La cita más imponente sobre el valor de las estadísticas la pronunció Churchill (o su departamento de frases célebres) en una fecha indeterminada. "Las únicas estadísticas que me creo son las que yo mismo manipulo", dijo el venerable lord del Almirantazgo.

Sea o no sea cierta la cita, lo evidente es que el uso torticero de las estadísticas alcanza niveles homéricos cada vez que el Gobierno de turno lleva al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el punto de que cualquier observador ajeno a la economía española no sabría muy bien si, en el caso de los presupuestos de 2018, estamos ante una política fiscal que prorroga la crisis mediante el expeditivo método de achatarrar el Estado de bienestar o, por el contrario, el Gobierno ha aprobado las primeras cuentas del reino de la recuperación y de la alegría gastadora. Al fin y al cabo, si se cumplen las previsiones, España saldrá este año del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Es decir, del brazo corrector de la Unión Europea (UE).

Conviene, por ello, precisar el punto de partida. Y lo que dicen las malditas estadísticas es lo siguiente. El año pasado, el conjunto del sector público gastó 477.332 millones de euros (41% del PIB), pero solo fue capaz de recaudar 441.099 millones (37,9%). Por lo tanto, el déficit fue equivalente a 36.233 millones de euros.

Si se comparan con los 118.194 M que se alcanzaron en 2009, parece evidente que se ha producido un intenso ajuste del gasto público

¿Mucho o poco? Si se comparan con los 118.194 millones que se alcanzaron en 2009 (11% del PIB), parece evidente que se ha producido un intenso ajuste del gasto público. Ahora bien, España será en 2018 el único país de la eurozona sujeto al control exhaustivo de Bruselas, lo que da idea de que en otros países la senda de reducción del déficit ha sido más pronunciada. O, por lo menos, más eficaz.

Ya decía Keynes que el problema político de la humanidad consiste en combinar tres cosas: eficiencia económica, justicia social y libertad individual. La primera, sostenía el sabio de Cambridge, necesita la crítica, la prudencia y el conocimiento técnico; la segunda, un espíritu desinteresado y entusiasta de amor al hombre corriente, y la tercera de tolerancia y amplitud de miras.

El que se haya corregido el déficit no significa que España no vaya a pagar la factura del descontrol

El que se haya corregido el déficit no significa, sin embargo, que España no vaya a pagar la factura del descontrol. Los excesos se pagan. La deuda pública (que no es más que la acumulación de los sucesivos déficits) se ha quedado a vivir durante una temporada en el entorno del 100% del PIB, y lo peor es que nada indica que se vaya a alejar de ese punto de forma apreciable en los próximos años.

¿Estabilidad presupuestaria?

Algunos datos lo ponen de relieve. En 2014, al comienzo de la recuperación, la deuda pública alcanzó el 100,4% del PIB, pero es que, en 2017, con tres años consecutivos de fuerte crecimiento (por encima del 3%), el endeudamiento se situó en el 98,4%. Como se ve, no parece un gran avance para un país que en su Constitución (el célebre artículo 135) proclamó el principio de estabilidad presupuestaria.

Hay quien ha llamado a este fracaso la maldición de Rogoff y Reinhart, los dos economistas que demostraron que bajar del 100% de endeudamiento es algo más que complicado. Entre otras cosas, porque los tipos de interés (0%) ya solo pueden subir, lo que supone un encarecimiento del servicio de la deuda.

Claro está, salvo que la inflación tire con fuerza, que normalmente ha sido la vía utilizada por los gobiernos para absorber deuda. Nada indica, sin embargo, que eso pueda suceder en los próximos años por razones estructurales como la globalización, los avances tecnológicos o los altos niveles de desempleo real —no el oficial—, que tienden a recortar los salarios debido a lo que el BCE denomina holgura laboral. Es decir, la inflación, ni está ni se la espera en un tiempo razonable por lo que será más complicado torcer el brazo al endeudamiento.

Habrá quien piense que la culpa de todo no es del manido 'Chachachá', sino de lo manirroto que es, ha sido, y será el sector público. ¿Y qué dicen sobre el asunto esas estadísticas que torturaba Churchill a su manera? Pues ni más ni menos que el gasto en consumo final de las administraciones públicas (concepto distinto al del gasto público) se situó el año pasado en 214.835 millones de euros. Es decir, casi 7.000 millones de euros menos que en 2010, que marca el máximo de la serie.

