Los verdaderos culpables de la subida de la luz

Merece la pena recordar que fue Hobbes quien advirtió que la esencia de la naturaleza es “la anarquía y la ley de la guerra”. Pero las pautas que guían al ser humano para evitar esta fatalidad, decía el filósofo inglés, también están insertadas en la naturaleza. Por eso, sostenía, “un Estado sin poder soberano sólo es una palabra sin contenido”.

Si cualquier observador imparcial hubiera analizado lo que ha sucedido en el sistema eléctrico español en las últimas décadas, habría llegado a la conclusión de que el autor del Leviatán, esa bestia marina, se quedó corto. La ausencia de planificación energética real (el verdadero poder del Estado para garantizar el suministro a unos precios razonables) ha convertido el recibo de la luz en una pesadilla para millones de hogares y en un lastre para la recuperación económica. Como decían hace algunas semanas los responsables de la industria automovilística, "el esfuerzo salarial que están haciendo los trabajadores se lo está comiendo la subida de los costes energéticos”. Y lo que no es menos importante: se deteriora día a día la imagen de un país incapaz de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.

Sería absurdo pensar, sin embargo, que el problema eléctrico es una responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy. Ni siquiera del anterior Gobierno pese a contar con ministros tan incompetentes como Montilla, Clos y Miguel Sebastián. Todos y cada uno de los gobiernos de la democracia han sucumbido ante el ‘lobby’ con más tradición y solera de España: la patronal eléctrica. El profesor Fuentes Quintana recordó en alguna ocasión que muchos informes del Ministerio de Industria llegaban a la mesa del Consejo de Ministros con el membrete de Unesa. Algo que explica que la industria del kilovatio haya sido donde mejor han estado engrasadas las 'puertas giratorias’. Las eléctricas son, de hecho, la dacha donde se retiran muchos políticos desvergonzados.

En cualquier otro país, esta grotesca política energética hubiera sido frenada por el regulador, pero es evidente que no se pueden pedir peras al olmo. Cuando el regulador es elegido por puro amiguismo o clientelismo político, ocurre lo que ocurre

También sería injusto, sin embargo, culpar al sector eléctrico del desastre. La luz ha subido un 70% en la última década por la baja calidad del regulador, convertido en una prolongación ridícula del Ministerio de Industria (como se observó en la guerra Enel-E.ON). Pero también por la absurda Ley Eléctrica de 1997, que a la luz, nunca mejor dicho, de lo que ha sucedido desde entonces (recurrentes déficits de tarifa al mismo tiempo que la factura subía de forma descomunal) ha sido un auténtico disparate. La ley que ahora se ha cambiado por otra que nace muerta, como se ha visto en los últimos días, y tenía párrafos impagables. 

Adiós, Estado, adiós

Aquella ley se asentaba en el convencimiento (es textual) de que “garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone”. Y continuaba: “No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico” (sic). Pocas veces se ha llegado a tales niveles de irresponsabilidad política.

Aunque el párrafo más extraordinario es aquel que anunciaba de forma ufana lo que sigue: “Se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional”. Como consecuencia de este planteamiento absurdo, el legislador dejaba meridianamente claro que “la planificación estatal queda restringida a las instalaciones de transporte, buscando así su imbricación en la planificación urbanística y en la ordenación del territorio”.

Josep Piqué -es bueno recordar a los autores de la infamia- era por entonces ministro del ramo, y desde entonces todo ha ido a peor. Apenas tres años después de promulgarse la ley, el sistema eléctrico comenzó a generar recurrentes déficit que el Estado ha ido trampeando. A ello ayudó, sin duda, la privatización total de Endesa, la gran empresa pública de producción de electricidad, que bien podría haber equilibrado el mercado con un operador dominante para evitar que el recibo de la luz se convierta en un activo financiero si más. Exactamente igual que sucedió en el mercado inmobiliario. Cuando los pisos se convirtieron en un casino, se creó una burbuja que todavía este país está pagando en forma de inaceptables tasas de desempleo.

