por debajo de la media europea, no es la misma que la de los primeros años 90, cuando un González acorralado por la corrupción política sólo podía aspirar a quitarse de encima al adversario. El célebre ‘¡váyase, señor González!’ es hoy irrepetible, y aspirar al mismo escenario cambiando el apellido no sólo es un anacronismo, sino que puede conducir indefectiblemente a la depresión política. Alguien debería decírselo a Rajoy. Alguien también tendría que decirle que no es lo mismo que ETA mate que no lo haga. El enemigo cambia, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos con las debidas precauciones. Eso sí.

No tienen razón quienes opinan que el Estatut rompe la unidad de España. Este país ha sabido sobreponerse a guerras civiles, cambios de régimen, dictaduras y crisis políticas –como la del 98-. Pero siempre ha salido adelante. Por eso, es absurdo pensar que por incluir la palabra ‘nación’ en el preámbulo de un texto legal o por ceder 15 puntos más del IRPF o del IVA, la nación española ha dejado de existir. Este planteamiento tan catastrofista es el que esgrime ahora el PSOE para atacar al Partido Popular, y es muy posible que le produzca buenos resultados en el plano electoral. Cuando el ahora ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, advertía en los debates presupuestarios de finales de los años 90 que aumentando la capacidad normativa de las comunidades autónomas (como decidió el PP) se rompía la unidad española, nadie le hizo caso. Ni siquiera sus correligionarios, que incluso le han apartado de las negociaciones del Estatut.

En política casi todo es reversible. Incluso los estatutos de autonomía que son un auténtico dislate, como el catalán. Y ese es el mensaje que debe ser capaz de transmitir Rajoy. Es curioso que de una manera un tanto mecánica, la clase política española ha convertido a los texto normativos autonómicos en una especie de Biblia intocable. Es el Partido Popular quien debe llevar la iniciativa política proponiendo una reforma constitucional capaz de cerrar de una vez por todas el carajal autonómico. Rajoy sabe mejor que nadie que el Título VIII de la Constitución es manifiestamente mejorable, por lo que toca cambiarlo. Todavía está a tiempo de proponerlo, abriendo un nuevo periodo constituyente pilotado por los dos grandes partidos. O sea, liderando el tempo político. Los cambios son el mejor antídoto contra el inmovilismo y el desorden autonómico.