Desmontando algunos tópicos sobre el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo

El incipiente debate sobre la futura Ley del Aborto no ha hecho más que comenzar, pero ya se percibe una curiosa deriva. Quienes se muestran con mayor virulencia a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo parecen alinearse de una forma casi mimética por consideraciones de afinidad política. O, incluso, de carácter moral. Como si abortar fuera de derechas o de izquierdas. Como si una mujer antes de enfrentarse a tan transcendental decisión pensara únicamente en términos ideológicos. O lo que es todavía peor, en términos de partido. Nada más lejos de la realidad. Abortan las mujeres de izquierdas y las de derechas, las centralistas y las periféricas. Las ricas y las pobres.

Es probable que esta consideración del aborto como una materia de carácter moral tenga mucho que ver la activa posición que históricamente ha manifestado la Iglesia católica contra su legalización. La jerarquía eclesiástica, como se sabe, ha entendido desde siempre la interrupción voluntaria del embarazo como uno de los terrenos más apropiados para su causa, de la misma manera que considera que asuntos como la eutanasia, el divorcio o el uso de métodos anticonceptivos son de su absoluta incumbencia, demonizando -nunca mejor dicho- a quienes legítimamente sostienen posiciones distintas.

Tal vez por eso sea verdad aquello que dijo hace muchos años un viejo falangista como era Agustín de Foxa -nada sospechoso de anticlerical-, quien sostenía que los españoles estamos condenados a ir siempre detrás de los curas, unas veces con el cirio y otras a garrotazos. Es evidente que la Iglesia tiene derecho a decir lo que quiera sobre un asunto como este, pero yerra si plantea el problema como una cuestión exclusivamente de carácter moral, como pretende hacer creer la Conferencia Episcopal, tanto a sus fieles como a los que no lo son.

La interrupción voluntaria del embarazo no tiene nada que ver con posiciones ideológicas o de carácter moral, entendido este concepto como lo que es en su origen latino: la costumbre social. Tiene que ver con la extrema necesidad de una mujer que decide abortar por las causas que fueran, pero siempre de forma traumática. Por eso no estará de más recordar algunas cifras de carácter socio-demográfico que pueden ayudar a entender de lo que se está hablando. Los datos oficiales más recientes -correspondientes a 2007- muestran que ese año abortaron en España 112.138 mujeres.

Patrón de creencias

Desde luego que siempre son muchas las mujeres que abortan, pero en contra de lo que cabe deducir de las palabras de algunos, las mujeres que pusieron fin a su embarazo no responden a un patrón de creencias de carácter moral o ideológico. Simplemente abortan porque no son capaces de encontrar otra solución.Varios datos ilustran este argumento. La tasa de aborto entre las mujeres con edades comprendidas entre 15 y 44 años se sitúa para el conjunto del Estado en el 11,49 por mil. Se produce, sin embargo, una gran dispersión en cada una de las comunidades autónomas. En cuatro regiones: Madrid, Baleares, Murcia y Cataluña, la tasa de abortos supera ampliamente el 14 por mil. Pero es que en Cantabria, Galicia, Navarra y Extremadura no se alcanza siquiera el 6 por mil, es decir menor de la mitad.

¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que se aborta en función de las circunstancias de cada mujer, y no en relación a criterios políticos, religiosos o de carácter moral ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues básicamente de orden social, económico y cultural. No es casualidad que las cuatro comunidades autónomas en las que la tasa de abortos es más elevada sean, precisamente, las que tienen mayor población inmigrante, en todos los casos por encima del 14%. La única región con gran peso de la inmigración pero con menor tasa de abortos es la Comunidad Valenciana, pero este hecho no debe vincularse a fenómenos de carácter político o religioso, sino más bien a que buena parte de su población extranjera se encuentra ya en edad infértil y procede de países europeos.

Al contrario de lo que suele creerse, el segmento con mayor número de aborto corresponde a mujeres con edades comprendidas entre 20 y 24 años (el 20,65 por mil); y tras ellas se encuentran quienes tienen entre 25 y 29 años, con una tasa del 15,57 por mil

En el resto de regiones, la relación entre inmigración y aborto es prácticamente mimética. Y para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta que en 1998 (al comenzar el fenómeno masivo de la inmigración) la tasa de abortos en España -con la misma ley que existe actualmente- era del 6 por mil, prácticamente la mitad que ahora.

