Las auditorías de infarto y la insensatez de Ciudadanos

A los viejos partidos, dado su acostumbrado oportunismo ideológico, se les suponían altas dosis de irresponsabilidad política, pero sorprende que una formación nueva, o casi nueva, a la que se debe conceder necesariamente el beneficio de la duda, caiga en los mismos errores de insensatez  y populismo.

Ciudadanos, como se sabe, ha avalado, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, la creación de sendas comisiones de investigación sobre los últimos ocho años de gestión del Partido Popular. En principio, nada que objetar. Parece evidente que es una buena práctica política que los nuevos gestores ordenen escudriñar los expedientes administrativos por si se detecta la existencia de alguna irregularidad, y, en su caso, llevarla ante el juzgado de guardia. Sobre todo, cuando el PP, en las dos últimas décadas, ha monopolizado el poder en la región y ha puesto en marcha proyectos “megalómanos”, como por fin ha reconocido Esperanza Aguirre, que han supuesto dilapidar cientos de millones de euros.

La debilidad de los contrapoderes ha arrasado la política española prácticamente desde la Transición, lo que ha provocado un evidente déficit democrático

Prácticas similares se van a llevar a cabo en otros municipios y comunidades autónomas, lo cual es, igualmente, un ejercicio de transparencia loable y necesario. La debilidad de los contrapoderes ha arrasado la política española prácticamente desde la Transición, lo que ha provocado un evidente déficit democrático. Algo que explica la proliferación de casos de corrupción. En muchos casos, derivados de la existencia de lobbys repugnantes que han arruinado a la ciudadanía hasta crear ciertos espacios de impunidad que sólo por la crisis han saltado a la palestra. Es muy probable que sin recesión muchas de las tropelías cometidas nunca hubieran salido a la luz. Nada menos que unos 1.700 casos de corrupción contabilizados hasta la fecha.

Lo que sorprende, sin embargo, es que esa fiscalización de la cosa pública se presente a la opinión pública como una auditoría, cuando la ley, y hasta el sentido común, restringe el uso de ese término a instituciones -públicas o privadas- de carácter independiente. Precisamente, para salvaguardar el rigor analítico. Parece evidente que una auditoría realizada por el adversario político no cumple un mínimo de independencia. Sería lo mismo que poner a Javier Arenas a fiscalizar las cuentas de la Junta de Andalucía durante las tres décadas largas de gobierno socialista.

Pues bien, Ciudadanos ha respaldado la creación en el ayuntamiento de Madrid de una nueva subdirección general de Auditoría de Deuda y Políticas Públicas. Al frente de este departamento de pomposo nombre estará Álvaro Sánchez Martí, funcionario municipal, pero bajo la dirección política de la economista  Bibiana Medialdea, dirigente de Podemos, cuya militancia es evidentemente legítima, pero que por razones obvias está incapacitada para ejercer de censora de cuentas en el sentido legal del término.

Un esperpento

El esperpento es todavía mayor si se tiene en cuenta que el responsable de Hacienda de Madrid, el concejal Carlos Sánchez, ha dicho que “va a ser una auditoría de carácter ciudadano porque se va a evaluar la labor municipal en función de su impacto sobre la gente”. Se suponía que las elecciones se convocaban, precisamente, para eso, para evaluar la gestión de los gobiernos salientes y nombrar uno nuevo, pero ahora resulta que los madrileños van a engrosar en masa el cuerpo de interventores-auditores. Como dijo Sánchez, de lo que se trata es “que sea la gente la que hable y decida si un contrato financiero es lesivo o no para los intereses municipales”. El disparate en estado puro. 

El absurdo sube de tono cuando la alcaldesa Carmena ha dicho que en “uno o dos meses” estarán listas esas auditorias de infarto sobre miles de expedientes administrativos para un municipio con un presupuesto de casi 4.400 millones de euros. A las empresas del Ibex les saldría más barato contratar a los nuevos ‘auditores’ del ayuntamiento de Madrid y se ahorrarían mucho dinero en pagar los elevados emolumentos de las Big Four (Deloitte, EY, PwC y KPMG).

