El Banco Popular, la CNMV y las mentiras arriesgadas

El pasado jueves, 11 de mayo, a las 17:12, este periódico publicó una noticia firmada por el periodista Agustín Marco titulada "Saracho encarga la venta urgente del Popular a JP Morgan y Lazard”. La información —contrastada con varias fuentes informativas— tuvo una respuesta inmediata por parte del Banco Popular. Exactamente, a las 21:08.

A esa hora, el consejero y secretario del consejo de administración, Francisco Aparicio Valls, envió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que decía textualmente: “En relación con la noticia difundida hoy en un medio digital [sin citar la identidad], Banco Popular Español S.A. desmiente categóricamente que haya encargado la venta urgente del banco”. El hecho relevante finalizaba con una advertencia: “El banco se reserva el derecho de emprender las acciones legales pertinentes”.

El pasado martes, 16 de mayo, tan solo cinco días después del primer comunicado a los mercados, el secretario del consejo del Popular envío a la CNMV otro hecho relevante. En el comunicado, se supone que con el respaldo del presidente de la entidad, Emilio Saracho, se puede leer lo siguiente: “Diversas entidades se han manifestado interesadas en explorar una posible operación de esa naturaleza con el Banco Popular”. Y como consecuencia de ello, se añade en el hecho relevante, “se ha procedido a un primer intercambio de información con ellas y se ha solicitado una muestra de interés preliminar para el día de hoy [por el martes] para, en su caso, continuar analizando una posible operación”.

En el hecho relevante, el Banco Popular no aclara qué entiende por una “posible operación”. Tan solo sugiere que la entidad “sigue desarrollando su planes, negociando la realización de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades”. Conviene explicar que el propio Saracho explicó en la junta de accionistas del banco, celebrada el 10 de abril, que había dos opciones: acudir a una nueva ampliación de capital o, por el contrario, proceder a una operación corporativa. Es decir, a una fusión o una venta a otra entidad.

El propio presidente lo reconoció personalmente a este periódico en una entrevista telefónica mantenida el mismo día 11 de mayo, al filo de las nueve de la noche, tras publicar El Confidencial que el Banco Popular había encargado a JP Morgan y Lazard, “llevar a cabo los contactos necesarios con los potenciales compradores”, como sostenía la información.

Una realidad palmaria

La posible venta o fusión del Popular tomó carta de naturaleza el día 16. Tan solo cinco días después de la primera información. Toda la prensa —ahora sí— publicó el interés de varias entidades (se cita al Banco Santander, BBVA y Bankia) en la adquisición del Banco Popular.

Opinión

Banco Popular: las urracas se comen al espantapájaros

Carlos Sánchez

Es verdad, como dice el dicho, que el tiempo quita y da razones. Pero sorprende que en apenas cinco días lo que antes era “falso” se convierta en una realidad palmaria.

Durante esos cinco días, la CNMV se ha limitado a publicar en su página web los hechos relevantes remitidos por el Banco Popular. Sin rechistar y, ni siquiera, pedir aclaraciones a la entidad sobre un hecho concreto y preciso nunca desmentido por el banco: el mandato verbal para que JP Morgan y Lazard actuaran en representación de la entidad en búsqueda de un comprador. Si lo hubiera hecho, los inversores habrían podido conocer que el día 5 de mayo el Banco Popular había hablado con los dos bancos de inversiones, y el conocimiento de aquella conversación formal hubiera sido muy útil al mercado.

La CNMV se ha limitado a publicar en su web los hechos relevantes. Sin pedir aclaraciones sobre un hecho concreto nunca desmentido por el banco

Lo cierto es que el día 10 de mayo las acciones de la entidad cotizaban a 0,84 euros, mientras que el 16 de mayo, cuando ya se había admitido la existencia de contactos, los títulos del banco valían 0,69 euros. Por lo tanto, un descenso de casi el 18% que va contra los accionistas del banco.

