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Bankia, el populismo judicial y la mano que mece la cuna

El caso Bankia entra en una nueva fase. Se convierte en asunto penal algo que solo tiene que ver con la mala gestión de la crisis financiera. Los jueces sucumben al populismo

Foto: Foto: Reuters.
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Lo dice con cierta sorna un veterano inspector del Banco de España: “Imaginemos que un teniente le dice a un coronel lo que hay que hacer en medio del fragor de la batalla, y este, en lugar de seguir sus recomendaciones, hace lo contrario. ¿Estaría prevaricando?”, se pregunta.

Nuestro interlocutor plantea otro dilema. “Si un banco [el Popular] presenta unos beneficios de 105,4 millones en 2015, y al año siguiente pierde 3.580 millones, ¿de quién es la culpa? ¿Del Banco de España, de la CNMV o del auditor? O simplemente de que la contabilidad es muy subjetiva y, por lo tanto, está sujeta a todo tipo de interpretaciones".

Es evidente que el inspector se refiere a la decisión del Banco de España de autorizar la salida a bolsa de Bankia en la primavera de 2011 sin ponderar los correos del inspector José Antonio Casaus. Su impresión es que la vía penal hubiera entrado en vía muerta si en su día el regulador hubiera sido más transparente, y en lugar de dar la callada por respuesta hubiera motivado de forma razonada sus decisiones.

No lo hizo, y eso explica que el próximo interrogado (imputado), muy probablemente, vaya a ser el economista Vicente Salas, miembro de la comisión ejecutiva del Banco de España en aquellos días. Precisamente, el órgano en que se cuecen las grandes decisiones. Ángel López Roa, el director de la tesis doctoral de Rodrigo Rato, ya no forma parte de ese órgano, clave para entender todo el proceso de reestructuración del sistema financiero. Y no tendría sentido imputar al gobernador y al subgobernador (además de otros cargos de la CNMV) y no al resto de miembros de la comisión ejecutiva, que es donde se toman las decisiones.

Eduardo SegoviaEduardo Segovia

Hay, sin embargo, una cosa clara. Fuentes de absoluta solvencia han descartado que los célebres correos —en los que se desaconseja la salida a bolsa— llegaran alguna vez a la comisión ejecutiva del banco. Ni mucho menos al consejo de gobierno, un órgano de representación completamente ajeno al día a día del regulador. Es decir, que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha imputado a la cúpula del Banco de España sin tener constancia de que esos correos 'tan esenciales', según los magistrados, llegaron alguna vez a manos de la comisión ejecutiva.

Casaus (que hoy es jefe de división) era en aquel momento jefe de equipo de Bankia, una especie de inspector de cabecera, y como tal tenía fundados conocimientos sobre las tripas de la entidad, pero en todo caso era un mando intermedio (el teniente al que no hizo caso el coronel). Y fue al calor de la enorme libertad que tienen los inspectores a la hora de comunicarse entre ellos utilizando los dispositivos oficiales del banco central, cuando decidió escribir los correos. Los recibieron tres o cuatro inspectores, pero también Pedro Comín, hasta el martes director general adjunto de Supervisión.

Una doble recesión

El hecho de que Casaus escribiera esos correos dice mucho de su celo profesional, pero el auto de la Audiencia Nacional peca de un error soberbio. Los tres magistrados, muy finos en cuestiones de técnica jurídica, parecen obviar el contexto económico en el que Bankia salió a bolsa, y que explica la catástrofe posterior. Los magistrados ignoran de forma clamorosa, por ejemplo, que en España hubo una doble recesión a partir de 2011. El año inmediatamente anterior a la salida a bolsa de Bankia, el PIB avanzó poco, es verdad (los célebres brotes verdes de Salgado), pero lo cierto es que la economía creció un 0,2% interanual.

El cambio de tendencia se produjo a partir del primer trimestre de 2011, cuando ya la economía retrocedió en términos trimestrales un 0,4%, lo que parecía indicar —y así ocurrió— que España se encaminaba a una nueva recesión. No es baladí ese trimestre porque es, precisamente, sobre el que se formularon las cuentas de Bankia. Y lo razonable hubiera sido en ese momento parar la salida a bolsa y pedir un rescate financiero.

En su lugar, se optó por la fuga hacia adelante. Máxime cuando un equivocado decreto de Elena Salgado -que en esta historia se ha ido de 'rositas'- premiaba a las cajas que salieran a bolsa frente a las que pudieran captar capital. Algo que puso a muchas cajas de ahorros al pie de los caballos ya que no tenían ninguna posibilidad de encontrar nuevos recursos. Salgado decidió, con la abstención del PP en este decreto, no en otros, que las entidades cotizadas tuvieran un 8% de capital sobre recursos propios. Mientras que en las no cotizadas este porcentaje subía al 10%. Un claro incentivo perverso que estimulaba operaciones de alto riesgo como la de Bankia. Un error, pero no un delito.

