Libertad de voto para los diputados socialistas

Es muy conocido que Karl Loewenstein, el constitucionalista alemán, sostenía que los sistemas de representación habían sido tan decisivos para el desarrollo político de Occidente como lo han sido para la humanidad la máquina de vapor o la electricidad. Sin ese avance, sugería, el mundo estaría hoy dominado por aquella inactividad propia de los Estados Generales anteriores a la revolución francesa. Cuando el Estado absolutista estuvo 75 años sin reunir a los representantes de los distintos estamentos en beneficio y provecho del rey.

Fue la revolución francesa la que entendió que el núcleo del Estado constitucional no solo era la libre elección de los representantes políticos, sino que, además, pasaba por la libertad de voto de quienes habían sido elegidos por la soberanía popular para evitar, precisamente, la contaminación de la democracia a través de los célebres ‘cahiers de doléances’. De lo contrario, se estaría ante una especie de absolutismo disfrazado de poder popular. En palabras del propio Loewenstein, “el poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración”. Lo que quiere decir que cuando no está limitado se transforma en “tiranía y en arbitrario despotismo”. 

Como se sabe, el previsible debate de investidura –que se celebraría dentro de una semana y media– ha abierto un vivo debate en el Partido Socialista sobre qué deben hacer sus diputados: si abstenerse para facilitar el nombramiento de Rajoy o, por el contrario, votar ‘no’.

Como parece evidente que los socialistas no están en condiciones de afrontar unas terceras elecciones, se han puesto sobre la mesa diversas opciones. La abstención pura y dura de los 85 diputados por mandato directo del Comité Federal; una abstención parcial del grupo parlamentario (eligiendo por sorteo a los ‘agraciados’) o, incluso, como proponía en estas páginas Ignacio Varela, forzar que once diputados socialistas se ausenten del hemiciclo en el momento de la votación para posibilitar la reelección de Rajoy.

Lo curioso de todas estas propuestas es que todas ellas parten de un principio que no solo vulnera el espíritu y la letra de la Constitución que todos dicen defender, y que prohíbe de forma taxativa el mandato imperativo, sino que es una agresión al Estado liberal del que surge el constitucionalismo moderno. Una suerte de regreso al despotismo del que ya alertaba Stuart Mill: “Un buen despotismo es un ideal completamente falso, y en la práctica la más insensata y peligrosa de las quimeras”.

Todo indica, sin embargo, que el Partido Socialista camina en esa dirección. Desaprovechando una ocasión inmejorable para reivindicar el mejor parlamentarismo, que es aquel en el que los representantes de la soberanía popular, con independencia de criterio, actúan de acuerdo con sus conciencias y no son simples brazos de madera que aprietan el botón en función de lo que diga el jefe de filas. En definitiva, aquel que pone al individuo, al ciudadano, en el centro de la acción política, y no a los estamentos o a las castas.

Cuando hay una oportunidad de demostrar que los diputados tienen personalidad, se impone el cerrojazo. Como ya ha ocurrido en otras votaciones

Soluciones excepcionales

Se dirá que una votación tan relevante como es la elección del presidente del Gobierno es demasiado importante para dejarla al libre albedrío de los diputados, pero parece evidente que unas circunstancias excepcionales -y las actuales lo son- deben afrontarse con soluciones también excepcionales. Máxime cuando el Partido Socialista está dirigido actualmente por una gestora -necesariamente provisional y transitoria- con escasa o nula capacidad de dirección política más allá de asuntos formales.

Lo mismo que un Gobierno en funciones está atado de pies y manos para tomar decisiones políticas, tampoco una gestora –con enorme capacidad de influencia sobre el comité federal (y viceversa)– está en condiciones de proponer decisiones estratégicas que marcarán el futuro del partido a medio plazo.

Es curioso, en este sentido, que casi todos los partidos reclamen una reforma de la ley electoral destinada a que haya listas abiertas que permitan a los ciudadanos elegir –total o parcialmente– a sus representantes, ahora enmascarados tras las siglas del partido. Pero cuando hay una oportunidad de demostrar que los diputados tienen personalidad, se impone el cerrojazo. Como por cierto ya ha ocurrido en otras votaciones transcendentales (guerra de Irak, aborto…) pisoteando el mandato constitucional.

Lo mismo que un Gobierno en funciones está atado de pies y manos, tampoco una gestora está en condiciones de proponer decisiones estratégicas

Es evidente que hay razones muy fundadas para que muchos diputados socialistas opten por la abstención y permitan que de una vez por todas haya Gobierno –los intereses generales siempre son más importantes que los de cualquier partido–, pero no es menos obvio que también hay argumentos de sobra para votar ‘no’. Aunque solo sea porque ese era el compromiso que había adoptado el PSOE con sus votantes. Solo por eso, debe ser cada diputado quien decida su posición, porque de otra manera se estaría ante el regreso al Estado absolutista, donde los estamentos no eran más que la correa de transmisión del poder del monarca.

El propio Tribunal Constitucional ha dictado desde 1980 diversas sentencias en las que recuerda que “los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos”, y por eso ningún cargo elegido por sufragio puede ser revocado.

La voluntad de los electores

Como tampoco puede ser obligado a votar una cosa u otra en función de los intereses del partido. El propio Tribunal Constitucional (STC 27/2000) ha admitido que la voluntad de los electores articulada mediante un programa electoral, como es el que presentó el PSOE tanto el 20-D como el 26-J, tiene y debe tener relevancia constitucional. O lo que es lo mismo, los representantes del pueblo –los diputados– están amparados para “ejercer efectivamente el mandato electoral confiado, mediante la adopción de cuantas medidas legislativas consideren que responden al compromiso electoral asumido”.

Desde un punto de vista práctico, incluso, la libertad de voto es la mejor manera de que el PSOE recupere su autoestima, arrastrada por los suelos por la incompetencia de Pedro Sánchez para ordenar el debate político en el seno de su partido, en última instancia la principal tarea de un líder político.

Ordenar, sin embargo, no siempre es sinónimo de imponer. Ordenar también es canalizar el debate político con argumentos. Y desgraciadamente el ‘nuevo’ PSOE de la gestora es tan incapaz como el anterior de expresarse con claridad ante sus electores.

En su lugar se ha optado por una estrategia vergonzante –solo se expresan libremente quienes piden el ‘no’– para acabar proponiendo la abstención en el último minuto, cuando hay sólidas razones para defender esa posición desde posiciones de progreso. No solo porque el PSOE no está hoy en condiciones de afrontar unas nuevas elecciones, sino porque un pacto con el PP –que guste o no ha ganado las elecciones– le daría a los socialistas tiempo para salir del agujero. El liderazgo sin arrojo político no es más que pura superchería.

Pocos reclaman que sean los diputados quienes tengan la última palabra. Por lo visto, es mejor que sigan siendo títeres del teatro del absurdo

Ese debate abierto y franco es el que se echa en falta entre los socialistas, lo que sin duda empobrece el parlamentarismo español y fomenta la partitocracia. Es decir, la ocupación del espacio político por los partidos en lugar de por los representantes de la soberanía popular.

En su lugar, se habla de apelar a los afiliados, al Comité Federal, a los barones regionales o, incluso, a los electores para que den su opinión sobre una decisión evidentemente transcendental. Pero pocos reclaman que sean los diputados quienes tengan la última palabra. Por lo visto, es mejor que sigan siendo títeres del teatro del absurdo.