¿Chabolas en el Retiro? Las ‘hooverville’ de Rajoy

Existe un término que recoge mejor que ningún otro la tragedia de la Gran Depresión: hooverville.  La palabra brilló –lamentablemente- en los primeros años 30, y hace referencia al presidente estadounidense Herbert Hoover, bajo cuyo mandato el país se llenó de chabolas. Incluso se llegaron a instalar cientos de ellas junto al lago de Central Park y otros lugares emblemáticos de Nueva York.

Existen imágenes sobrecogedoras que reproducen la miserable vida de los moradores de estas villas miseria en medio de una terrible crisis que expulsó de sus casas a millones de norteamericanos. Las hooverville eran la representación del desgarro social y la viva representación del fracaso de las políticas económicas practicadas inmediatamente después de 1929 por la Administración Hoover tras el descalabro de Wall Street. Y fue, precisamente, el responsable de la campaña electoral del Partido Demócrata, Charles Michelson, quien puso el nombre a esos barracones: hooverville como representación del fracaso de la política social de un Gobierno.

La imagen de aquellos suburbios al pie de los rascacielos más imponentes y junto a los edificios más rutilantes de la época fue tan impactante que tras las elecciones de 1932, el nuevo presidente, Franklin D. Roosevelt puso en marcha un formidable entramado institucional -buena parte de él continúa hoy en pie- destinado a invertir el curso de la historia.

En España, por el contrario, el diseño institucional creado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no es que sea ineficiente. Simplemente, no existe, lo que ha derivado inevitablemente en un conflicto social. Las cifras de desahucios son demoledoras e impropias de un país civilizadoFruto de esa estrategia nació en 1934 la Administración Federal de la Vivienda (FHA según sus siglas en inglés), una agencia federal encargada de garantizar los préstamos que concedían las entidades privadas. No fue la única ni siquiera la primera. En 1932 se había creado un banco federal destinado a financiar la adquisición de viviendas, una especia de Banco Hipotecario,  mientras que, en paralelo, veía la luz la célebre Ley Glass-Steagall (1933), que prohibió a los bancos jugarse el dinero de sus clientes en operaciones altamente especulativas , separando la banca de inversión de la de depósitos. Es en este contexto en el que se creó en 1938 Fannie Mae, construcción fonética de Federal National Mortgage Association, destinada a asegurar la estabilidad y dar liquidez al mercado hipotecario.

Más tarde se crearían instituciones como la Administración para la Recuperación Nacional (NRA), que reguló las normas de conducta en la industria; mientras que la Agricultural Adjustment Act hacía lo mismo en el sector primario de la economía. Incluso se creó una institución como Sallie Mae destinada a financiar el sistema educativo, en particular becas de estudiantes, que de esta manera pueden acudir todavía hoy a la Universidad sin empeñar a toda la familia y dejarla a merced del banco de turno.

Republicanos y demócratas

Después de 1945 el espíritu de la New Deal se oscureció, pero aun así, un país tan liberal como EEUU creó en1970 otra institución clave en la política de vivienda: Freddy Mac (construcción fonética de Federal Home Loan Mortgage Corporation). Ningún inquilino de la Casa Blanca -republicano o demócrata- ha desmontado esta formidable arquitectura institucional en los últimos ochenta años, lo que da idea de su perdurabilidad. 

Fruto de ello, y de la enorme flexibilidad de la economía de EEUU para adaptarse a los ciclos económicos, el mercado de la vivienda norteamericano se ha recuperado en menos de un quinquenio del estallido de la burbuja inmobiliaria. Incluso Fannie Mae y Freddie Mac, que estuvieron en bancarrota por falta de liquidez, son hoy instituciones solventes que han ayudado a millones de familias a salir del atolladero. Aunque sus emisiones están garantizadas por el Estado, su financiación se hace en el mercado, lo que les obliga a una incuestionable disciplina financiera.

Se ha creado ese engendro que responde al nombre de Sareb -el ‘banco malo’- cuyo único objetivo parece ser que los precios de la vivienda no caigan más y así evitar que sufran los balances bancariosNinguna de las dos compañías -de capital abierto y cotizando en Bolsa-  presta dinero a sus clientes (lo hacen los bancos, las cooperativas de crédito u otras instituciones), pero sí intermedian en el mercado hipotecario garantizando operaciones, asesorando (también en el mercado de alquiler) o negociando con los acreedores para evitar un desahucio. Sin olvidar su influencia en la reducción de los costes del préstamo.

La prevención de los desahucios -sin esperar a que el juez ordene el lanzamiento- es, de hecho, una de sus misiones fundamentales. Sólo cuando la ejecución hipotecaria es irreversible, se vende la casa al mejor precio posible para el propietario, pero sin entregarla al banco para que se la adjudique en subastas inmorales.

Para completar la arquitectura institucional, un regulador, la Federal Housing Finance Agency se encarga de asegurar la liquidez y el buen funcionamiento de las instituciones. Mientras que hasta el FBI tiene una división especializada en reprimir el fraude hipotecario.

