La virreina Soraya y su misión imposible

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría tiene una oportunidad histórica. Embridar el Estado autonómico. Hacer más política sin agotar la vía de los recursos e impugnaciones

Foto: La vicepresidenta del Gobierno y nueva ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno y nueva ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)

La figura del adelantado ha sido muy estudiada en la historiografía medieval. En síntesis, era la persona que realizaba un encargo en nombre del rey dentro de sus territorios. Esta función era habitualmente encomendada a las clases privilegiadas de la sociedad medieval. En particular, la alta nobleza castellana y los miembros de la familia real en razón de su sangre.

Soraya Sáenz de Santamaría (1971) es castellana, de Valladolid, pero, no tiene sangre real. Sin embargo, tiene para sí algo más relevante. La soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo, a través del Parlamento, quien elige al presidente del Gobierno. Y Rajoy –guste o no– la ha designado para gestionar la política territorial en unos momentos especialmente convulsos. El sistema autonómico y las pensiones, de hecho, serán los asuntos centrales de la nueva legislatura que ya ha echado a andar.

Sáenz de Santamaría, como los adelantados del siglo XIII, tiene relevancia no tanto por el cargo que ostenta, vicepresidenta única, sino por el cúmulo de competencias que le han sido atribuidas por el ‘monarca’ en cuestión. Una especie de virrey -o virreina- que representa los intereses de la soberanía popular por mandato del presidente del Gobierno. Conviene no olvidarlo en unos tiempos en los que se pretende deslegitimar la democracia representativa para volver al vasallaje anclado en el territorio o en la asamblea. Como si uno de los logros del Estado-nación surgido después de la Revolución francesa no hubiera sido, precisamente, la libertad individual (donde descansan los derechos) no sujeta a ningún territorio concreto.

Sáenz de Santamariá y Montoro en rueda de prensa. (EFE)
Sáenz de Santamariá y Montoro en rueda de prensa. (EFE)

El hecho de que Sáenz de Santamaría haya asumido todas las competencias en materia de política territorial tiene una doble lectura. El ministro Montoro –a quien nunca le han gustado los temas autonómicos y se ha centrado más en los hacendísticos– ha perdido poder. Y aunque seguirá presidiendo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, será la vicepresidenta quien maneje la Conferencia de Presidentes, y, sobre todo, la coordinación de las competencias de las administraciones territoriales.

O lo que es lo mismo, el mapa autonómico deja de ser un problema contable (la pasada semana admitía en privado el ministro Montoro que no entendía por qué su departamento debía resolver cuestiones jurídicas como los recursos de inconstitucionalidad) y se convierten en un problema político. Sin duda, una buena decisión.

Nación de naciones

Entre otras cosas, porque en los últimos años la renuncia del Estado a ejercer sus competencias en algunas comunidades autónomas ha alimentado sandeces como que España es una ‘nación de naciones’. El profesor Tortella ha sostenido que esta idea nació en ‘La Nacionalitat Catalana’, un opúsculo publicado en 1906 por Prat de la Riba en el que niega la unidad de España y pone los cimientos de lo que a la postre sería el nacionalismo catalán.

Acierta Rajoy cuando se acerca a la cuestión autonómica desde la política y no solo desde la solvencia de las cuentas públicas o el litigio continuo

Sin embargo, ha sido el ensayista Anselmo Carretero, referente del expresidente Zapatero, quien más ha teorizado sobre el concepto de ‘nación de naciones’,  mercancía que ahora ha comprado Pedro Sánchez para acercarse a Podemos, y que la nueva dirección del PSOE, con buen criterio, ha despreciado.

Asegura Carretero que en España nunca hubo una sola Reconquista, sino que convivieron varias sin ninguna conexión entre ellas, destrozando así el mito de un Don Pelayo victorioso. Sostiene que en paralelo con la batalla de Covadonga se inició otra revuelta en los Pirineos Orientales, dando origen a la actual Cataluña –la Marca Hispánica del Imperio carolingio–. Al mismo tiempo, se habrían producido otras tres reconquistas: la vasco-castellana, la navarra y la aragonesa, en zonas escasamente romanizadas y no conquistadas por los musulmanes. Este sería el origen de esas nacionalidades. Es decir, todo lo contrario a una España uniforme y cristianizada como habría pretendido la Historia oficial. Carretero reivindica a Ortega, quien advertía que “el secreto de los grandes problemas españoles está en la Edad Media”.

