De cómo equivocarse siempre en el momento justo

Una de las polémicas más ácidas de la segunda mitad del siglo XX fue la que sostuvieron Sartre y el filósofo Castoriadis, célebre por editar la revista ‘Socialismo o Barbarie’. Esta publicación representó en su día uno de los primeros movimientos que desde la izquierda no socialdemócrata cuestionaron abiertamente el estalinismo. Y lo hizo, aquí está la novedad, a través de un discurso no dogmático basado en la autonomía del individuo.

En cierta ocasión, Sartre -sectario hasta la médula- dijo con sorna que Castoriadis siempre tenía razón, ‘pero en el momento equivocado’. A lo que el filósofo francés de origen turco le respondió: "Sartre siempre estuvo equivocado en el momento justo".

Al margen de la agria diatriba mutua, lo relevante de la polémica es que pone de relieve hasta qué punto entender el momento histórico es esencial para articular el discurso político. Pero este no es el caso español, enfrascado en toda suerte de corruptelas y de mediocridades que sólo añaden ponzoña a la salida de la crisis. La España clientelar, lejos de huir de viejos errores e inercias, los repite de forma sistemática. Probablemente, por un cierto desconocimiento de su propia historia, que ha demostrado hasta la saciedad que el favoritismo y la arbitrariedad sólo conducen al fracaso colectivo.

El mismo Consejo de Ministros que pone en valor la transparencia de las administraciones públicas, nombra como consejeros de Estado electivos a cuatro retirados de la política que además de cobrar sus dietas y engordar su currículum, asesorarán al Gobierno, lo cual resta credibilidad a cualquiera dictamen firmado por Tocino, Laborda, De Palacio y Michavila

Pero este Gobierno, como el anterior, lo olvida en ocasiones. Y sólo así se explica que en el mismo Consejo de Ministros en que se pone en valor la transparencia de las administraciones públicas, se decida nombrar como consejeros de Estado electivos -no permanentes- a cuatro retirados de la política que además de cobrar sus dietas y engordar su currículum, asesorarán al Gobierno, lo cual resta credibilidad a cualquiera dictamen firmado por Tocino, Laborda, De Palacio y Michavila, además del propio presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría, uno de los padrinos políticos del presidente Rajoy. Si el antiguo Consejo Real no sirve para nada, es mejor echar el pestillo para siempre.

Esta endogamia de la actividad política explica, igualmente, que el rey esté fuera de la ley de transparencia con un argumento peregrino que insulta ciertamente la inteligencia. Dice la vicepresidenta del Gobierno que la Casa Real no es pública ni privada, lo cual la convierte en una figura jurídica de carácter asexuado -ni carne ni pescado-.

Esta consideración digna de la monarquía imperial del Japón anterior a 1945 es, en realidad, el origen del ‘caso Urdangarín’, que refleja lo que sucede cuando una cierta sensación de impunidad es el caldo de cultivo ideal para todo tipo de podredumbres. Si el rey no forma parte del sector público, no tiene sentido que reciba asignaciones. Pero como sí las recibe, parece evidente que debe estar sometido al filtro fiscalizador. Otra cosa muy distinta es su inviolabilidad en términos penales, como proclama la Constitución,

Tanto dislate no tendría nada de particular si no fuera porque pasa factura no sólo en términos políticos y éticos, sino también económicos. Y sin duda que los graves problemas de déficit público que padece este país tienen mucho que ver lcon a calidad del sistema institucional, que es, en última instancia, lo que diferencia  a los grandes países de los que no lo son. Y el hecho de que un consejero de Hacienda, como el de Madrid, se equivoque en 1.000 millones de euros a la hora de contar lo recaudado; o que Fomento siga adelante con el proyecto de AVE Madrid-Lisboa pese a que las autoridades portuguesas han dicho que no se construirá ni un kilómetro más en su territorio, sólo pone de relieve la incapacidad de un cierta clase política para entender el tiempo que les ha tocado vivir. La verdad, como decía Gramsci, siempre es revolucionaria.

Despido fulminante

El caso del consejero madrileño Percival Manglano es, sin duda, el más relevante. Si fuera director financiero de cualquier empresa, hubiera sido despedido de forma fulminante por incapacidad manifiesta; pero ya se sabe que el sistema de responsabilidades no existe en el sistema político español, donde los causantes de tamaño desmán son promocionados dentro de su partido, y ahí está el caso de Ruiz-Gallardón, que ha dejado sin pagar facturas por más de 1.000 millones de euros. Su caso no es, desde luego, el único.  Decenas de políticos defenestrados tras las últimas elecciones generales o autonómicas forman parte del Congreso o del Senado en una suerte de incentivo inverso. No se premia la gestión sino el acatamiento.

El caso del consejero madrileño Percival Manglano es el más relevante. Si fuera director financiero de cualquier empresa, hubiera sido despedido de forma fulminante por incapacidad manifiesta; pero ya se sabe que el sistema de responsabilidades no existe en el sistema político español, donde los causantes de tamaño desmán son promocionados dentro de su partido, y ahí está el caso de Ruiz-Gallardón

Habrá quien piense que ‘pelillos a la mar’. Que la existencia de una baja calidad de las instituciones no cuesta dinero al erario público. Pero no es cierto. Detrás del nuevo zarpazo de los mercados  a la prima de riesgo española, se encuentra, sin duda, la escasa credibilidad de un sistema político -y esto afecta tanto a administraciones socialistas como del Partido Popular-, que un día dice que el déficit es del 6%; otro, del 8%, y, finalmente, del 8,51%. Y cuando están cerradas esas cuentas -así se comunica a Bruselas-, resulta que tampoco es verdad. La Comunidad de Madrid -el espejo en que se mira Montoro y por eso fichó a Beteta- dice que su déficit será mayor que el previsto, y nadie se cree las cuentas de Andalucía, la comunidad autónoma con más población del país, y cuyo presupuesto huele a patio de monipodio.

No se trata de un problema menor. La baja calidad del sistema político puede arruinar decisiones de carácter económico que van en la buena dirección.

Esta incapacidad del sector público para decir la verdad penaliza a la economía española, y ahí está el caso de la reforma del sistema financiero. El ministro De Guindos dijo en su día que la nueva ronda de fusiones no costaría un euro a los contribuyentes. Pero la realidad es bien distinta. La operación Unicaja-Caja España-Caja Duero- necesitará recursos públicos -por culpa de la legislación anterior- por cerca de 2.000 millones de euros, y es probable que no será la única fusión regada con dinero público.  Como dijo Manuel Conthe en 1994 tras desvelarse la implicación del Gobierno socialista en la creación de los GAL: ‘lo que habéis publicado [en El Mundo] nos ha costado 25.000 millones de pesetas’ en términos de prima de riesgo.

La baja calidad de las instituciones explica, como diría Ortega, buena parte de lo que nos pasa. Pero en lugar de profesionalizarse el sector público se opta por tirar de voluntarismo creando meros entramados jurídicos que no responden a su finalidad fundacional. Hoy la mayoría de las instituciones son simple cartón piedra que únicamente dan apariencia de legalidad, pero poca cosa más. Y eso resta credibilidad al discurso político. Y explica ‘lo que nos pasa’.