Rajoy inventa la investidura en diferido y abre un debate constitucional

Tenía razón León Tolstói cuando afirmaba que “todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. Este aserto puede explicar mejor que ninguna otra cosa la tentación de Rajoy de no acudir al debate de investidura si no obtiene garantías de que de allí -en ese acto solemne- saldrá elegido presidente del Gobierno.

El presidente en funciones, como se sabe, rehusó tras el 20-D acudir al debate porque entonces tenía la certeza de que lo perdería. Y eso mismo, como en el aserto de Tolstoi, es lo que ha sugerido este jueves tras entrevistarse con el jefe del Estado. Rajoy se niega a cambiar de discurso, al menos de forma evidente. Tampoco el resto de partidos. Todos se ven legitimados para exigir que el resto cambie, pero eso no pasa por ellos.

Lo dijo el presidente en funciones con calculada ambigüedad desde el palacio de la Moncloa: “Estoy dispuesto a gobernar con 137 diputados, que no es lo mismo que ir a la investidura con 137 diputados”. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estaría dentro de lo lógico, a tenor de sus palabras, que si, finalmente, no obtiene con carácter previo el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista (en forma de abstención o de voto afirmativo) renuncie a acudir a la sesión de investidura para no salir derrotado.

Si esto sucede, se abriría una crisis de alcance constitucional. Entre otras cosas, porque la propia presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha dejado este jueves meridianamente claro (y así lo publicará el BOE), tras entrevistarse con el rey Felipe VI, que el monarca no le había hecho un encargo informal. Todo lo contrario. Pastor dijo claramente que el encargo se hacía al amparo del punto primero del artículo 99 de la Constitución, que obliga al candidato (Rajoy ya lo es formalmente tras el encargo del Rey) a presentarse al debate para ganarse la confianza de la Cámara baja. No se trata, por lo tanto, de un “periodo de reflexión”, como sugirió Rajoy hace unas semanas antes el bloqueo político.

El artículo 99 de la Constitución obliga al candidato (Rajoy ya lo es tras el encargo del Rey) a presentarse al debate para ganarse la confianza de la Cámara baja

Ese artículo dice, textualmente, que después de cada elección, el Rey, tras entrevistarse con los líderes políticos, “propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Eso es lo que ha hecho el monarca en la figura de Rajoy.

No se trata de un encargo informal o meramente protocolario. Ni mucho menos un mandato para abrir negociaciones con el resto de fuerzas políticas como pudiera interpretarse tras las palabras del presidente en funciones. Es un encargo taxativo y perfectamente delimitado, como refleja el punto dos del citado artículo 99 de la Constitución. Ese artículo dice que “el candidato propuesto [Rajoy] conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.

Obsérvese que la Constitución habla de “expondrá” y “solicitará”, no dice “podrá exponer” o “podrá solicitar”, como se matiza en otras disposiciones de la Carta Magna en las que se deja abierta una cierta ambigüedad a la hora de la actuación de los poderes públicos. Por lo tanto, y salvo una interpretación ulterior del Tribunal Constitucional, Mariano Rajoy está obligado a presentarse a un debate de investidura y la presidencia del Congreso a convocarlo.

La Constitución habla de “expondrá” y “solicitará”, no dice “podrá exponer” o “podrá solicitar”, como se matiza en otras disposiciones de la Carta Magna

Otra cosa es que renuncie si comprueba con carácter previo que no tiene apoyos suficientes, pero entonces se estaría ante un nuevo escenario muy distinto. El candidato dejaría de serlo de forma automática y se tendría que abrir otra ronda de consultas con los líderes políticos. Sobre esta posibilidad, no hay ninguna previsión constitucional ni ley alguna que lo regule. Todo quedaría en una mera interpretación de la Carta Magna. Parace evidente que a nadie se le puede obligar a subir a la tribuna de oradores si no quiere. Pero entonces se entraría en el proceloso ámbito de la política ficción.

Ahora bien, no hay fechas. La previsión constitucional es muy taxativa cuando habla de que a partir de la primera votación del debate de investidura (y en caso de fracasar el intento también en la segunda) hay dos meses para seguir negociando; y si no hay acuerdo, se disuelven las cámaras.

No dice nada, sin embargo, sobre cuánto tiempo debe transcurrir para convocar el debate de investidura desde el encargo del Rey (este jueves 28 de julio). Ni siquiera lo establece el artículo 170 del reglamento del Congreso, que deja en manos de la Cámara fijar la fecha. ¿15 días, un mes, dos meses....? En un país tan tasado constitucionalmente, y que deja paso a pocas interpretaciones, un asunto tan relevante se deja a beneficio de inventario.

El referente más cercano es el de la anterior legislatura, cuando el expresidente del Congreso Patxi López, dio un mes para negociar, y que Pedro Sánchez y Albert Rivera aprovecharon para cerrar un acuerdo que finalmente salió derrotado. Y es que en los debates de investidura, también hay vencedores y vencidos.Y Rajoy lo sabe.