Eduardo SegoviaEduardo Segovia

En medio del aquelarre contra la escasa credibilidad de la economía por los dramáticos errores de Zapatero (la prima de riesgo estaba por encima de los 300 puntos básicos y no había quien prestara un euro a la muy endeudada banca española), Salgado y Fernández Ordóñez tenían dos opciones para aumentar los recursos propios de Bankia y cumplir con las exigentes normas de Basilea, reforzadas tras estallar la crisis: vender gratis el conglomerado de cajas a otra entidad financiera —sus ingresos recurrentes caían en picado a causa de la morosidad, como denunció Casaus— o acudir a una gigantesca ampliación de capital, lo que se hizo a través de una operación de venta de acciones.

Lo primero es lo que se hizo en el caso de la CAM ('lo peor de lo peor", según memorable frase de Fernández Ordóñez) o el Banco de Valencia, que se vendieron gratis total, respectivamente, al Banco Sabadell y la Caixa a cambio de que el Estado asumiera las cuantiosas pérdidas a través de los llamados esquemas de protección activos (EPA), que han costado miles de millones a los contribuyentes. En aquel momento, no era una decisión fácil de tomar, habida cuenta del enorme déficit público (98.227 millones en 2010) y del aumento del endeudamiento, lo que impedía a España, precisamente, acudir a los mercados para financiarse. Y Bankia no era una entidad cualquiera.

El derrumbe de la acción

La segunda opción, captar capital a través de la potente red de oficinas de Bankia y presionar al resto de entidades para que entraran en la operación (como hizo el Gobierno), es lo que se ejecutó. El banco salió a bolsa con el resultado conocido, lo cual se agravó porque, en contra de toda lógica económica y de gobierno corporativo, el Gobierno permitió que quienes habían entrado como accionistas institucionales pudieran vender al minuto siguiente, lo que aceleró el derrumbe de la acción. Desastre total.

El mayor error, en todo caso, fue incorporar a minoristas en un proceso de alto riesgo, al igual que se hizo de de forma absurda cuando previamente se colocaron preferentes entre clientes legos en la materia. Pero eso no tiene nada que ver con un proceso penal. Lógicamente, a menos que alguien pueda demostrar un contubernio de la CNMV, la dirección del Banco de España, la auditora Deloitte y la alta inspección del banco central para engañar a pobres accionistas con escasa educación financiera para obtener 3.100 millones de euros.

Fotografía de archivo de Rodrigo Rato el día de la salida a bolsa de Bankia. (EFE)
Fotografía de archivo de Rodrigo Rato el día de la salida a bolsa de Bankia. (EFE)

Es decir, una especie de conspiración general con un objetivo no conocido, ya que ninguno de los ex altos cargos investigados se lucró del proceso. Ni siquiera está judicialmente acreditado que las cuentas de Bankia hubieran sido falseadas en favor de alguien. 'Cui prodest?', que dice el viejo proverbio latino. Una mala decisión, pero no una estafa.

Eso quiere decir que la respuesta a la pésima gestión tiene que ver con la política. Y en concreto, con la penosa actuación de la ministra Salgado y su lugarteniente Campa, además del propio Zapatero, obsesionados con demostrar que el sistema financiero español era solvente. Y también con el Banco de España, que adoptó una decisión equivocada. La obsesión en aquellos días de Fernández Ordóñez era que la crisis le costara lo menos posible al contribuyente y no acudir al rescate del sistema financiero. En aras de ese objetivo, el banco central, según contó en su día Jose Luis Olivas, presidente de Bancaja, un banquero poco de fiar, obligó a aquella fusión en frío, que en realidad fue un infierno.

Una decisión no explicada a los contribuyentes por ese miedo escénico que tiene el Banco de España a la libertad. A la transparencia. A revelar las actas de sus reuniones, como hacen los banqueros centrales de medio mundo.

El gobernador Linde, no parece casual la publicación del artículo, sugirió hace unos días en el diario 'El País' la necesidad de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera. Podría haberlo dicho antes y los contribuyentes se hubieran ahorrado cinco años de espera y mucho dinero en procedimientos judiciales que muy probablemente no irán a ninguna parte. El ministro de Economía, Luis de Guindos, estaría encantado. El tiempo dirá si sirve para algo.

Mientras Tanto

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