La trampa de bajar salarios para ganar competitividad

La historia es antigua, pero merece ser rescatada para entender cómo, en ocasiones, decisiones profundamente equivocadas avivan problemas seculares. A finales del siglo XVIII, la parte más oriental de la isla La Española (donde hoy se aloja Haití) era una de las zonas más prósperas del Caribe gracias a la caña de azúcar.

Sobresalía la colonia francesa de Saint-Domingue, el único caso en la América esclavista en el que surgió una clase de plantadores negros totalmente libres. Esa comunidad llegó a crear la Societé des Amis des Noirs para ayudar económicamente a la revolución francesa y defender sus derechos.

El destino natural de ese grupo de emprendedores hubiera sido mezclarse con las clases altas e identificar sus intereses comerciales con los de los blancos. Pero no fue así. La burguesía francesa, celosa de que un grupo de negros les hiciera la competencia, procuró una y otra vez aislarlos y cerrar el camino de la manumisión, lo que significaba lisa y llanamente convertir en papel mojado una vieja ley, el Code Noir de 1685, que otorgaba la ciudadanía plena a los negros libertos.

La consecuencia de esa política de exclusión fue inmediata. Los plantadores mulatos y negros tuvieron que aliarse con sus vecinos de color más pobres y al final empuñaron las armas. No hace falta decir el resultado. Hoy la isla La Española es un territorio pobre en el que sigue pesando aquella decisión equivocada de un grupo de colonos blancos. Incluso, a muchos dominicanos se les ha retirado recientemente la ciudadanía por el simple hecho de que sus padres nacieron en la otra parte de la isla.

Algo parecido sucede en Europa. O mejor dicho, en algunos países de la Unión Europea, donde una política económica a veces suicida alimenta un proceso xenófobo de incalculables consecuencias. El resultado del referéndum en Suiza ha sido el último episodio, pero media Europa está jalonada de casos en los que ciudadanos sin ningún comportamiento racista en su vida cotidiana -honrados padres de familia que pagan sus impuestos- mutan políticamente porque ven amenazados sus salarios y sus empleos  por la competencia ‘desleal’ de trabajadores extranjeros dispuestos a vender su fuerza de trabajo por una cantidad muy inferior a lo que dictan las normas laborales.

Un par de datos explican de forma gráfica las razones de este fenómeno. El salario mínimo del país más pobre de la UE, Rumania, equivale a 174 euros, mientras que en el más rico, Luxemburgo, se sitúa en 1.921 euros al mes. O expresado en paridad de poder compra con el objetivo de tener en cuenta el coste de la vida. La diferencia es de cinco a uno (1.576 euros frente a 345).

La distancia es todavía mayor si la comparación se hace con ciudadanos de fuera del continente, principalmente de África subsahariana, donde las condiciones de vida son extremas. Y lo que ha sucedido hace unos días en la playa del Tarajal (increíble que no haya sido destituido ya el director general de la Guardia Civil por mentiroso o ignorante) es fiel reflejo de la situación. Repugna que Fernández de Mesa siga en el puesto.

Lo que mueve la pobreza

Esas profundas diferencias son las que explican, según la OIT, que el número de personas que migran por razones económicas en el planeta haya pasado de 154 millones en 1990 a 232 millones en 2013. Alrededor del 3% de la población mundial se ha visto obligada a cambiar de aires para encontrar un empleo.

Se está produciendo una batalla incruenta -y en la mayoría de las ocasiones silenciosa- entre quienes tienen un empleo y quienes carecen de él. Entre quieren tienen un salario y quienes están dispuestos a trabajar incluso más por menos dinero. Como se ve, un formidable conflicto social está en ciernes

La consecuencia, como no puede ser de otra manera, es que se está produciendo una batalla incruenta –y en la mayoría de las ocasiones silenciosa– entre quienes tienen un empleo y quienes carecen de él. Entre quieren tienen un salario y quienes están dispuestos a trabajar incluso más por menos dinero. Como se ve, un formidable conflicto social que está en ciernes y que puede estallar en cualquier momento de forma cruenta. Las guerras del futuro no serán las del agua o las del petróleo, como se pregona, sino la de los salarios.

Con razón,  Alemania, que ve las cosas venir antes que otras naciones, acaba de instituir un salario mínimo y no se le ocurre desmontar la negociación colectiva. Precisamente para evitar que la entrada de inmigrantes dispuestos a trabajar por cualquier sueldo y en la peor de las condiciones posibles (muchos de ellos españoles) dinamite desde dentro su mercado laboral.

La causa de este conflicto larvado hay que vincularlo al lento declinar del modelo social europeo en algunas partes de Europa, no en todas. En particular en países, como España, que han convertido el trabajo en una mercancía más, como si se tratara de un producto comercializable (una aspiradora, un vehículo o un saco de patatas) y por lo tanto sometido a las leyes de un mercado desnudo de ética y racionalidad.

