Holgazanes

El próximo 5 de junio será un día especial en Suiza. Desde luego, no porque se vaya a celebrar un referéndum -algo habitual en el país-, sino por su contenido. Ese día, los suizos se pronunciarán sobre la propuesta (avalada por 125.000 firmas) para instaurar una renta básica equivalente a 2.500 francos (unos 2.281 euros al mes).

La cantidad puede parecer desproporcionada, pero hay que tener en cuenta que el salario medio suizo antes de impuestos asciende a 6.427 francos (5.866 euros). Es decir, la cantidad está en línea con el umbral de pobreza del país. En España, la línea de pobreza para los hogares de una sola persona se sitúa en 8.011 euros al año. O lo que es lo mismo, 667 euros al mes, casi la tercera parte que en Suiza.

La propuesta -que ha abierto una grieta entre las organizaciones de izquierda- no pretende convertir en holgazanes profesionales a los suizos, sino algo mucho más razonable. Redefinir el musculoso Estado de bienestar helvético a partir de una reflexión importante: las economías avanzadas sufren por la deslocalización empresarial y por la robotización de los procesos industriales, lo que obliga a desplegar elevados niveles de presión fiscal que penaliza la competitividad y desincentivan el empleo.

El resultado, como sostenía un profesor de Economía de la Universidad de Friburgo, en declaraciones a un diario suizo, es que hoy “no hay suficiente trabajo para todos. Eso es un hecho".  Y lo dice alguien en relación a un país que tiene menos del 5% de desempleo.

En opinión de los promotores del referéndum, las instituciones clásicas del Estado de bienestar -la cobertura del paro, los seguros de invalidez o la asistencia social- ya no son eficientes para resolver la caída momentánea de rentas derivada de una crisis laboral o de un problema de salud sobrevenido, y de ahí que se proponga un nuevo sistema más adecuado para los nuevos tiempos, toda vez que el actual todavía se basa en el modelo diseñado por el canciller Bismarck hace 150 años como respuesta a la primera industrialización.

Entre los especialistas hay un amplio consenso en que la gestión del Estado de bienestar consume muchos recursos (costes administrativos y de control del fraude en las subvenciones) que podrían destinarse, precisamente, a quienes más los necesitan.

El sistema excluye a quienes no son capaces de someterse a la compleja burocracia que se exige -por razones obvias- para recibir una prestación

Además, el sistema excluye a quienes no son capaces de someterse a la compleja burocracia que se exige -por razones obvias- para recibir una prestación. Incluyendo el hecho de que vivir de un sueldo del Estado provoca frecuentemente una desagradable estigmatización social que hace que muchos beneficiarios caigan en lo que suele denominarse ‘trampa de la pobreza’. Son los pobres ‘oficiales’.

De ahí que lo que se proponga es que esa renta básica sustituya a todas las demás ayudas sociales que concede el Estado. El Gobierno suizo se opone a la propuesta y calcula que costaría unos 25.000 millones de francos que, necesariamente, saldrían del pago de impuestos.

Prestaciones públicas

La idea de los promotores del referéndum no es original. En Finlandia (9,3% de paro) se ha puesto en marcha un programa piloto que consiste en entregar 550 euros al mes durante dos años a cambio de renunciar al resto de prestaciones públicas. El objetivo final es reemplazar todo tipo de subsidios pagados por el Estado a través de una renta básica universal de 800 euros.

Lo significativo, en este caso, es que la propuesta nace de un Gobierno de centro derecha y no de formaciones de izquierda empeñadas en incrementar el gasto público. El Gobierno, como sucede en Suiza, está convencido de que esta redefinición del Estado de bienestar es más eficiente y no convertirá en unos vagos a todos sus compatriotas.

Finlandia, de esta manera, hace buenos aquellos editoriales (demasiado cínicos) que publicó ‘The Economist’ -referente intelectual del liberalismo- al comienzo de la crisis de la deuda, cuando sostenía que no había que confundir pragmatismo con intervencionismo de los poderes públicos.

En la provincia canadiense de Ontario, el Gobierno ha diseñado, igualmente, un programa piloto que va en la misma dirección. Mientras que en Utrecht y otras ciudades holandesas se han anunciado medidas similares. Y es que, en contra de lo que habitualmente se cree, el debate sobre las rentas básicas no es nuevo. Ni siquiera tiene una raíz izquierdista.

El propio Milton Friedman, a quien nadie tildaría de socialista, reivindicó también un ingreso mínimo en forma de impuesto negativo sobre la renta

En 1969, Richard Nixon llegó a plantear una propuesta parecida. Probablemente inspirado por aquella máxima que puso él mismo en boga en 1971. ‘Ahora todos somos keynesianos’. El propio Milton Friedman, a quien nadie tildaría de socialista, reivindicó también un ingreso mínimo en forma de impuesto negativo sobre la renta (el mínimo vital está exento de tributación) como una manera de restringir el poder coercitivo del Estado en aras de incentivar la elección individual y la libertad de las personas.

También el senador McGovern, candidato demócrata a la presidencia de EEUU (su campaña fue el origen del Watergate), reclamó una renta básica para millones de estadounidenses. De hecho, esa posibilidad existe desde finales de los años 70 en el estado de Alaska gracias a los dividendos del petróleo. Alguien tan poco sospechoso de coquetear con los avances sociales como Sarah Palin apostó fuerte por esta opción elevando sus cuantías cuando era gobernadora.

La renta básica, en contra de cómo lo plantean algunos políticos españoles, no tiene que ver solo con el ensanchamiento del Estado de bienestar para combatir el aumento de la desigualdad derivado del paro, la competencia de las economías emergentes o la innovación tecnológica, sino también con una reordenación del sistema de protección social que hoy, parece evidente, está amenazado.

No es desde luego un gran descubrimiento. Pero a la luz de cómo se desarrolla el debate político en España da la sensación de que la financiación del Estado de bienestar es un asunto ya resuelto. La pobreza intelectual de los debates va en aumento y nada indica que en las próximas semanas se vaya a producir un giro radical. Todo lo contrario.

El paro que no cesa

España, como si fuera una isla del mundo, sigue hablando de sus propias vergüenzas y nimiedades: las 'esteladas' nuestras de cada año, la penúltima estulticia de Willy Toledo, la memoria del franquismo, los okupas, los titiriteros, el toro de la Vega, el último video de Rajoy, el diputado que ha robado 400 pesetas al erario público llamando a cobro revertido o la corbata de Iglesias que le regaló Ana Rosa Quintana. Todo es tan ridículo que si no fuera porque periódicamente la EPA nos recuerda que el país lleva 22 trimestres consecutivos con una tasa de paro superior al 20%, habría razones para pensar que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

Detrás de esta miseria intelectual se encuentra, sin duda, el sistema de partidos, que ha convertido la política en algo endogámico completamente alejado de la sociedad, como se puede observar con tan solo echar un vistazo al CV de los candidatos de todos los partidos. Impera la mediocridad y hasta la zafiedad, lo que explica que en lugar de provocar debates inteligentes, triunfe el chiste fácil o la frase ocurrente para desprestigiar al adversario político.

Los candidatos lo son, precisamente, no porque hayan sido capaces de crear puestos de trabajo en sus actividades profesionales; porque hayan contribuido a algún avance científico o porque sean líderes sociales capaces de cambiar el curso de los acontecimientos, sino, simplemente, porque son conmilitones de quien manda en el partido.

Algo que explica que la política se haya convertido en un patio de vecinos mal avenidos -de bronca diaria- en el que uno le recuerda al otro que saca la basura antes de tiempo o que pone la música demasiado alta a altas horas de la madrugada. Sin duda, asuntos de enorme transcendencia que el resto del mundo se está perdiendo.