El caso es todavía más delirante en la Comunidad de Madrid, donde Podemos, PSOE y Ciudadanos han abierto nada menos que una 'causa general' (ellos mismos lo han calificado así) sobre los últimos ocho años de Gobierno conservador. El término 'causa general' puede parecer muy moderno, pero, como sabe la jueza Carmena, compañera de viaje de Podemos, inevitablemente retrotrae a la Inquisición.

Parece evidente que una auditoría realizada por el adversario político no cumple un mínimo de independencia

El proceso inquisitorial en el Santo Oficio se basaba, precisamente, como explicaba a sus alumnos el profesor Tomás y Valiente, en que la actividad indagadora (la comisión de investigación) al estar dirigida por quien ha de juzgar (la mayoría parlamentaria) determina la culpabilidad o inocencia del reo (los anteriores gestores). Es decir, la imparcialidad del juez, esencial en cualquier proceso penal moderno, no existe, por lo que esa práctica ha sido eliminada del ordenamiento jurídico, toda vez que nada tiene que ver con el Derecho, sino con la venganza. En este caso, política.

Pues bien, en la Comunidad de Madrid se ha decidido abrir una ‘causa general’, vieja expresión del Santo Oficio, en la que el reo no sabe de qué se le acusa, sino que será el propio tribunal indagador-sentenciador, quien manejará a su antojo el procedimiento sin que por medio exista el principio de contradicción.  En la Asamblea de Madrid esa mayoría del tribunal sentenciador está asegurada porque Ciudadanos, Podemos y PSOE han decidido que los acuerdos de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones “se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado, según el número de diputados con que cada grupo parlamentario cuente en el Pleno”. Por lo tanto, lo que se presenta como una comisión de investigación paritaria (tres miembros por partido) es únicamente un vendetta política.

El Partido Popular, en ese sentido, no hace más de que tomar su propia medicina. Allí donde ha tenido mayoría absoluta, y cuando se ha visto obligado a crear comisiones de investigación, ha hecho exactamente lo mismo, imponer el rodillo, por lo que quien a hierro mata, a hierro muere, que dice el saber popular.

El bisoño Aguado

En el caso de la Asamblea de Madrid, sin embargo, existe una particularidad. El punto 5 del acuerdo de investidura que en su día firmaron el líder de Ciudadanos, el bisoño Ignacio Aguado, y la presidente Cifuentes, obliga la realización de una auditoría “externa” de los últimos ocho años de Gobierno (¿por qué no doce o catorce?).

Parece evidente que ningún auditor externo puede hacer fiscalizaciones generales del sector público más allá de que se haga en alguna sociedad irrelevante que no forme parte de la espina dorsal de la Comunidad. Entre otras cosas, porque lo prohíben de forma taxativa las leyes.

El ordenamiento jurídico, y hasta la propia Constitución, deja bien claro que la fiscalización interna corresponde a la Intervención General del Estado, mientras que el control externo incumbe al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a las cámaras regionales de cuentas. Pero en ningún caso a empresas privadas. Es paradójico, en este sentido, que quienes pretenden salvaguardar el patrimonio público estén dispuestos ahora a poner en manos de auditores privados información sensible, como son los contratos que firma la Administración con proveedores particulares. O, incluso, los contratos laborales de los trabajadores del sector público. Y lo que lo no es menos sorprendente. Se pretende extender la mancha de aceite de la corrupción sobre cientos de funcionarios que ha visado esos contratos mediante la apertura de una ‘causa general’.

Es evidente, sin embargo, que es un ejercicio de transparencia y de salud democrática conocer qué ha pasado en los últimos años. Pero dejando bien claro que una cosa es la censura política y otra muy distinta el análisis riguroso de las cuentas públicas.

Para lo primero, lo mejor es crear una comisión verdaderamente independiente formada por expertos (como se hace en los países anglosajones más avanzados), y que posteriormente sean los partidos políticos quienes saquen legítimamente sus conclusiones. Por supuesto, llevando a los tribunales las irregularidades que se puedan detectar. Para lo segundo, basta con reforzar los medios de las cámaras de cuentas sacando de sus entrañas todo el politiqueo y el compadreo que rezuman, y que explica que sus miembros sean a menudo parte del problema y no de la solución.

Eso es, desde luego, mejor que caer en aquello que le decía un militar a Lawrence de Arabia: “Un hombre que dice la mentira, como yo, esconde la verdad; pero un hombre, como usted, que dice medias verdades, no sabe dónde está la verdad”.