Guardias civiles vs. 'mossos': lo que la verdad esconde

Los terroristas no entienden de derecho administrativo ni de competencias. Las ineficiencias y los fallos tienen que ver con que no se ha avanzado en cerrar la España autonómica

Foto: Efectivos de seguridad en la manifestación por los atentados de Cambrils. (Reuters)
Efectivos de seguridad en la manifestación por los atentados de Cambrils. (Reuters)

André Maurois, el francés que mejor entendió a los anglosajones, sostenía que era más difícil crear ideas que palabras. Eso muestra, decía con cierto pesar el héroe de la resistencia intelectual contra la Francia del Gobierno de Vichy, el éxito de los filósofos, capaces de arrastrar a las masas con su habla, pero poco dados a lanzar ideas propias útiles para transformar la realidad.

La política española tiene mucho de ello. Como el resto de democracias, se ha construido sobre la palabra, pero la capacidad de transformar el discurso en acción es algo más que limitada. Eso explica que viejas cuestiones que debían estar en vías de solución –al menos para dos o tres generaciones, como sugería Ortega para la cuestión catalana– sigan hoy dominando la vida pública. En particular, la política territorial. O, más en concreto, las competencias entre los distintos poderes públicos, todos ellos legitimados democráticamente por las urnas.

Los brutales atentados de la última semana en Barcelona y Cambrils, en este sentido, han aflorado un viejo sentimiento jacobino en amplias zonas de la población, que, casi 40 años después de la vigencia de la Constitución, continúan pensando que el diseño del mapa territorial fue un inmenso error. Y la prueba que se ofrece es la gestión de la crisis por parte de los Mossos, cuyo perímetro de actuación, según el Estatut, abarca la seguridad ciudadana y el orden público en todos los ámbitos, incluidos el crimen organizado y el terrorismo.

Manifestación por los atentados de Barcelona y Cambrils. (Reuters)
Manifestación por los atentados de Barcelona y Cambrils. (Reuters)

Es obvio que es absolutamente legítimo pensar que una España centralizada hubiese sido más eficaz desde el punto de vista político y económico, pero lo cierto, y en este caso hay un consenso casi generalizado, es que este país ha alcanzado en las últimas cuatro décadas sus mayores niveles de prosperidad, coincidiendo, precisamente, con el desarrollo de la España autonómica, sin que este factor, evidentemente, haya sido el más determinante. Y, desde luego, no el único.

Se puede pensar que la otra vía –una España centralizada– hubiese sido mejor, pero no deja de ser una ucronía. Una verdad indemostrable. Lo cierto es que el mapa territorial –con todos sus defectos– ha funcionado. Desde luego, en términos de PIB per cápita y de prestación de servicios públicos esenciales. Es paradójico que, habitualmente, se valore muy positivamente la calidad del sistema sanitario público español respecto de sus recursos, pero se olvide que desde hace tres lustros todas y cada una de las comunidades autónomas (algunas regiones lo asumieron hace tres décadas) son quienes lo administran, lo que da a entender que el modelo descentralizado no ha sido tan negativo como muchos quieren ver. También en otros órdenes de la vida.

Una vieja tradición española

El hecho de que haya desajustes o, incluso, graves ineficiencias en la España autonómica, que los hay, no se soluciona con una vieja tradición política española, que es verter el agua sucia del barreño con el niño dentro. O lo que es lo mismo, comenzar desde cero cada vez que surgen los problemas, como si la solución fuera hacer justo lo contrario sin atender la experiencia de gobierno. Lo razonable, como sucede en las democracias más avanzadas, es identificar los errores y hacer los cambios que se necesitan, pero no tirar por la calle de en medio, que es la solución de quienes tienen una visión milagrera –y hasta apocalíptica– de la política.

Estamos ante problemas y desajustes derivados de la existencia de un Estado autonómico que 40 años después de la Constitución siguen sin cerrarse

Es por eso por lo que sorprende que se diga que los errores cometidos por los Mossos –que los ha habido– o los problemas de coordinación –que también han existido– no se hubieran producido en caso de que las competencias sobre terrorismo no fueran una competencia autonómica. Como si la eficacia en la lucha contra el terrorismo dependiera de la estructura administrativa de un país. El terrorismo golpea por igual a países federales (EEUU o Alemania), centralistas (Francia o Reino Unido) o cuasi confederales (Bélgica), lo que da a entender que el Estado Islámico –como otros terrorismos– no entiende de derecho administrativo, sino de machetes y bombonas de butano.

