'Me engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo'

Se cuenta que en cierta ocasión un colaborador de Franco, y ante el creciente prestigio internacional de Manuel de Falla, le sugirió la conveniencia de entregarle un galardón al compositor gaditano. Falla, como se sabe, se encontraba exiliado en Argentina, donde murió, y no quería saber nada de la Dictadura. ‘Perfecto’, dijo Franco sin titubear; “lo haremos consejero de Campsa”.

La anécdota revela cómo en ocasiones el poder político es incapaz de entender el tiempo que le toca vivir y la naturaleza de los problemas. Y eso explica muchos de los errores de bulto que se cometen (desde luego no sólo en el sector público). El más reciente es el tijeretazo anunciado este miércoles por Zapatero, y que supone la quiebra definitiva de su discurso social. Presionado por los mercados y por el hundimiento exterior de la solvencia del Reino de España debido a una política económica descabellada, el presidente del Gobierno ha decidido colocarse delante de la manifestación hasta aparecer como el campeón de los recortes. Si antes se presentaba ante la opinión pública como el último mohicano de la cohesión social, ahora pretende pasar a la historia como el paradigma del rigor presupuestario. Como si ambas cosas fueran antitéticas. Cosas veredes, querido Sancho.

Hay que decir, como una cuestión de principios, que el recorte del gasto público es algo más que una necesidad para la economía española. Es evidente que buena parte de los problemas de credibilidad derivan de una política irresponsable en el gasto público que compromete el futuro económico del país. Son las administraciones públicas las que han expulsado a los agentes privados del mercado del crédito debido a su voracidad fiscal; y, al mismo tiempo, las que han sido incapaces de purgar el precio de los activos inmobiliarios, lo que retrasa la recuperación. Pero también son los poderes públicos quienes han despertado a la bestia que llevan dentro los mercados con sus fallos en supervisión y regulación del sistema financiero. Y es el Estado el que no se ha apretado el cinturón, al contrario que el sector privado. Mientras que el empleo en el sector público ha seguido creciendo en medio de la recesión, el privado ha perdido más de dos millones de puestos de trabajo.

En ocasiones el poder político es incapaz de entender el tiempo que le toca vivir y la naturaleza de los problemas. Y eso explica muchos de los errores de bulto que se cometen

Pero dicho esto, sería absurdo medir la eficacia de un ajuste presupuestario sólo por el tamaño del tijeretazo y no por la calidad del recorte. Y da la sensación de que una vez más el Gobierno se ha dejado llevar por impulsos primarios sólo para dar la sensación de que tiene una política económica cargada de razones. Desgraciadamente, el análisis continúa haciéndose exclusivamente en términos cuantitativos pero no cualitativos. Y como consecuencia de ello se asume como una medida positiva que el sueldo de los empleados públicos baje un 5%, cuando lo relevante hubiera sido desprenderse de la parte del sector público ineficiente, lo cual hubiera ahorrado muchos cientos de millones de euros a largo plazo y no sólo en este o en el siguiente ejercicio.

En su lugar se vuelve a hacer política de brocha larga y se trata por igual a excelentes profesionales que enriquecen la función pública que a empleados públicos sin ninguna función dentro del aparato del Estado, pero que permanecen en su puesto de trabajo por esa inercia proverbial en la que vive la Administración. La señal que se da a los ciudadanos es aterradora y sólo va a servir para alejar un poco más de la administración a buenos profesionales que tendrán que buscar refugio económico en el sector privado, con todo lo que ello supone de empobrecimiento de la cosa pública.

Se podrá decir que el recorte de los salarios –o la congelación de las pensiones- era un asunto de vida o muerte para las arcas públicas, ya que antes del día 18, España debe presentar a Bruselas su plan de recorte del ajuste. Pero si es esto cierto -y parece que sí-  sólo cabe pensar que el país está en manos de una camarilla de irresponsables incapaces de prever la coyuntura económica, lo cual es todavía más preocupante.

Si se hace política, si se gobierna con luces largas, es más barato hacer reformas que poner al país al borde del precipicio y luego decirle que no hay más remedio que dar un paso adelante. ¿Cómo se puede explicar a un país que la célebre paga de los 400 euros 'costara' al erario público cerca de 6.000 millones de euros, lo mismo que ahora se va a ingresar por recortar los salarios en la función pública? ¿O que en el país con las aceras más lustrosas del mundo los pensionistas vayan a perder varios puntos de poder adquisitivo? Estrategas de la camarilla de Zapatero como Miguel Sebastián o Boyer deberían dar algun explicación.

Resulta inquietante observar que en lugar de promover una reforma en profundidad de los niveles competenciales de las administraciones públicas (para identificar duplicidades o ineficiencias) se haya optado por una especie de fuga hacia adelante para salvar la cara. España seguirá teniendo los mismos funcionarios pero peor pagados, cuando lo más razonable hubiera sido reducir progresivamente las plantillas pero mejorando las retribuciones, lo cual redundaría en la calidad de los servicios públicos. Así se eliminaría definitivamente ese viejo principio que esgrimen algunos malos funcionarios: me engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo.