Qué se puede esperar de un país que gasta más en paro que en crear empleo

La pobreza del debate intelectual que acompaña a este país como una especie de maldición bíblica, ha derivado en una curiosa circunstancia. El Gobierno presume  ante la opinión pública de que afronta la crisis económica desde una perspectiva socialdemócrata -o socialista, como se prefiera-, y lo justifica con un argumento contundente: ningún parado quedará desprotegido de la acción protectora del Estado (Zapatero dixit).

Dicho así, la música suena bien. Es evidente que el Estado moderno se caracteriza por la existencia de altos niveles de equidad social que impiden fenómenos de exclusión a todas luces inaceptables. No sólo desde el punto de vista de la justicia social, sino también por una cuestión de racionalidad económica. Mantener amplias bolsas de exclusión social -como sucede en EEUU- no hace al país más eficiente en términos económicos. Todo lo contrario. Es, por lo tanto, una necesidad ineludible ampliar la acción protectora del Estado allí donde realmente se necesite, lo cual exige la existencia de mecanismos de control rigurosos capaces de detectar el fraude.

Pero dicho esto, es sorprendente el énfasis que pone el presidente del Gobierno en aparecer ante la opinión pública como el paraguas protector de los parados, olvidando que muchos de esos ciudadanos que están en esa situación se encuentran así, precisamente, por el diseño de políticas económicas equivocadas que lejos de resolver los problemas los agravan. Desde luego que la culpa no es toda de ese ministro capicúa que ha resultado ser Pedro Solbes (acabará como empezó), pero lo cierto es que el no haber hecho prácticamente nada durante los últimos cinco años para cambiar el aparato productivo del país ha contribuido, sin lugar a dudas, a que España tenga el dudoso honor de que de cada 100 nuevos parados que ha habido en la UE a 15 durante el año pasado, 95 procedan de la piel de toro.

Es evidente que cinco años no es nada para darle la vuelta a un país, pero lo cierto es que tampoco se han puesto ni siquiera los cimientos para construir algo nuevo. Ese es el problema. Empeñados en evitar que la nave se hunda, al capitán se le ha olvidado señalar el rumbo.

Electoralmente puede ser muy rentable alentar esa estrategia de ayudar a los más necesitados como coartada de la acción gubernamental, pero se equivoca Zapatero si piensa que la economía española está en condiciones de asumir todo el gasto social que se ponga sobre la mesa sin poner en peligro su propia supervivencia como país desarrollado. Sostenible en el medio y largo plazo con altos niveles de prosperidad. Ni siquiera los riquísimos países del norte de Europa -modelo del Estado de bienestar- pudieron aguantar en los primeros años 90 el envite del paro, lo que les obligó a sacudir sus estructuras económicas en busca de un modelo productivo propio. Que nadie olvide que lo que se destina al paro se detrae de inversiones públicas con un efector multiplicador cierto sobre el crecimiento económico.

¿Qué es más rentable a largo plazo? ¿Gastar en mejorar las aceras de las calles Serrano y Paseo del Prado?, como ha hecho Gallardón. ¿O invertir en zonas wifi para que los autónomos y los ciudadanos en general se beneficien de una reducción de los costes de sus telecomunicaciones?, con lo que su negocio sería más competitivo.

Cuando se habla de reformas, además, se piensa inmediatamente en medidas de corte económico, pero a menudo se olvida la necesidad de impulsar cambios institucionales, jurídicos o, incluso, culturales, que transformen la identidad del país en aras de ponerlo  a trabajar en todos los sentidos.

Para volver a crear empleo suficiente y de calidad, no basta con que EEUU o Alemania vuelvan a hacer de locomotoras mundiales. También es necesario reformar la Constitución para que la arquitectura institucional del país se adapte mejor a los nuevos retos económicos.