Es noticia
¿Es Cataluña igual que Extremadura?
  1. España
  2. Mientras Tanto
Carlos Sánchez

Mientras Tanto

Por

¿Es Cataluña igual que Extremadura?

Tiene razón Montoro cuando sostiene que no hay que mezclar balanzas fiscales con financiación autonómica. El problema es que nunca lo había dejado tan claro

Foto: El ministro Cristóbal Montoro, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (Efe)
El ministro Cristóbal Montoro, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (Efe)

Tiene razón el ministro Montoro cuando sostiene que no hay que mezclar balanzas fiscales con financiación autonómica. El problema es que nunca antes lo había dejado tan claro. Ni siquiera cuando el PP estaba en la oposición y arreaba al Gobierno Zapatero porque se entregaba al Tripartito catalán. Tampoco el anterior Ejecutivo socialista lo admitía. Ni el anterior ni el anterior. Y eso explica el actual carajal autonómico, pasto de enormes dosis de demagogia y de populismo barato. En palabras de Quevedo, “unos gobiernan con sumas, otros con aforismos y conveniencias”.

El origen del desatino procede de un modelo de financiación prematuramente enfermo desde que en la última legislatura de Felipe González comenzaron a diseñarse mecanismo de suficiencia financiera -como proclama la Constitución- a la medida de la correlación de fuerzas existente en aquel momento en el parlamento. Es decir, a la carta de los partidos con capacidad de influencia real en lugar de haber incrustado la financiación de las regiones en el bloque de constitucionalidad. Y el hecho de que el interlocutor privilegiado en aquellas circunstancias fuera una formación nacionalista como CiU ha sesgado el resultado final. Al final, cuando la coalición nacionalista ha perdido su sentido de Estado, el sistema se ha venido abajo.

Aquella absurda disposición adicional -todavía en vigor- dice que “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las comunidades autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana». Todo un disparate político.

Manual de agravios

El resultado es que se ha erigido un manual de agravios autonómicos que ningún Gobierno con dos dedos de frente está en condiciones de atender salvo que busque la autodestrucción del Estado. Aunque lo paradójico es que esa circunstancia se ha producido por la incompetencia de los propios gobiernos centrales a la hora de desplegar reformas de calado constitucional. Ningún sistema político -y mucho menos uno como el español con escaso pedigrí democrático- está en condiciones de aguantar que cada cuatro o cinco años las comunidades autónomas -mirándose unas a otras de reojo para ganar votos- presionen al Gobierno central para mejorar su financiación. Es como si cada cierto periodo de tiempo el país se tumbara en el diván en busca de sus propias verdades económicas y territoriales.

El exministro Solbes habló en su día de que la financiación autonómica es un sudoku, pero los juegos matemáticos siempre tienen solución, al contrario que en la situación actual con la equivocada decisión del Gobierno de no tocar la Constitución. Probablemente movido por esa feroz tendencia al tacticismo que ha impregnado la política española desde épocas inmemoriales, y que se resume en ganar tiempo a la espera de que los problemas se consuman de muerte natural.

Ocurre, sin embargo, que al tiempo que reina la indolencia intelectual también crece el memorial de agravios, y se llega al absurdo de criticar como insolidarias, precisamente, a las regiones que más aportan a la cohesión territorial; mientras que los sistema forales (el problema no es el Concierto sino el cálculo del Cupo) salen indemnes del debate político. Lo solidario es recibir y no pagar.

La solución federal

Guste o no, sin embargo, lo cierto es que descentralización y uniformidad son, como dice el profesor López Casanovas, conceptos contradictorios y hasta antagónicos. Y precisamente, lo que propone la solución federal es evitar imponer una preferencia homogénea. Extremadura o Murcia (por poner dos ejemplos) no son lo mismo que Cataluña, Galicia o el País Vasco, y así le reflejó la propia Constitución instaurando distintas vías de acceso a la autonomía. Es más. Un mismo euro no tiene igual capacidad de compra en Madrid que en Zamora. Ni la lengua ni las instituciones propias son equiparables. Ni, por supuesto, el sentimiento de integración en una comunidad. No es mejor ni peor, simplemente es distinto.

El problema, sin embargo, no tiene nada que ver con el sistema de financiación. Un asunto menor de índole eminentemente técnica. Los datos de Hacienda han dejado meridianamente claro que ni Cataluña ni Madrid están en condiciones de quejarse por el reparto de los fondos públicos. El problema se produce aguas arriba, y tiene que ver con la ausencia de corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, que gastan, pero tienen escasas competencias en los ingresos, lo cual ha generado asimetrías evidentes, como ha aflorado con crudeza tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria con imponentes déficits autonómicos. Todos y cada uno de los gobiernos regionales han gastado más de lo que tenían por el hecho de que al final -un gobierno u otro- iba a pagar la factura, ya fuera del PP o del PSOE.

El resultado es un modelo de Estado insostenible y agujereado por tanta irresponsabilidad. Hasta el punto de que, como decía recientemente con buen criterio el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se penaliza a las comunidades autónomas que más ingresan. Una especie de incentivo negativo. Si una región recauda más, recibe menos fondos de la caja única, pero si sucede lo contrario -por la escasa actividad económica debido a la políticas erróneas- aumenta sus recursos.

Se olvida de esta manera que todo sistema político -inevitablemente con componentes territoriales- está anclado en un principio de lealtad institucional. O lo que es lo mismo, los impuestos que pagan los contribuyentes de un territorio son también, poco o mucho, de las instituciones que los representan en dicho territorio, y no sólo del Estado que los recauda. Ese es el fondo de la cuestión. Incentivar que los gobiernos regionales sean los responsables de sus ingresos y no dependan políticamente del maná del político de turno. Pero claro, para eso hay que cambiar la Constitución.

Tiene razón el ministro Montoro cuando sostiene que no hay que mezclar balanzas fiscales con financiación autonómica. El problema es que nunca antes lo había dejado tan claro. Ni siquiera cuando el PP estaba en la oposición y arreaba al Gobierno Zapatero porque se entregaba al Tripartito catalán. Tampoco el anterior Ejecutivo socialista lo admitía. Ni el anterior ni el anterior. Y eso explica el actual carajal autonómico, pasto de enormes dosis de demagogia y de populismo barato. En palabras de Quevedo, “unos gobiernan con sumas, otros con aforismos y conveniencias”.

Cristóbal Montoro Comunidades Autónomas