El poder en la sombra que amenaza el Estado de derecho

El comentario lo hacía recientemente en privado un inspector de policía que conoce bien los entresijos del cuerpo: “Allí donde no llega la policía, llega el policía: el hombre de los trabajos sucios”.

Obviamente, se refería al comisario Villarejo. Pero su denuncia iba mucho más allá. Describía con amargura lo que sucede en la cabeza de la policía española, a quien comparaba con los dos cuernos de un toro. Su conclusión era que quien gobernaba las dos astas controlaba el morlaco. Y por lo tanto, el cuerpo del animal. Lo explicaba así.

Un reducido grupo de policías –los que han sido mano derecha de todos los directores operativos en las dos últimas décadas– se han hecho con el cuerpo a través de dos divisiones. La primera división, la de formación y perfeccionamiento, decide quién asciende y por qué; quién cobra dietas y quién no, o quién se queda varado en su carrera profesional. La otra, la UDEF (especializada en delitos económicos), se ha transfigurado con el tiempo –por supuesto no en todos los casos– en algo parecido a una correa de transmisión de los políticos que han gobernado este país con un interés indigno: desacreditar al adversario. Y todo ello en el marco de una estructura altamente jerarquizada incompatible con el sistema democrático para un cuerpo necesariamente ajeno a las estructuras militares.

Se ha creado un auténtico poder en la sombra capaz de desestabilizar gobiernos o partidos. Este es el problema de fondo

Es así como se ha creado un auténtico poder en la sombra capaz de desestabilizar gobiernos o partidos en la oposición. Este es, precisamente, el problema de fondo. Villarejo, al fin y al cabo, no es más que una anécdota –por amarga que sea– en la policía española.

La cuestión de fondo es de naturaleza política. Sólo en los regímenes autoritarios existe una policía con un fuerte componente partidista que realiza informes sin firmar que se filtran convenientemente a los medios de comunicación, y que funciona al margen de los cauces habituales. Sin duda, con la complacencia de algunos periodistas de dudosa moralidad que hoy callan las andanzas de Villarejo, cuando antes se presentaban ante la opinión pública como doncellas violadas ante tanta corrupción. ¿Por qué será?

El Partido Popular de Rajoy identificó bien este problema cuando, desde la oposición –lo recordarán bien el diputado Gil Lázaro, el director general de la Policía, Ignacio  Cosidó o Carlos Floriano–, se alarmaban por casos como el Faisán o Interligare o Sitel, donde de forma palmaria se ponía de manifiesto que una investigación policial se frenaba por razones políticas o simplemente se producían atropellos a los derechos civiles. Algunos de sus diputados lo denunciaron de forma vehemente en toda clase de tertulias hasta altas horas de la madrugada. Y sus máximos dirigentes hablaban sin tapujos de que se estaban produciendo de manera ilegal escuchas telefónicas a afiliados y dirigentes del Partido Popular.

La propia Esperanza Aguirre llegó a declarar en 2009: “Las escuchas, haberlas, haylas” y quien “las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el señor Rubalcaba”. Incluso, nada más llegar al poder Cosidó fulminó a la cúpula policial de la época Rubalcaba, lo que hacía presagiar que, por fin, aire fresco entraba en el mando policial -otra cosa son quienes se juegan la vida por poco más de 1.500 euros al mes-.

Hoy, tres años después de tanta vocinglería, pocas cosas han cambiado. Los nuevos mandos políticos han mimetizado viejas prácticas, como siempre amparándose en una supuesta ‘política de Estado’, y eso explica la impunidad con que se actúa. No hay Gobierno que se haya atrevido a airear un espacio que lleva tanto tiempo cerrado y que da náuseas. Probablemente, por un problema que va más allá de las supuestas fechorías que pueda realizar cualquier comisario, y que tiene que ver con la baja calidad de las instituciones.

Los nuevos mandos políticos han mimetizado viejas prácticas, como siempre amparándose en una supuesta ‘política de Estado’

La tibia respuesta del ministro del Interior a la hora de actuar –ni siquiera a estas alturas ha comparecido en el Congreso para tranquilizar a la opinión pública de todo lo que rodea al comisario Villarejo–, es el mejor exponente de la ausencia de voluntad política para resolver un problema que viene de lejos y que en democracia arranca en los repugnantes tiempos de Vera o Corcuera y la guerra sucia contra el terrorismo.

Sin embargo, a veces se olvida que los delitos realizados por policías tienen una especial gravedad. Sobre todo cuando atentan contra la esencia de la democracia representativa, articulada a través de los partidos políticos. No es casualidad que algo tan importante como la renuncia de un presidente –caso Watergate– tuviera que ver con las escuchas a un adversario político. Sin duda porque las libertades civiles y el derecho a la intimidad son el soporte sobre el que se sustenta todo el entramado institucional democrático. Y hoy son los propios representantes políticos quienes sospechan -lo dicen en privado sin pudor- que sus conversaciones están grabadas o que determinadas acciones policiales forman parte de alguna estrategia política con fines partidistas.

El asunto es todavía más grave si se tiene en cuenta que es habitual que los delincuentes utilicen en muchos casos plataformas civiles que en realidad forman parte de la misma corrupción. Cuando el legislador incluyó en la Constitución de 1978 –artículo 125– la figura de la acusación popular, su interés residía en que los ciudadanos participasen activamente en la Administración de Justicia para velar por el interés general, pero ese objetivo se ha desvirtuado de forma torticera con la aparición de supuestas asociaciones de juristas que en realidad forman parte del entramado delictivo. Lo que está en juego no es, ni más ni menos, que el sistema de libertades.