Un craso error coherente con una política cortoplacista que no tiene en cuenta que bajar salarios o permitir contratar por debajo de unas tarifas razonables, deriva necesariamente en el debilitamiento del Estado social que proclama la Constitución. Al margen de las consecuencias políticas, como se verá dentro de muy poco en las elecciones europeas.

Y no estará de más recordar que detrás de ese modelo social se encuentran prestaciones tan esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones. Por lo que si se bajan los salarios de forma temeraria en realidad lo que se pone contra las cuerdas es el Estado de bienestar. Probablemente, el mejor invento económico de los últimos siglos. Hasta el punto de que el pacto estratégico entre la derecha y la izquierda ha permitido el periodo de paz más largo de la historia europea.

Teoría de las ventajas comparativas

El economista Robert Skidelsky, el gran biógrafo de Keynes, ha recordado que una de las claves de la Gran Depresión de los años 30 fue el proteccionismo a ultranza que se precipitó tras el hundimiento de Wall Street. En su escrito, ha sacado a colación una vieja proposición del profesor Samuelson en la que defendía el libre comercio basándose en la teoría de las ventajas comparativas, según la cual el comercio internacional siempre es beneficioso, incluso cuando un país puede producir más barato por el bajo coste de su mano de obra.

Esa es la trampa en que se ha metido la economía española. Bajar salarios compromete la financiación de las pensiones, la educación o la sanidad, y, como consecuencia de ello, ningún Gobierno tiene margen para bajar la presión fiscal, que recae, precisamente, en las clases medias que ven amenazado su salario

Samuelson, sin embargo, como recordaba Skidelsky, matizó al final de sus días esa teoría, y aunque dijo que se trataba de la más bella del mundo, cambió de opinión. Para el premio Nobel, la teoría de las ventajas comparativas (una especie de división internacional del trabajo que obliga a los países a especializarse) yerra si naciones como China, que puede combinar bajos salarios y tecnología occidental, copa el mercado. Entonces, sostenía Samuelson, el comercio provocará una baja de salarios en Occidente, y aunque es verdad que los productos serán un 20% o un 30% más baratos, lo cierto es que la rebaja no podrá compensar la caída de los salarios.

Esta es, precisamente, la trampa en que se ha metido la economía española. Bajar salarios compromete la financiación de las pensiones, la educación o la sanidad, y, como consecuencia de ello, ningún Gobierno tiene margen para bajar la presión fiscal, que recae, precisamente, en las clases medias que ven amenazado su salario.

Como se ve una espiral diabólica. Algo que explica la creciente desafección de buena parte de la ciudadanía contra todo lo que huela a política. Es evidente que la corrupción, la baja calidad de las instituciones o los sempiternos conflictos territoriales convierten a la política en un asunto ajeno a cualquier esperanza. Pero la sensación de que el mercado de trabajo ha derivado en una jungla es, sin duda, el origen de muchos conflictos sociales que tarde o temprano aflorarán.

¿Quiere decir esto que hay que restringir al máximo la entrada de inmigrantes para que no bajen los salarios? En absoluto. El error es considerar la inmigración el origen del problema y no la consecuencia de una mala política económica que desatiende el largo plazo.

Una explicación incauta de lo que ocurre se basa en pensar que cuando entran trabajadores extranjeros en un país decrecen tanto el empleo como los salarios, pero se olvida que su presencia no sólo determina la oferta de trabajo, sino también la demanda. Los inmigrantes consumen y tienen habilidades que los nativos no desarrollan, por lo que en muchas ocasiones no compiten por un mismo puesto de trabajo.

La clave, por lo tanto, es favorecer la inmigración –algunos lo han llamado la ‘ética de lo posible’– siempre que no se degraden las condiciones laborales en los países de entrada. Ya sea evitando bajar salarios sin tener en cuenta la productividad o precarizando el mercado de trabajo hasta convertirlo en una selva insoportable. Ordenando, al mismo tiempo, la globalización para que esas ‘ventajas comparativas’ del comercio mundial no sean desequilibradas.

El propio FMI, poco sospechoso de ser un agente del enemigo, ha dejado por escrito que la globalización sólo es posible cuando un país es capaz de garantizar que la apertura de su economía revierte en el conjunto de la sociedad y no sólo en una parte. Creando para ello una red de seguridad capaz de proteger a quienes pierden su empleo o ven reducir su salario por ese ejército de reserva que a veces es la inmigración.

De lo contrario, se hará verdad aquella vieja máxima que dice que un economista es alguien que conduce un coche a gran velocidad y que periódicamente -cuando hay crisis- mira por el retrovisor para saber cuántos cadáveres ha dejado en la cuneta. Y Marine Le Pen, puede ser la conductora.