El artículo 82 de la ley de mercado de valores dice textualmente que el contenido de la información que se traslada al mercado a través un hecho relevante debe ser “ veraz, claro, completo y, cuando así lo exija la naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no induzca a confusión o engaño”. Es más, la ley obliga a los emisores de valores a difundir la información en sus páginas web.

Confundir al público

La norma solo permite retrasar la difusión de esa información cuando la entidad [en este caso el Popular] “considere que la información perjudica sus intereses legítimos, siempre que tal omisión no sea susceptible de confundir al público y que el emisor pueda garantizar la confidencialidad de dicha información”.

No parece que se haya cumplido ninguna de esas premisas. La acción del Popular subió un 9,04% el día 10, es decir, un día antes de que El Confidencial revelara la existencia del mandato verbal, con un volumen de contratación extraordinario: 137 millones de acciones. Incluso el día 5 de mayo, fecha en que se dio el mandato verbal sin publicidad alguna, la acción del Popular subió un 8,85%, con un volumen también muy alto: 94 millones de títulos. Subida sorprendente, habida cuenta de que ese día no se produjeron noticias relevantes.

Los gestores de la CNMV, muy al contrario, sí que se fijaron en el medio de comunicación que publicó, como es su deber, la información

Es evidente que hay razones para pensar que el emisor —el Banco Popular— no fue capaz de garantizar esa 'confidencialidad' que exige la ley. La CNMV, sin embargo, que se sepa, nunca ha pedido explicaciones públicas al emisor.

Los gestores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, muy al contrario, sí que se fijaron en el medio de comunicación que publicó, como es su deber, la información.

El director general de Mercados, Rodrigo Buenaventura, envió el pasado 12 de mayo un requerimiento al director de este periódico en el que pedía —dando por hecho que El Confidencial está sujeto a la jurisdicción de la CNMV, al tratarse de un operador del mercado— que revelara cómo se logró la información y la identidad de las personas que intervinieron en su publicación. Es decir, que lo que parece interesar al supervisor es conocer cómo se enteró el medio de la noticia y no la identidad de quien oculta información relevante al mercado. No en vano, lo que era mentira el 11, era verdad el 16 de mayo.

Este interés del supervisor por obviar lo importante y fijarse en lo irrelevante no es nuevo. De hecho, está detrás del enorme agujero que ha provocado en la economía española la crisis financiera, aunque desde luego no solo por la CNMV. El supervisor bursátil, por ejemplo, que inicialmente había prohibido comercializar participaciones preferentes entre clientes minoristas porque se trataba de activos complejos, cambió repentinamente de opinión tras estallar la crisis, y esa mala decisión —como el tiempo ha demostrado— acabó por arruinar a muchas familias.

Vigilar el mercado no es lo mismo que actuar como un funcionario con manguitos del siglo XIX que solo hace acuse de recibo de los hechos relevantes

La CNMV tampoco pidió explicaciones a Bankia cuando algunos medios de comunicación —entre ellos El Confidencial— advertían antes de la salida a bolsa de que el conglomerado de cajas fusionadas deprisa y corriendo por el Gobierno y el Banco de España era una operación de alto riesgo. Este periódico, de hecho, sufrió fuertes presiones de los anteriores gestores de Bankia para que no se publicaran determinadas informaciones. Sin embargo, se publicaron, porque es la obligación del periódico. Pero eso no es óbice para que determinadas conductas de algunos operadores de mercado sean cuestionadas por el supervisor.

Vigilar el mercado no es lo mismo que actuar como un funcionario con manguitos del siglo XIX que simplemente hace acuse de recibo de los hechos relevantes que se le envían para su publicación. Supone, incluso, pedir explicaciones y publicar los resultados de sus pesquisas para que el público sepa quién miente y quién no lo hace. Supone, en una palabra, hacer bien el trabajo encomendado por las leyes. No es el caso. Ni de unos ni de otros.