¿Sirve para algo Rosa Díez?

‘El problema no es el poder. El problema es para qué sirve y cómo se utiliza’. Este axioma, clásico en los manuales de ciencia política, refleja con nitidez muchas de las dificultades de gobernabilidad de España. Quien lo ha alcanzado, tiende a considerarlo como un bien material que hay que preservar a toda costa, y eso explica el sesgo autoritario que ha recorrido históricamente el sistema político, incluso en periodos democráticos.

El poder no se comparte ni se fragmenta, viene a decir esa forma patrimonialista de hacer política. Y como consecuencia de ello, se ha generado una cultura no democrática –sin matices ni riqueza ideológica– en el ejercicio del poder que impide los pactos estratégicos entre partidos políticos más allá de los acuerdos puntuales para salvar una votación parlamentaria. Como sucede en todos los países de nuestro entorno.

Muy al contrario, la política de coaliciones se ejecuta en la mayoría de las ocasiones como un movimiento meramente táctico (ya sea con pactos dentro o fuera del Gobierno) destinado a engullir con el paso del tiempo al compañero de viaje circunstancial. Una especie de mal necesario que hay que tragar con la nariz tapada para asegurarse una mayoría parlamentaria suficiente. Pero cuando se presume que ya no es útil por razones internas, se da la patada al socio minoritario (normalmente convocando elecciones anticipadas) con el inconfesable propósito de succionar su electorado. Se capitalizan los éxitos, pero no los fracasos. Como diría el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo en expresión tremendamente gráfica: "Aceitunilla comida, hueso tirado".

La política en España es demasiado cainita y ramplona como para entender que hay espacio político suficiente para formaciones que responden a una parte del electorado perfectamente identificable

Es en este contexto en el que los partidos con vocación de ser bisagra –como el de Rosa Díez– nacen malheridos. Como antes le sucedió al CDS o a cualquier otra formación que haya aspirado a centrar a los partidos mayoritarios o a ocupar un determinado espacio político con la dignidad que merecen las minorías en un sistema democrático.

Y en coherencia con esta forma de actuar, la política en España se ha convertido en demasiado cainita y ramplona como para entender que hay espacio político suficiente para formaciones que responden a una parte del electorado perfectamente identificable (profesionales urbanos, asalariados de rentas bajas, ecologistas o pensionistas), y que cuando estos partidos desaparecen o se convierten en marginales por ausencia de influencia política, lo que se produce en realidad es un empobrecimiento del sistema parlamentario. En nombre del ‘voto útil’ se han cometido todo tipo de tropelías fumigando a las disidencias internas y externas. El ganador se lo lleva todo y quedan de esta forma anulados los contrapoderes, sin duda consustanciales a cualquier sistema político homologable, como ha demostrado desde hace dos siglos la democracia americana con todas sus imperfecciones.

El caso de Andalucía abunda en la misma idea. El movimiento táctico de Susana Díaz abriendo y cerrando una fugaz crisis con Izquierda Unida transmite la sensación de que la política de ‘usar y tirar’ coaliciones o pactos de legislatura sigue plenamente vigente.

Parece obvio que la líder del PSOE busca el mejor momento para convocar elecciones adelantadas y aprovechar el abotargamiento del PP en Andalucía para recuperar mayorías absolutas que han llegado a convertir la región en lo más parecido a un cortijo. Y eso pasa por echar a IU de los cenáculos del poder. La líder del PSOE andaluz tan sólo ha amagado ahora, pero dentro de muy poco es más que probable que se produzca la ruptura definitiva una vez que ya existe una primera excusa y la coalición está tocada de muerte.

Rubalcaba es el primer interesado en ello con el objetivo de recuperar los votos perdidos en la batalla del centro, donde se cuece la auténtica sangría del voto socialista. Y la propia Susana Díaz sabe que si algún día quiere dar el salto a Madrid, es necesario que no se identifique su figura política con la de aquella dirigente que dio poder y dinero a quienes asaltan supermercados o toman fincas para hacerse la foto. Y por eso el enfrentamiento con IU tiene mucho de pantomima, de excusa necesaria para romper el pacto. De lo que se trata ahora es de marcar diferencias aunque con ello se ponga en peligro la coalición.

