Los expedientes fiscales que Montoro no debería leer

No está claro que el ministro Montoro haya leído a Descartes. Pero lo que parece descartado, valga el retruécano, es que haya seguido al pie de la letra una frase memorable del filósofo francés, recordada hace pocos meses por el economista Agustín Maravall durante la recepción del Premio de Economía Rey Juan Carlos. Descartes sostenía que “para poder vivir bien” había que “vivir sin ser visto”.

Montoro ha hecho justo lo contrario. Ha llevado al límite –llegó a decir que la lista Faciani era sólo un ‘aperitivo’– la información que posee la Agencia Tributaria sobre muchos contribuyentes, y eso explica que el ministro de Hacienda se encuentre permanentemente en el disparadero.

Montoro es, sin duda, el político más ‘visto’ de este Gobierno, pero es, sobre todo, quien más ve. O quien más puede hacerlo, como se prefiera. No en vano, como le describió en su día José Antonio Zarzalejos, estamos ante una especie de capitán Wiesler de la película La vida de los otros. Wiesler, como se sabe, controlaba con la precisión de un funcionario de la Administración prusiana cada minuto de la vida de una pareja de disidentes del misterioso Berlín de la extinta RDA, donde el fisgoneo en aras de lograr determinados objetivos políticos formaba parte del mobiliario.

Montoro, parece obvio, ha llevado hasta sus últimas consecuencias un planteamiento muy discutible que él, legítimamente, defiende, y que no es otro que su derecho a conocer el contenido de las declaraciones tributarias de todos y cada uno de los contribuyentes. No es una hipótesis de trabajo ni una mera especulación. Él mismo lo dice en privado de forma descarada y sugerido en público, incluso en sede parlamentaria. Su argumento, en todos los casos, es el mismo.

Ningún artículo de la Ley General Tributaria habilita al ministro de Hacienda a conocer el contenido de las declaraciones fiscales de los españoles

Montoro considera que para hacer política fiscal es necesario conocer el contenido de ciertas declaraciones tributarias. Y suele poner como ejemplo que los gestores de la Hacienda pública difícilmente pueden conocer qué sucede con el Impuesto de Sociedades si el ministro del ramo no conoce en detalle los datos que las empresas proporcionan a la Agencia Tributaria. Montoro esgrime los mismos argumentos en el caso de las personas físicas.

Ocurre, sin embargo, que ningún artículo de la Ley General Tributaria habilita al ministro de Hacienda a conocer el contenido de las declaraciones fiscales concretas. Ni siquiera en el marco de la elaboración de la política fiscal.

Capricho del legislador

No se trata de un capricho del legislador, quien en la norma delimita claramente los supuestos –hasta 12– en que la Administración tributaria puede desvelar los datos de un contribuyente, en todos los casos en el marco de la lucha contra el fraude fiscal y siempre que el destinatario sea otra administración (la judicial, el Sepblac o la Intervención General del Estado). Ese cometido, en todo caso, está reservado a los inspectores de Hacienda o a quienes están autorizados a tramitar los expedientes, pero nunca al ministro, cuyas funciones constitucionales, obviamente, son muy distintas.

No parece razonable pensar que para diseñar los tipos de gravamen o la política de deducciones sea necesario conocer las tripas tributarias de un contribuyente. Otra cosa es que se conozcan de forma agregada, pero en ningún caso identificando al sujeto pasivo.

Ahora bien. También es cierto que en ningún artículo de la ley se prohíbe de forma taxativa esta posibilidad. Y a ello se agarra Montoro para ‘presumir’ en público de que sabe todo de la vida de ‘los otros’ gracias a sus competencias para husmear en las declaraciones de los contribuyentes españoles. Un hecho verdaderamente preocupante si se tiene en cuenta que el ministro de Hacienda –Montoro o cualquier otro– puede ser en determinadas ocasiones juez y parte de un procedimiento, toda vez que es la Agencia Tributaria quien realiza determinados informes que se envían al juez. Por ejemplo, en el ‘caso Bárcenas’, donde su partido está directamente implicado y la Agencia Tributaria ha hecho literalmente el ridículo comparando lo que hace el PP con las acciones de Cáritas.

Muchos ciudadanos desconfían, convencidos de que detrás de ciertas inspecciones se encuentra la larga mano del político

El asunto no es baladí. En unos momentos en los que los ciudadanos sospechan de todo lo que huela a política, ahí están las encuestas del CIS, parece razonable delimitar las funciones del ministro de Hacienda de turno. De lo contrario, es muy probable que muchos ciudadanos desconfíen, convencidos de que detrás de ciertas inspecciones o actuaciones de cualquier naturaleza se encuentra la larga mano de los políticos, lo cual sería incompatible con el sistema democrático. No hay que olvidar que las elucubraciones y las teorías de las conspiraciones forman de las señas de identidad de un país acostumbrado a divagar. Unas veces sin fundamentos y otras con argumentos rotundos.

El ‘soplo’ de Salgado

Cualquier ciudadano tiene legítimo derecho a preguntarse si cuando el anterior Gobierno –la ministra Salgado era un mero monigote– decidió por su cuenta ‘indultar’ a algunos nombres ilustres de la lista Falciani dándoles tiempo a regularizar su situación fiscal, fue una decisión de la Agencia Tributaria o de la ministra de Hacienda por razones exclusivamente de oportunidad política.

No es de extrañar, por lo tanto, que muchos ciudadanos sospechen por falta de transparencia. Y aunque el derecho al secreto tributario no tiene el carácter de ‘absoluto’, tampoco las competencias del ministro de turno respecto a asuntos de su departamento son ilimitadas. Y la aprobación de un viejo proyecto, como es la creación de un Estatuto de independencia de la Agencia Tributaria, es, probablemente, el mejor instrumento para evitar que el político de turno –el ministro o sus colaboradores cercanos– meta su nariz donde nadie les llama. Lo cual es todavía más necesario si se tiene en cuenta que este país continúa sin regular las actividades de lobby, algo más que necesario, y que explica que en demasiadas ocasiones se confundan los intereses privados con los públicos. Sólo la transparencia puede evitar la legítima sospecha de que las puertas giratorias se emplean de forma torticera.

No estaría de más, por eso, que ahora que el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley General Tributaria para poder publicar la lista de morosos, se definiera con exactitud hasta dónde puede llegar el ministro de Hacienda o cualquiera de sus subordinados a la hora de conocer el contenido de las declaraciones fiscales. Aunque probablemente lo mejor sea aprobar simplemente una norma con rango de ley en la que se defina de forma precisa qué puede ver el ministro y qué no puede ver. El país lo agradecería y ‘los otros’ dormirían más tranquilos.