Y recuerda que ya en 1962 los socialistas españoles exiliados en México -él era miembro de la dirección en el exilio- utilizaban con asiduidad la locución ‘nación de naciones’. El propio Carretero acredita que en 1976 -muerto ya el dictador- el XXVII Congreso del PSOE discutió una propuesta de la Agrupación socialista de México en la que entre otras cosas, y habida cuenta de que España no era más que “una comunidad de pueblos o nación de naciones”. En coherencia con este argumento, la Federación (española) debería estar formada por quince regiones históricas: Galicia, Asturias, León, Castilla, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura, Toledo y La Mancha, Murcia, Valencia, Baleares, Andalucía y Canarias.

Mariano Rajoy, en Moncloa. (Reuters)
Mariano Rajoy, en Moncloa. (Reuters)

Sáenz de Santamaría deberá enfrentarse en su nuevo mandato a esta concepción medieval de la España contemporánea, y acierta Rajoy cuando se acerca a la cuestión autonómica desde la política y no solo desde la solvencia de las cuentas públicas o desde el litigio permanente. Justo lo contrario de lo que ha practicado en los últimos años.

Ausencia de política

Uno de los grandes errores del presidente en la anterior legislatura fue enfrentarse a la complejidad territorial únicamente desde el conflicto legal, judicializando cuestiones que son de naturaleza política. Algo que explica la proliferación de litigios entre el Estado y sus territorios (en ambas direcciones). Nada menos que el 86% de los 144 recursos y conflictos todavía pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional se han generado entre 2012 y 2016, lo que da idea de la ausencia de política en favor del conflicto legal.

Sin duda, porque la apelación a la ‘cuestión nacional’ sigue siendo un buen caladero de votos. Ya sea cuando algunos gobiernos nacionalistas reivindican una patria fantasmagórica que ni existe ni se la espera, o cuando el Gobierno central pretende aparecer como el guardián de las esencias, lo que alimenta el inmovilismo político en busca del voto más conservador. Siempre receloso a los cambios. Es en este contexto en el que han florecido las posiciones más radicales, que han acabado por orillar a los discursos matizados y constructivos.

Uno de los grandes errores del presidente en la anterior legislatura fue enfrentarse a la complejidad territorial únicamente desde el conflicto legal

La ausencia de espacios de negociación para embridar el carajal autonómico, ni siquiera han funcionado en muchos casos las comisiones bilaterales, es clamorosa. Probablemente, porque ningún Gobierno de la democracia ha sido capaz de enfrentarse a una cuestión fundamental, como es la reinvención del Senado como una cámara territorial y no de segunda lectura.

La Conferencia de Presidentes, en este sentido, corre el riesgo de ser un simple parche propagandístico sino se acompaña de medidas efectivas y duraderas en el tiempo que Sáenz de Santamaría debe diseñar, y que deben plasmarse en una nueva cámara legislativa a partir del dictamen que hizo hace algunos años el Consejo de Estado en tiempos de Rubio Llorente. Llevar los conflictos autonómicos al Congreso es un despropósito que solo ayuda a enfangar la vida política, como de forma palmaria demuestran los diputados de ERC o de Bildu. El Congreso no es una cámara territorial aunque sus miembros sean elegidos en circunscripciones provinciales.

En todo caso, lo que es evidente es que las nuevas competencias de la vicepresidenta suponen un cambio transcendental en su trayectoria política. Si en la pasada legislatura, ejerció de gestora de las políticas públicas mediante una labor de coordinación de los distintos ministerios, ahora tiene la oportunidad de hacer 'su' política. No solo con recursos e impugnaciones se defiende la Constitución. Es su oportunidad.

Mientras Tanto

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