El resultado es que tras el estallido de las hipotecas suprime, el país ha salido adelante y las hooverville pertenecen al pasado. Algo en lo que ha ayudado, sin duda, la existencia de las llamadas GSE (Government-sponsored enterprises), de gestión privada pero de titularidad pública, que operan en los mercado secundarios de deuda mediante titulizaciones para impulsar el crédito entre sectores productivos que tienen difícil acceso a los bancos.

En España, por el contrario, el diseño institucional creado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no es que sea ineficiente. Simplemente, no existe, lo que ha derivado inevitablemente en un conflicto social. Las cifras de desahucios son demoledoras e impropias de un país civilizado. En 2012 se iniciaron en los órganos judiciales españoles nada menos que 91.622 ejecuciones hipotecarias, casi un 18% más que en un año antes. La comparativa entre los cinco años de la crisis (2008-2012) y los cinco anteriores (2003-2007) arroja un aterrador incremento de las ejecuciones hipotecarias iniciadas de un 369%, lo que supone un aumento medio anual de un 74%. Para las ejecuciones resueltas el incremento fue del ¡200%!, con media anual del 40%.

Una calamidad

¿Y qué han hecho los gobiernos para evitar esta catástrofe social? Pues simplemente nada. O muy poco, como se prefiera. El anterior fue una calamidad, pero este ha decidido ir a remolque de los acontecimientos, lo que explica que los desahucios se hayan convertido en un auténtico problema social. Precisamente, por la ausencia de instituciones que faciliten la resolución de los problemas. Y lo más preocupante es que esta falta de iniciativa se produce cuando era evidente que con un país de seis millones de parados y más de un millón de familias sin nadie trabajando, se iba a producir un crecimiento exponencial de los desahucios, que es, exactamente, lo que ha sucedido. 

Es más. Se ha creado ese engendro que responde al nombre de Sareb -el banco malo- cuyo único objetivo parece ser que los precios de la vivienda no caigan más y así evitar que sufran los balances bancarios. El Gobierno ha desaprovechado una magnífica oportunidad de hacer una auténtica política de vivienda poniendo a trabajar los activos inmobiliarios procedentes de la banca nacionalizada.

En su lugar, se ha optado por congelarlos en una institución de carácter financiero cuya única finalidad es que no se deteriore el precio de esos activos. ¿No es ridículo que la Ministra de Fomento no tenga nada que decir cuando se traspasan miles de viviendas públicas al banco malo procedentes de la banca nacionalizada?  Se olvida un hecho incuestionable: el país no podrá recuperar la senda de crecimiento económico hasta que no se vacíe el mercado inmobiliario de casas sin ocupar, se reanime el crédito hipotecario y se acelere la creación de empresas.

El diseño es todavía más  absurdo si te tiene en cuenta que el Gobierno no ha puesto en marcha ningún mecanismo para favorecer la liquidez en el mercado de la vivienda, lo que hubiera acelerado la salida de la crisis. Como ha puesto de relieve el BCE  hasta la saciedad, el problema de la política monetaria no es de liquidez (como sostiene el exconsejero del banco central González-Páramo, se están creando burbujas por la gran cantidad de dinero que las autoridades monetarias han tenido que suministrar a tipos muy bajos para hacer frente a la crisis), sino que se han roto los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y por lo tanto, la única forma de enfrentarse a este problema es crear canales  alternativos.

Expectativas optimistas

El acervo económico ha demostrado que tanto el mecanismo de transmisión de los bajos tipos de interés como los excesos de liquidez se contagian a partir de las expectativas optimistas de los compradores de vivienda sobre el incremento futuro de los precios.

El Gobierno ha desaprovechado una magnífica oportunidad de hacer una auténtica política de vivienda poniendo a trabajar los activos inmobiliarios procedentes de la banca nacionalizadaY en este sentido, la creación de un Banco Hipotecario con buena parte de los activos inmobiliarios de la Sareb sería una salida útil frente al absurdo actual, y que se manifiesta con toda su crudeza en unos datos que ofrecía esta semana la Defensora del Pueblo.

Según este estudio, diez mil viviendas de protección oficial en poder de las comunidades autónomas están vacías. La inmensa mayoría por falta de financiación, lo cual es un sinsentido de proporciones homéricas.

Hay dinero (el BCE presta hasta a Chipre) pero no llega a los ciudadanos por ausencia de los canales apropiados, lo cual pone de manifiesto la inconsistencia del sistema hipotecario. Sobre todo si se tienen en cuenta los ingentes recursos comprometidos por el Estado en la resolución de la crisis bancaria: 185.000 millones de euros a día de hoy, que contrastan con los 22.118 millones que, según el Fondo de Garantía de Depósitos, fue preciso movilizar para hacer frente a todos los episodios de crisis bancarias acaecidos en España entre 1978 y 2004, como refleja este extraordinario análisis del economista Antoni Garrido.

Sin duda que la bancarización que ha sufrido este país en los últimos años (nada menos que el 80% del crédito llega a través de las entidades financieras) está detrás de este fenómeno; pero también la falta de valentía política para romper el actual statu quo. Grandes corporaciones que con su capacidad de influencia doblegan la voluntad del Gobierno. Y el caso Sáenz –todavía en el cargo- no es más que un claro exponente.