Mossos d'Esquadra encienden una vela en homenaje a las víctimas de los atentados. (Reuters)
Mossos d'Esquadra encienden una vela en homenaje a las víctimas de los atentados. (Reuters)

Hay que resaltar, en este sentido, la atinada intervención de Rajoy el pasado viernes, cuando en lugar de arrojarse contra la gestión de la crisis por parte de los Mossos –como han hecho muchos 'hooligans' de su partido y ciertos medios de comunicación que se han lanzado contra la yugular de la política autonómica poniéndose estupendos– ha tratado el fenómeno del terrorismo como un asunto que transciende a todos, independientemente del nivel administrativo.

En realidad, lo que ha fallado es mucho más simple. Estamos ante problemas y desajustes derivados de la existencia de un Estado autonómico que 40 años después de la Constitución siguen sin cerrarse (ni siquiera el nombre de las CCAA aparece en la Carta Magna), lo que provoca frecuentes enfrentamientos entre territorios, y que emergen con especial virulencia cuando se trata de un asunto tan relevante como el terrorismo. Unas veces se pelea por las balanzas fiscales; otras por la invasión de competencias entre la Administración central y las CCAA, y otras por la construcción de un falso ideario nacionalista que llega dos siglos tarde, y que en realidad es una fuga hacia adelante.

Lealtad constitucional

El resultado es un permanente cuestionamiento del Estado autonómico, que sigue sin ser asumido por amplias capas de la población de uno y otro signo, y que en lugar de buscar soluciones pretende dilapidar el edificio institucional construido en las últimas cuatro décadas, y que tan notable cosecha ha dado. Los primeros, los propios nacionalistas-independentistas, que, en lugar de consolidar su autogobierno, pretenden derribar la lealtad constitucional, un concepto inseparable del Estado federal. Ayer se vio con toda nitidez. Convertir una manifestación contra el terror en un acto reivindicativo contra las autoridades del Estado es de una bajeza moral incalificable.

Pero también contribuyen a esta operación de derribo de la Constitución de 1978 quienes culpan de todos los males a la España autonómica, sin duda espoleados por la ausencia de reformas en la arquitectura territorial de Estado. Unos y otros viven de la inoperancia de los poderes públicos para poner al día instituciones que necesariamente sufren un desgaste con el paso de los años.

Esteladas ondean en la manifestación por los atentados de Barcelona y Cambrils. (EFE)
Esteladas ondean en la manifestación por los atentados de Barcelona y Cambrils. (EFE)

Es lamentable que, desde el último gran paquete de traspaso de competencias, en 2001, el edificio no se haya rehabilitado. Ni siquiera limpiado o adecentado. Cuando por medio ha habido una gravísima crisis económica y una enorme pérdida de prestigio de la política.

En este tiempo, sin embargo, países como Reino Unido, Francia, Italia y, por supuesto, Alemania han actualizado sus estructuras territoriales para hacerlas más eficientes en un contexto de globalización. En España, por el contrario, no se ha hecho nada, salvo pactar con vascos, canarios, navarros o asturianos por la puerta de atrás para asegurar una mayoría parlamentaria y aprobar los Presupuestos, pero sin una visión global del Estado capaz de dar coherencia al sistema autonómico. Y es ahora –con ocasión de los atentados– cuando saltan todas las alarmas sobre el funcionamiento de las distintas administraciones.

¿No hubiera sido más razonable crear un marco de entendimiento más eficaz entre los Mossos y el resto de cuerpos y seguridad del Estado? ¿Cómo se pretende luchar contra el terrorismo sin tener en cuenta sus conexiones con la delincuencia común y el trapicheo, que en última instancia es una competencia de las policías autonómicas? ¿Cómo es posible que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un organismo llamado a jugar un papel central en la lucha contra el terrorismo, haya estado prácticamente ausente de los sucesos de la semana pasada?

UK, Francia, Italia y Alemania han actualizado sus estructuras territoriales para hacerlas más eficientes en un contexto de globalización

¿Alguien conoce a su responsable más allá de los circuitos especializados? ¿Tenía alguna información el CITCO de la existencia de Abdelbaki Es Satty, el cerebro de los atentados, conocido por la policía desde al menos 2005? ¿Dónde está ese zar contra el terrorismo que todo país necesita para influir con autoridad intelectual sobre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Es de recibo que haya sido el instructor, Fernando Andreu, un magistrado de la Audiencia Nacional, quien haya tenido que poner orden en tanto dislate porque los políticos no se ponen de acuerdo sobre competencias territoriales? El sabio Maurois tenía razón: en política, la palabra, sin hechos, es una inutilidad.

Mientras Tanto

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