O, expresado de otro modo, si en 2010 el consumo público representaba el 20,5% del PIB, en 2017 se situó en el 18,5%. O sea, dos puntos menos, lo que supone a groso modo una diferencia de unos 23.000 millones de euros en términos reales. Conviene precisarlo para aclarar las ideas a quienes dicen que no se han producido recortes en el gasto público.

Ahora bien, hay recortes y recortes. Y lo que dicen las estadísticas es que el sector público a quien le ha aplicado el bisturí es a la inversión (formación bruta de capital), que ha pasado de representar el 5,1% del PIB en los heroicos tiempos del Plan E al 2% actual. Se ha producido, por lo tanto, un tajo en inversiones públicas equivalente a más de 32.000 millones de euros. El aumento del gasto, por el contrario, ha venido de la mano de las transferencias sociales, que han crecido de forma intensa al calor de la crisis (gasto en desempleo) y del envejecimiento (gasto en pensiones), mientras que, en paralelo, la recaudación por cotizaciones sociales sufrió una caída pronunciada.

Un evidente desfase

Expresado de otra forma. El gasto en prestaciones sociales (que nada tiene que ver con el consumo público) ha pasado del 11,5% del PIB en 2007 al 15,3 en 2017, pero con una clara tendencia a la baja. De hecho, llegó a representar el 16,6% del PIB en 2013, y desde entonces se ha ido reduciendo a medida que se ha ido consolidando la recuperación (menos desempleo).

La recaudación por cotizaciones sociales, por el contrario, se mantiene en el entorno del 12% desde principios de siglo, lo que da idea de que existe un evidente desfase entre los recursos de los que dispone el Estado y lo que está obligado a gastar en políticas sociales en aplicación de sus propias leyes. Una discrepancia que estalla con intensidad cuando llegan tiempos de crisis y se disparan los llamados estabilizadores automáticos (desempleo y otras prestaciones sociales que hay que pagar sí o sí en aras de la estabilidad social).

El gasto en prestaciones sociales ha pasado del 11,5% del PIB en 2007 al 15,3 en 2017, pero con una clara tendencia a la baja

Aquí está, pues, el meollo de la cuestión. Los fuertes desequilibrios fiscales que ha tenido históricamente España están vinculados a la financiación de las prestaciones sociales y no tanto a lo derrochador que haya podido ser el sector público en otras políticas, y que obviamente lo ha sido. Y ahora que va a comenzar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, convendría que los partidos se pusieran de acuerdo sobre qué modelo de Estado de bienestar necesita España, lo que va unido necesariamente a su financiación.

O, dicho con otras palabras, cuál debe ser el tamaño de las prestaciones sociales y, a continuación, una vez que se defina ese objetivo, identificar cómo se financian para evitar, precisamente, que cada presentación presupuestaria se convierta en una lonja, pero marcando los precios hacia arriba, no hacia abajo.

Hay partidos que no hacen ni una sola propuesta sobre cómo hacer sostenible en el tiempo el Estado de bienestar con nuevos recursos

Y parece evidente que con un Estado que es capaz de recaudar apenas el 37,91% del PIB (casi nueve puntos menos que en la media de la UE) el margen de maniobra para políticas sociales es algo más que estrecho, lo cual dice muy poco en favor del Estado de bienestar —en términos de cantidad, pero también de calidad—, y que todos los partidos dicen defender. Le pasó al PSOE de Zapatero cuando puso en marcha un sistema de dependencia sin financiación, lo cual solo generó una frustración colectiva.

España no parece que haya aprendido de aquel error. Y, de hecho, hay partidos que cada año se retratan —aunque sean jóvenes— cuando se lanzan a degüello sobre el Presupuesto en busca de votos sin dar soluciones sobre cómo financiar las prestaciones sociales y así evitar déficits en el futuro. Todo sea por ponerse una medalla a la hora de bajar los impuestos o subir las pensiones, pero sin hacer una sola propuesta sobre cómo hacer sostenible en el tiempo el Estado de bienestar con nuevos recursos. "No aspiran más que a pastar en el presupuesto", llegó a decir el bueno de Pérez Galdós.