Es noticia
El Resplandor II: La política de la motosierra se apodera de las cuentas públicas
  1. España
  2. Mientras Tanto
Carlos Sánchez

Mientras Tanto

Por

El Resplandor II: La política de la motosierra se apodera de las cuentas públicas

Sólo hay algo peor que equivocarse. Hacerlo dos veces y de forma contumaz. Y la aprobación del ‘tijeretazo’ va en esa dirección. Se pretende arreglar dos

Sólo hay algo peor que equivocarse. Hacerlo dos veces y de forma contumaz. Y la aprobación del ‘tijeretazo’ va en esa dirección. Se pretende arreglar dos años de desgobierno económico de un plumazo. Como si la solución dependiera de medidas aparentemente contundentes que sólo retrasarán un poco más la salida de la crisis.

No es que este país no necesita un recorte del gasto público. Todo lo contrario. Pero no vale cualquier recorte. Si alguien acude a un hospital, lo razonable es que sea atendido por un especialista. Sin embargo, estamos ante lo más parecido a un matasanos que para operar una apendicitis interviene a corazón abierto. Una especie de Jack Torrance armado de su motosierra dispuesto a llevarse por delante lo que sea.

Y por eso sorprende la respuesta que desde ciertos ámbitos se está dando al necesario recorte del gasto público. Por cierto, con el beneplácito de muchos economistas, que en lugar de identificar las raíces del problema y proponer soluciones ingeniosas y eficaces optan por lo más fácil. Hacer política de tabla rasa que convierte a la economía en una actividad zafia y sin matices. Desde luego que para resolver el problema del déficit congelando las pensiones y bajando el sueldo de los empleados públicos no hace falta pasar por Harvard. Lo que los mercados quieren y exigen –con argumento sólidos dada la escasa solvencia de las cuentas públicas- es que se reduzca el déficit, pero es al Gobierno a quien corresponde identificar las partidas.Utilizando el bisturí y no la motosierra.

Pero no sólo algunos economistas se equivocan aceptando soluciones simplonas para adelgazar el peso del Estado. Entre los políticos, ahí está el caso de Gallardón. El alcalde de Madrid, después de comerse más de 500 millones de euros en la nueva sede de la alcaldía, se abre ahora las venas en público y se pone a la cabeza de la manifestación pro recortes, como si la situación económica no fuere una secuencia lógica que se explica de una forma más o menos coherente. Gallardón hace bueno aquello que decía Sartre. “Incluso la historia puede modificarse; los historiadores no paran de hacerlo”.

Esta política de trazo gordo es la que explica que el plan de ajuste vaya a fracasar. España no podrá cumplir su compromiso de bajar el déficit fiscal al 3% del PIB en 2013. Básicamente por una razón. La caída de las expectativas económicas enfriará la incipiente recuperación, y eso provocará una ralentización del empleo. Y sin empleo será, precisamente, la recaudación del Estado y de las administraciones territoriales la que sufrirá de manera adicional los rigores de la crisis.  Es la pescadilla que se muerde la cola. Pero no sólo eso.

La política de reducción generalizadas del sueldo de los funcionarios provocará un efecto arrastre en el sector privado, lo que significa que ya este año 2010 los salarios crecerán por debajo del 1% (la negociación colectiva está bloqueada y apenas se han formado el 10% de los nuevos convenios). Y una fuerte contención salarial afectará negativamente a las bases imponibles del IRPF, ya suficientemente dañadas. Pero no sólo por la destrucción de puestos de trabajo, sino también por la existencia de una estructura productiva basada en bajos salarios que reduce el poder adquisitivo de las nóminas. De ahí la necesidad de hacer reformas económicas para ensanchar el potencial de crecimiento desde el lado de la oferta.

Dos años de recesión

Aún hoy, y después de dos años de recesión,  el IRPF ajustado (incluyendo el fin de los 400 euros, la subida de los tipos del capital  y homogeneizando el calendario de devoluciones) cae un -2,3%. Pero con una diferencia. Mientras que la masa salarial privada está retrocediendo un 2,5%, la masa de rentas públicas (salarios y pensiones) aumenta un 2,5%. Es decir, que son estas últimas las que están sosteniendo la recaudación del Impuesto sobre la Renta. Y, por ende, los ingresos vía IVA.

Pese a esta constatación, extraída de los informes mensuales de recaudación que elabora la Agencia Tributaria, y en un alarde de incoherencia, el Gobierno decide cortar por lo sano y recorta aquello que sostiene el consumo, lo cual no parece muy razonable.

Desde luego que para resolver el problema del déficit congelando las pensiones y bajando el sueldo de los empleados públicos no hace falta pasar por Harvard

La incongruencia llega al extremo de que al mismo tiempo que pide que los salarios se adecúen a la situación real de cada empresa, el Gobierno trata por igual a todos los empleados públicos, como si todos fueran una misma cosa. O trata también por igual a  los pensionistas, olvidando que la pensión mínima del sistema (nivel contributivo) se sitúa en 557,5 euros para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, cinco veces menos que los 2.460,20 euros en que ha quedado fijada la pensión máxima. O trata por igual a los 8.000 ayuntamientos del país, dando un incentivo negativo. Da lo mismo manejar las cuentas municipales con rigor que ser un manirroto, al fin y al cabo la motosierra no discrimina. 

Más allá de esta incongruencia, lo que destaca es que haya optado por lo más fácil, en lugar de cerrar el grifo a las numerosísimas subvenciones y deducciones fiscales que de modo parasitario se han instalado en el sistema tributario.

El Gobierno –y el resto de administraciones- tenía a mano cerrar empresas públicas no rentables; enajenar sus participaciones en empresas cotizadas; privatizar las cajas de ahorros manteniendo una fuerte participación pública para garantizar la obra social; abrir al capital privado de AENA, Mercasa y el transporte ferroviario; y hasta, como propuso este jueves el ex ministro Lamo de Espinosa en ABC, lanzar una tercera desamortización desprendiéndose de los bienes comunales y fincas rústicas  en poder de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y por los que se podrían obtener entre 7.700 y 21.000 millones de euros.

El copago selectivo o una racionalización del sector público administrativo ayudaría igualmente a eliminar grasa del Estado, sin que fueran necesarios plazos demasiados largos. Pero claro para eso hay que hacer política y no márketing. Y no parece que después del debate de ayer en el Congreso el Gobierno esté para hacer trabajo fino. Bastante tiene con mantenerse a flote, lo cual es un problema para un país con más de 4,6 millones de parados.

Sólo hay algo peor que equivocarse. Hacerlo dos veces y de forma contumaz. Y la aprobación del ‘tijeretazo’ va en esa dirección. Se pretende arreglar dos años de desgobierno económico de un plumazo. Como si la solución dependiera de medidas aparentemente contundentes que sólo retrasarán un poco más la salida de la crisis.

Recorte sanitario Gasto público