Zapatero y la hucha de Olof Palme

Uno de los iconos de la primera Transición fue una impagable imagen del primer ministro sueco, Olof Palme, pidiendo dinero hucha en mano por la libertad de los españoles. La fotografía dio la vuelta al mundo, y ponía al régimen franquista al pie de los caballos ante una opinión pública internacional horrorizada por las últimas ejecuciones del dictador.

Olof Palme aparecía sonriente y ofrecía la hucha a una señora. Lucía parapetado tras un cartelón que cubría parte de su americana, y en él se podía leer: Dinero para los Españoles. No está claro que el presidente Zapatero –gran aficionado a aquellos golpes de efecto que hicieron famoso al primer ministro sueco salvajemente asesinado- se vea obligado a mendigar una ayuda para España a la vista de las dificultades para enderezar el déficit público, pero lo que está fuera de toda duda es que este país está obligado a recomponer sus maltrechas finanzas públicas si quiere hacer sostenible el incipiente Estado de bienestar que ha construido en los últimos 30 años.

 

Como se ve, nada nuevo. Lo curioso del caso es que no hay un debate en profundidad sobre cómo aumentar los ingresos públicos, y en su lugar se focaliza toda la atención en los gastos, como si la ejecución presupuestaria dependiera exclusivamente de los pagos y no de la recaudación tributaria. Pero sorprende todavía mucho más el papel de los sindicatos, convertidos al franciscanismo de primera hora. Aquel que se basaba en las reglas de la mendicidad, lo que explica su nula capacidad para proponer reformas capaces de ensanchar el potencial de crecimiento de la economía española.

 

En su lugar, se han atrincherado en un discurso mendicante que pone sólo el acento en no dejar en la cuneta a los sectores más desprotegidos del país. Y es verdad que ningún país que se precie puede dejar a los menos favorecidos en la estacada. Y por eso hay que proteger a quienes se encuentran en peor situación. Pero no es menor cierto, que diría un letrado,  que si España no es capaz de recuperar el camino del crecimiento mediante políticas de oferta, difícilmente podrá financiar el gasto social. Y aquí la voz de los sindicatos brilla por su ausencia. El caso de Cándido Méndez es especialmente clamoroso. En  lugar de ponerse al frente de la manifestación pidiendo cambios en la estructura económica e institucional del país para aumentar el potencial de crecimiento -lo que ayudaría a crear empleo- parece haberse apuntando a la orden de los mendicantes.  

 

Por eso no estará de más recordar algunos datos recién publicados por Eurostat, y que vienen a decir que si los ingresos fiscales no se sitúan en el entorno del 40% del PIB -y hoy están en el 34,7%- difícilmente el Estado de bienestar será viable. Eso es lo que ocurre en Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda o Suecia, donde el sistema de protección social es elevado. Pero no porque las autoridades de esos países sean especialmente benéficas, sino más bien porque hay margen presupuestario suficiente para financiar el Estado social sin poner en riesgo la credibilidad y la solvencia de sus cuentas públicas. Para ello han sido capaces de construir países altamente competitivos –desde luego bastante más que España- en los que los factores de producción son flexibles, lo que permite un ajuste rápido de la economía cuando cambia el ciclo.  La competitividad, por lo tanto, es la clave de bóveda del sistema económico, ya que en última instancia es lo que sostiene el Estado de bienestar. Sin competitvidad no hay empleo, así de simple, y sin puestos de trabajo el Estado no podrá restaurar sus maltrecha caja.

 

Un disparate

 

En España, muy al contrario, no hay debate sobre cómo ganar cuota de negocio en los mercados exteriores. Y se ha llegado al extremo de decir que las legislaciones laborales no crean empleo, lo cual es un auténtico disparate. Porque si fuera verdad eso, ¿por qué los sindicatos se han cansado de firmar acuerdos laborales desde 1977?  O incluso, ¿por qué siguen negociando? Parece evidente que sin un marco adecuado de relaciones laborales, las empresas tienen mayores dificultades para competir . Claro está a no ser que se considere normal que el ajuste haya recaído, precisamente, en los sectores más débiles del centro de trabajo: jóvenes, inmigrantes, temporales y mayores de 45 años.¿O es que es normal que el ajuste pase de largo entre quienes tienen su puesto de trabajo aegurado?

 

Si es verdad que las reformas laborales no crean empleo, como sostienen los sindicatos, por coherencia también debe ser verdad que las legislaciones no son culpables de que aumente el desempleo. Pero lo cierto es que en apenas dos años este país se ha llevado por delante dos millones de puestos de trabajo y el paro ha escalado en nada menos que doce puntos, del 8% al 20% de la población activa. En ningún otro país -ni siquiera en aquellos en los que se ha pinchado la burbuja del ladrillo- ha ocurrido algo similar. Algo que parece indicar que la legislación laboral tiene fallas.

 

Cambiar las leyes no es desde luego el bálsamo de fierabrás. Pero parece evidente que se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente para salir dela crisis. Exactamente igual que una reforma en profundidad de las distintas administraciones públicas o cambios regulatorios en el sistema financiero. De lo contrario, la protección social se irá deteriorando, y leyes bien intencionadas como la de Dependencia no contarán con recursos suficientes, precisamente por tener unos agentes económicos, sociales y políticos inmovilistas que sólo buscan mantener los privilegios (aunque sean de clase).