La cuestión no es que exista un oligopolio eléctrico. Es verdad que Endesa e Iberdrola controlan el 60% del mercado de generación, pero en Francia y Bélgica hay casi un monopolio y el recibo no ha subido tanto. El problema es la existencia de un mix de generación irracional que hace descansar la producción en energías poco eficientes y caras

En cualquier otro país, esta grotesca política energética hubiera sido frenada por el regulador, pero es evidente que no se pueden pedir peras al olmo. Cuando el regulador es elegido por puro amiguismo o clientelismo político, ocurre lo que ocurre. Y eso explica la extraña sintonía y hasta connivencia de la pomposa Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con este Gobierno y con los anteriores (el nombre es lo de menos).

La Comisión, como se sabe, emitió a las 4:15 horas de la madrugada del viernes un comunicado de apenas cuatro párrafos en el que anunciaba que no validaba la polémica subasta de electricidad por concurrir “circunstancias atípicas”. Lo peculiar del caso es que no daba fundamento jurídico alguno. Es como si un juez envía a alguien a la cárcel sin señalar de qué se le acusa. Es verdad que la CNMC tiene ahora dos semanas para fundamentar su veto a la subasta, pero ¿qué sucedería si al final se descubriera que no ha habido nada anormal? ¿O es que la investigación tiene que encontrar necesariamente un culpable?

Mala planificación

Las centrales nucleares que cesaron su actividad por razones técnicas -lo que explica en parte la impúdica subida del recibo-, informaron de la parada, como procede, al Consejo de Seguridad Social, y desde luego la mala planificación meteorológica no es culpa de los 803 agentes con autorización para operar en el mercado de la energía. Un mercado, por cierto, que se parece más a una partida de póker que a una eficiente asignación de recursos, toda vez que hay más operadores financieros que productores y consumidores de energía. Y además con un evidente conflicto de intereses entre generadores y comercializadores.

Lo más curioso, con todo, es que se han celebrado hasta ahora 25 subastas de energía y Competencia nunca ha dicho nada pese a la escandalosa subida de la luz. ¿O es que nunca ha sorprendido a los señores consejeros nombrados por los partidos políticos que la luz siguiera subiendo pese al descenso de la demanda?, lo cual desafía la teoría económica. ¿O es que nunca ha llamado la atención que entre 2006 y 2011 el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles, según Eurostat, excluidos los impuestos, aumentara un 70%, mientras en la UE creció un 20%, y en el área euro un 13%? Hay algo todavía más irracional si se tiene en cuenta que la cobertura de demanda eléctrica se situó en 2012 en el 152%, lo que significa que sobra generación por todas partes. No hay, por lo tanto, un problema de oferta.

La cuestión, sin embargo, no es que exista un oligopolio eléctrico. Es verdad que Endesa e Iberdrola controlan el 60% del mercado de generación, pero en Francia y Bélgica hay casi un monopolio y el recibo no ha subido tanto como en España. El problema no es de número de players, sino de la existencia de un mix de generación irracional, como bien dice Daniel Lacalle, que hace descansar la producción en energías poco eficientes y caras, lo cual es un verdadero problema para un país cuya industria, precisamente, es intensiva en uso de electricidad: automóvil, cementeras o empresas cerámicas.

El disparate es todavía mayor si se tiene en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha tirado en los últimos dos años con pólvora del rey subiendo la fiscalidad a las eléctricas (gravando la generación o los residuos nucleares), como si las empresas (también a las que comercializan gas natural) no fueran a repercutir esos incrementos de la presión fiscal en el recibo. El despropósito es todavía mayor si se tiene en cuenta que España votó en su día en contra y trató de vetar la Directiva de Eficiencia Energética, todo un contrasentido, en un  país con una brutal dependencia energética que se sitúa notablemente por encima de la media europea.

El resultado de tanto disparate, como no puede ser de otra manera, es un sistema eléctrico que agujerea la renta disponible de las familias y lastra la creación de empleo. Y que deja en evidencia a los hermanos Nadal (Alberto y Álvaro), incapaces de resolver un desaguisado que ellos no han creado, pero que les viene demasiado grande.