El PSOE aparece de esta manera ante su electorado como un partido serio y responsable frente a los desharrapados de Izquierda Unida que quieren entregar viviendas sociales sin respetar el orden establecido. Algo que es todavía más importante si se recuerda que el voto de la federación andaluza va ser clave en las primarias socialistas. Y Díaz ya ha empezado a mover sus piezas. Aunque a primera vista pueda parecer la derrotada en esta historia, ya tiene argumentos para disolver la cámara andaluza en el momento que le parezca más oportuno. Probablemente, en mayo de 2015, coincidiendo con las elecciones locales y autonómicas.

En Ferraz, igualmente, se piensa que si se quiere gobernar en todo el Estado no se puede seguir teniendo socio de Gobierno al alcalde de Marinaleda y a ese grupo de iluminados que ha tomado IU en Andalucía (qué tiempos los de Diego Valderas como alcalde de Bollullos cuando ejercía de dirigente responsable). Incluido el propio Anguita, quien ha vuelto a sacar a colación su conocida teoría de las dos orillas. A un lado, los exégetas que disfrutan de la verdad revelada (él y los suyos); en el otro, los serviles del “sistema juancarlista”, como sostiene el excoordinador general de IU a través del Colectivo Prometeo. En situaciones como ésta, dice Anguita, lo valiente es “no aceptar la humillación e irse con dignidad”.

Como se ve, la cultura de la negociación sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia española, tanto para las mayorías como para las minorías. Ignorando, como decía el canciller Kissinger, que cuando en una negociación alguien saca a relucir principios o sumos valores éticos 'irrenunciables', en realidad lo que pretende con su estrategia es que no haya acuerdos. Los principios, por definición, no se negocian.

“¿Por 10 viviendas está ocurriendo esto?”, se preguntaba recientemente entre asombrado y perplejo un consejero del Gobierno andaluz. La respuesta es sencilla: las diez viviendas son una simple excusa para dar carta de naturaleza a un movimiento de mayor calado: la recuperación del centro político y la expulsión del sistema político de los partidos llamados a formar coaliciones de gobierno por su carácter de minoritarios.

Susana Díaz sabe que, si algún día quiere dar el salto a Madrid, es necesario que no se la identifique durante mucho tiempo como la compañera de viaje de quienes asaltan supermercados o toman fincas para hacerse la foto

Así es como se ha construido en España un sistema bipartidista que ha desterrado de la toma de decisiones a los partidos pequeños que representan determinados espacios políticos y que reflejan la realidad compleja del país. En paralelo, se ha generado un comportamiento perverso de autodefensa por parte de las formaciones minoritarias, siempre en el corredor de la muerte de la acción política por miedo a desaparecer ahogadas por las deudas (como le sucedió al PSP de Tierno).

El resultado de esta incapacidad para formalizar pactos estables que den mayor legitimidad a la acción de gobierno, es que los partidos minoritarios tienden a no comprometerse con ningún Ejecutivo porque están convencidos de que cualquier alianza o pacto acabará por aniquilarlos. Nace, de esta manera, un sistema político viciado en origen, toda vez que se liquida la cultura de la negociación entre los diferentes actores de la cosa pública, que en última instancia es la esencia de la democracia. Millones de votos se tiran directamente a la basura porque su influencia es prácticamente nula.

Este desprecio por las minorías explica que España no haya ensayado desde 1977 ningún Gobierno de coalición. Ni siquiera en los momentos más duros de la democracia. CiU –que alentó, no hay que olvidarlo, la ‘operación Roca’– pudo cumplir ese papel, pero al final aquel proyecto se fue a pique. El constitucionalista Francesc de Carreras lo ha achacado a que Pujol nunca quiso tener un ministro en el gobierno se Madrid para preservar la virginidad política catalana y no mancharse de ‘españolismo’, mientras que, al mismo tiempo, construía con mimo la actual identidad catalana (fer país).

Es muy probable que sea así, pero en todo caso pone de manifiesto la debilidad del sistema parlamentario por ausencia de contrapoderes internos en la acción de gobierno. Algo que es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que los propios partidos políticos funcionan al margen del ideal democrático. El líder se lo lleva todo y no tiene ningún incentivo para negociar. A lo mejor, ese es el problema.