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La zafiedad a la hora de entender el uso de recursos entregados a los gestores en Caja Madrid-Bankia va mucho más allá que un atropello económico

Foto: Miguel Blesa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en abril (EFE)
Miguel Blesa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en abril (EFE)

Un proverbio chino sostiene que quien no entiende una mirada, jamás comprenderá una explicación. Esta sutileza explica mejor que ninguna otra cosa lo ocurrido durante años en Caja Madrid-Bankia, donde la zafiedad a la hora de entender el uso de recursos entregados a los gestores va mucho más allá que un atropello económico. Lo verdaderamente extraordinario es que sin la quiebra de la entidad nadie, o casi nadie, hubiera denunciado los desmanes en el juzgado de guardia.

Por supuesto que el despropósito no ha sucedido sólo en las cajas de ahorros, donde la ausencia de control interno y externo ha sido clamorosa. También buena parte del tejido productivo aparece contaminado por tanta basura sin que los accionistas de las empresas conozcan los excesos de sus ejecutivos. A veces se olvida que detrás de un corrupto siempre se esconde un corruptor. O lo que es lo mismo: hay quien aprieta el gatillo, pero todos los jueces de instrucción saben mejor que nadie que detrás del autor material de los hechos suele haber -cuando estamos ante el crimen organizado- un autor intelectual.

En el caso de Caja Madrid, el propio sistema de elección de los órganos directivos de las cajas, basado en la endogamia y en la cooptación a imitación del funcionamiento de los partidos políticos. En otros, una ausencia evidente de ética empresarial que lleva a pagar comisiones y mordidas para poder contratar con determinadas administraciones. Y que llega al extremo cuando los empresarios madrileños reeligen como su presidente a un sujeto como Arturo Fernández (miembro del consejo de administración de Caja Madrid) sin que les duelan prendas y sin que alguien haya pedido su cabeza.

La corrupción no es más que la consecuencia trágica y funesta de un problema moral. O ético, como se prefiera. Y España, al contrario de lo que ha sucedido en la cultura occidental, apenas ha hecho una crítica radical de los fundamentos en los que asienta su patrimonio moral

La corrupción, en este sentido, no es más que la consecuencia trágica y funesta de un problema moral. O ético, como se prefiera. Y lo cierto es que España, al contrario de lo que ha sucedido en la cultura occidental, apenas ha hecho una crítica radical de los fundamentos en los que asienta su patrimonio moral. Algo que explica la enorme permeabilidad del país hacia la corrupción, que no es otra cosa que el abuso del poder en beneficio privado. No sólo por parte de las élites políticas, sino de muchos sectores sociales que observan este fenómeno -ahí está la economía sumergida- como consustancial a la condición humana.

Sociedad civil y fraude fiscal

Probablemente, porque España entendió durante muchos años -los de la Dictadura- que había que ganar la batalla de la libertad (y así era), pero superado ese objetivo el país se olvidó de que la ética es, en realidad, la argamasa que cohesiona a una sociedad. Y no estará de más recordar que según el último barómetro del Instituto de Estudios Fiscales nada menos que el 27% de los españoles justifica de un modo u otro el fraude fiscal.

En su lugar, se ha construido una absurda teoría que parte del hecho de que todo lo que es legal es ético. Cuando ambos conceptos pueden llegar a ser totalmente antagónicos. Lo legal ocupa el espacio de la formalidad jurídica, pero lo ético atraviesa el articulado del código penal porque hunde sus raíces en conductas humanas sujetas al bien general. En última instancia, el fundamento sobre el que se construye el orden social.

Ese sistema tan garantista en lo formal es lo que explica, precisamente, la desidia de muchas organizaciones sociales y políticas cuando se enfrentan a problemas relacionados con la corrupción.

Se busca una respuesta basada en la ley –ahí están los grandes partidos discutiendo eso que llaman de forma teatral regeneración democrática–, cuando el daño social que genera la corrupción hay que encuadrarla en una cuestión moral. Y de hecho, la peor de las corrupciones no es la económica, sino la intelectual, la que lleva a justificar actos impúdicos, como ha sucedido en Caja Madrid.

El problema no es que los consejeros y directivos de Caja Madrid evadieran impuestos (eso es irrelevante en términos económicos), el problema es que alguien pueda considerar legítimo gastarse miles de euros en comidas o centros comerciales a cuenta de los clientes de la entidad, que en última instancia son quienes han pagado la fiesta. Obviando, como decía el economista James M. Buchanan, que el comportamiento individual está necesariamente restringido por normas éticas y morales.

Una cuestión individual

Buchanan sostenía* que el individuo no se comportaba de forma oportunista en cada una de las ocasiones mediante un simple análisis coste-beneficio. ‘Muchos no robamos’, decía, ‘aunque estemos seguros de que no haya posibilidad de descubrimiento, captura o castigo’. Es decir, una restricción individual –que desde luego no se ha producido en Caja Madrid– está detrás de los comportamientos éticos.

El problema no es que los consejeros y directivos de Caja Madrid evadieran impuestos (eso es irrelevante en términos económicos), el problema es que alguien pueda considerar legítimo gastarse miles de euros en comidas o centros comerciales a cuenta de los clientes de la entidadSe da, además, otra circunstancia ya denunciada hace más de un siglo por Michels cuando hablaba de la tendencia de las organizaciones sociales y, en particular, de los partidos políticos a inclinarse hacia oligarquías petrificadas. Y ese Gobierno de concentración que había en Caja Madrid a la hora de repartir las prebendas lo pone de relieve con una claridad pasmosa. Una especie de ley del silencio –Michels hablaba de una ley de bronce– que atraviesa a todas las élites representadas en su consejo de administración.

En el caso de las cajas de ahorros se daba, además otra característica. Se trataba de instituciones formalmente públicas -aunque no consolidaban en los Presupuestos Generales- pero, al mismo tiempo, funcionaban como entes privados. Esto quiere decir que carecían de los sistemas de control propios de la Administración (la Intervención del Estado), pero podían beneficiarse de que al no tener accionistas formales sus gestores podían hacer de su capa un sayo. Es decir, vivían en un mundo ideal para completar el álbum del buen delincuente. Incluyendo en esta categoría a los de carácter intelectual. Este sistema híbrido de gobierno corporativo es el que revela la amplitud del desmán.

Sin embargo, tantos años de impunidad sólo pueden explicarse por la anuencia de eso que pomposamente se denomina ‘sociedad civil’ que decía estar representada en los órganos de dirección de las cajas, pero que en realidad era una filfa regada con dinero público.

El ex presidente Richard Von Weizsacker –primer jefe de Estado de la Alemania unificada– lo explicó brillantemente en el prólogo de un libro: “Hacer frente a la corrupción no consiste en imponer a la fuerza una moralidad que nos convierta en santos. Se trata de detener el egoísta abuso de poder y de que los débiles tengan una oportunidad”.

*Ética y progreso económico. James M. Buchanan. Ariel Sociedad Económica.

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