¿Y quién aborta en España? Al contrario de lo que suele creerse, el segmento con mayor número de aborto corresponde a mujeres con edades comprendidas entre 20 y 24 años (el 20,65 por mil); y tras ellas se encuentran quienes tienen entre 25 y 29 años, con una tasa del 15,57 por mil. El tercer escalón corresponde a las mujeres con menos de 19 años, lo que indica que, en contra de lo que habitualmente se cree, el aborto no es un fenómeno de adolescentes inmaduras que desconocen las reglas básicas de la sexualidad, sino de mujeres adultas, hasta el punto de que en el segmento con edades comprendidas entre 30 y 34 años interrumpen voluntariamente su embarazo 11 de cada mil, prácticamente en la media. Segunda consideración, el aborto no afecta sólo a las más jóvenes, sino también a mujeres maduras con plena capacidad para tomar decisiones.

El aborto como medio anticonceptivo

La tercera consideración tiene que ver una cierta frivolización de las mujeres que deciden abortar. Hay quien las acusa de utilizar la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo más; pero lo cierto es que eso no es así. El 68% de las mujeres nunca había abortado previamente, mientras que otro 22% lo había hecho una vez con anterioridad. Tan sólo un 6% de los casos son precedidos por dos abortos. Tercera aseveración: las mujeres no utilizan el aborto como un método anticonceptivo más. Simplemente se han quedado embarazas sin quererlo.

Cuarta consideración. A menudo se suele argumentar que una ley de plazos que ampare la posibilidad de abortar en periodos largos alienta las interrupciones voluntarias del embarazo. Pero la realidad no dice precisamente eso. Como se sabe, el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros establece que se podrá abortar dentro de las primeras catorce semanas de gestación. ¿Y que dicen las estadísticas? Pues ni más ni menos que con la ley actual el 88% de las mujeres interrumpe su embarazo antes de 12 semanas. Mientras que otro 6% lo hace antes de 16 semanas. Es decir, que sólo el 6% restante lo hace pasados los cuatro meses, y en la inmensa mayoría de los casos por problemas de malformación del feto o de peligro cierto para la madre. No hay razones para pensar, por lo tanto, que una ley que pone el límite en 14 semanas de gestación rompe el statu quo actual.

Se podrá argumentar que la actual legislación no es comparable con la que prepara el Gobierno, y formalmente es cierto. Pero todo el mundo sabe que la ley vigente es en gran medida una simple tapadera, y que en muchos casos se ha ocultado la existencia de facto -aunque no de iure- del cuarto supuesto. Muchos de los políticos y eclesiásticos que hoy alzan la voz contra este anteproyecto de ley conocen esta realidad desde hace años, pero han preferido mirar para otro lado.

Y aquí está, realmente, la madre del asunto. El aborto -aunque nos duela- está ahí desde hace siglos, y hay dos vías de enfrentarse al problema. Encarándolo o asumirlo de tapadillo. Porque si algo está nítidamente claro es que las mujeres seguirán abortando haya o no haya ley. Fuera o dentro de España. Con más garantías sanitarias o en peores condiciones, Pero aunque chirríe a nuestras conciencias la realidad está ahí y no basta con cerrar lo ojos para escapar de ella.

¿Quiere decir esto que cómo el problema está ahí hay que convivir fríamente con él? En absoluto. Todo lo contrario. La mejor de manera de controlar malas prácticas abortivas -como desgraciadamente emergieron en la anterior legislatura con fetos depositados en cubos de basura- es regular la interrupción voluntaria del embarazo. Y por eso no estará de más que el legislador se esfuerce en mejorar no sólo las garantías de salud pública de las mujeres que abortan, sino, sobre todo, la implementación de una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, dotada de medios y con una evaluación permanente de sus objetivos. Y también eliminando la posibilidad de que una chica menor de edad pueda libremente abortar sin el consentimiento de sus padres. Y por supuesto, favoreciendo las circunstancias socioeconómicas y culturales de las mujeres.

Así es como, entre todos, se logrará reducir la tasa de abortos, pero no legislando a espaldas de la realidad. Que sin duda es manifiestamente mejorable. Y a nadie le gusta.