El peligro que viene: la dependencia como instrumento para atizar desigualdes regionales

La clase política ha vendido la pasada semana con justificada alegría la aprobación por parte del parlamento de la llamada Ley Promoción de la Autonomía Personal

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    La clase política ha vendido la pasada semana con justificada alegría la aprobación por parte del parlamento de la llamada Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención de Personas en Situación de Dependencia. Un farragoso y larguísimo nombre que nominalmente responde a lo políticamente correcto, pero que el sentido común y la propia economía del lenguaje ha bautizado como Ley de Dependencia. La Ley ha sido aprobada bajo mandato socialista, pero está en la agenda de las naciones más desarrolladas desde hace décadas. Independientemente de la orientación política del gobernante de turno. Si el triunfo del Estado de bienestar en la Europa de la postguerra fue fruto del pacto histórico entre la democracia cristiana (ahí está la figura de Ludwig Erhard) y la socialdemocracia, es más que evidente que la Ley aprobada el pasado jueves bebe de las mismas aguas. Lo mismo que el Pacto de Toledo o la universalización del sistema sanitario público.

    Lo primero que sorprende es el voto en contra de las formaciones nacionalistas. Por fuerte que parezca, ni CiU, ni EA, ni el PNV aprobaron la norma; mientras que Nafarroa Bai se abstuvo. Los partidos nacionalistas fijaron su posición sobre la base de un argumento que debieron considerar imbatible: invade las competencias autonómicas.

    Algo falla en este país cuando una norma tan básica no cuenta con el apoyo explícito de las dos formaciones que más votos suman en Cataluña y el País Vasco.

    Probablemente lo que falle es la propia presencia en el parlamento nacional de formaciones sobrerrepresentadas en razón a la vigente Ley Electoral, incapaces de tener un mínimo de sentido del Estado. ¿De verdad alguien cree que se puede desarrollar en el conjunto de la nación una ley que va a poner en la pista de juego en los próximos años más de 26.000 millones de euros sin la dirección política del Estado?

    Cuando se habla del Estado no se está mencionando a algo que empieza y termina en Madrid, como muy bien señala la Constitución de 1978. El Estado, es obvio, lo conforman la Administración central, el poder local y, por supuesto, las comunidades autónomas. Pero de ahí a pensar que el sistema de protección social puede trocearse en función de designios territoriales va un abismo. No sólo por razones de equidad social, sino también por eficiencia económica. Articular territorialmente una ley tan ambiciosa -que por otra parte llega tarde y con escaso presupuesto- sólo lo puede hacer el Estado. El Estado en el sentido exacto del término. Ni reduciéndolo a un centralismo de nuevo cuño como de alguna manera ha dejado entrever la Conferencia política del PP celebrada en los últimos días, ni diluyéndolo hasta hacerlo desaparecer, como se propone de algunos ámbitos.

    Gracias a que existe un Estado fuerte, con sus deficiencias, como no podía ser de otra manera, existe una Seguridad Social que desde la universalización de sus prestaciones es el mejor instrumento de reequilibrio de rentas. La mejor herramienta para procurar y hacer posible un valor que hoy está en desudo: la igualdad. Probablemente no se conozca con suficiente fuerza -tal vez por la incapacidad de los Gobiernos de trasladar a la opinión pública los mensajes verdaderamente importantes y no los puramente propagandísticos- que si no fuera por la existencia de la caja única de la Seguridad Social, el sistema público de protección social habría hecho crash en algunas regiones.

    En Galicia, por ejemplo, las prestaciones que reciben sus pensionistas apenas cubren el 76% de lo ingresado por la Seguridad Social; mientras que en Extremadura y Andalucía apenas se alcanza el 82% y el 96% respectivamente. Pero es que en el País Vasco, donde gobierna el PNV -el mismo partido que vota contra la Ley de Dependencia porque dice que invade sus competencias- si no fuera por el superávit que registran otras regiones, la ‘Seguridad Social vasca’ estaría en números rojos. El déficit -la diferencia entre lo que se recauda en Euskadi por cuotas y lo que se distribuye entre los pensionistas vascos- se elevó en 2005 a 311 millones de euros, cantidad de dinero que lógicamente fue compensada con las aportaciones que hicieron otras comunidades autónomas. A la cabeza de ellas, la perversa región madrileña, cuya tasa de cobertura es de un 145%, mientras que en Cataluña se sitúa en el 112%.

    Este reequilibrio territorial que hace posible la existencia de una Seguridad Social integrada y de caja única es el que debieran haber tenido en cuenta sus señorías a la hora de diseñar financieramente la Ley de Dependencia, que si nada lo remedia puede favorecer en los próximos años la discriminación entre regiones: las desigualdades entre comunidades ricas y comunidades pobres.

    Hay razones para pensar que tanto el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia como el Consejo Territorial que se crea para procurar la participación de las comunidades autónomas no son suficientes para garantizar la unidad de gestión y, por ende, la eficiencia en el gasto. Se trata de organismos excesivamente dispersos que lo que van a hacer es avivar las disputas interregionales. De ahí que lo más sensato hubiera sido encasillar esas prestaciones bajo el paraguas protector de la Seguridad Social. O, al menos, al amparo de una Agencia Nacional de la Dependencia capaz de articular en todo el territorio esos beneficios sociales. Por supuesto con la participación de los entes territoriales.

    Mientras Tanto

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