La terna: una patada en la espinilla de la Constitución

La terna propuesta por Ciudadanos para situar al frente del Gobierno a Solana, Redondo o Jáuregui, aunque sea de manera provisional, solo puede calificarse de estrafalaria. No solo en el sentido semántico que otorga al adjetivo la segunda acepción de la Real Academia: lo estrafalario es un comportamiento “extravagante en la forma de pensar”, sino, también, por su significado político y hasta constitucional.

Es evidente que la figura del presidente 'instrumental' para convocar elecciones no existe en la Constitución española, y, por lo tanto, no sería más que un fraude constitucional de incalculables consecuencias. No solo por lo que es, sino por lo que representa.

La admisión de esa figura sería lo mismo que aceptar que el parlamento —donde reside la soberanía del pueblo en cualquier sistema de representación política— no es capaz de cumplir sus funciones constitucionales, y, por lo tanto, hay que buscar mecanismos extraordinarios. Buscar un 'independiente' o algo parecido, ahora tan de moda en los países con graves problemas de estabilidad política.

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Es más, la propuesta de Rivera supone una auténtica patada en la espinilla a la Carta Magna, porque ningunea las dos instituciones que la propia Constitución reconoce como instrumentos válidos para controlar al Ejecutivo y resolver momentos políticos especialmente complejos, como los actuales, y que son la cuestión de confianza y la moción de censura.

La primera, aunque suele olvidarse, se ha empleado dos veces en España. En 1980, por parte del presidente Suárez (que revalidó su escuálida mayoría), y, en segundo lugar, por parte de Felipe González en 1990, que de esta manera pudo resolver un conflicto político debido a que había obtenido en las elecciones de 1989 exactamente 175 diputados (la mitad de la cámara) y había que resolver la validez de algunos resultados proclamados.

Desde entonces, nunca se ha utilizado este instrumento. Probablemente, porque se ha impuesto la disciplina en los partidos y lo habitual ha sido que el voto de investidura se haya mantenido durante toda la legislatura.

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La moción de censura, como se sabe, supone que con una simple mayoría parlamentaria a favor, el presidente que se somete a la cuestión puede continuar en sus funciones. El hecho de que se exija mayoría simple no es baladí. Se trata de una fórmula destinada a facilitar la estabilidad gubernamental, rebajando al mínimo posible los requisitos para entender que se sigue manteniendo la confianza parlamentaria. En caso contrario, el presidente del Gobierno debe dimitir de forma automática, lo que supone que se ponen en marcha los mecanismos previstos en el artículo 99 para su sustitución. Es decir, el Rey, previa consulta con todos los representantes políticos, propone a un nuevo candidato en función de la aritmética parlamentaria.

Soluciones imaginativas

La Constitución, en ningún caso, prevé soluciones 'imaginativas' como la designación de un presidente elegido únicamente para convocar elecciones. Entre otras cosas, porque en un sistema parlamentario las mayorías y las minorías pueden cambiar a lo largo de la legislatura, y Ciudadanos, que votó a Rajoy cuando este fue elegido presidente del Gobierno, tiene perfecto derecho a cambiar de opinión ayudando a construir una nueva mayoría. Pero, en ningún caso, la Constitución de 1978 establece que el método para resolver situaciones de enorme complejidad política sea la convocatoria de elecciones.

Precisamente, porque el valor supremo de cualquier sistema político es la estabilidad. Y parece obvio que gobernar a golpe de elecciones no es un buen instrumento. Aceptarlo sería lo mismo que incentivar la inestabilidad, ya que cualquier partido que se viera favorecido por las encuestas tendría como único objetivo derribar al Gobierno, aunque forme parte inicialmente de la mayoría gubernamental.

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Tampoco el presidente Rajoy ha colaborado en encontrar una solución a sus problemas políticos. Lo razonable hubiera sido —dado que se trata de una potestad exclusiva del jefe del Ejecutivo— que se hubiera sometido a una cuestión de confianza en algún momento de la legislatura para ratificar la mayoría que le llevó a La Moncloa en 2016.

Desgraciadamente, se suele interpretar que basta con sacar adelante la Ley de Presupuestos para obtener la confianza del Congreso, pero eso es algo más que discutible, como se está observando en estos momentos. El propio Pedro Sánchez cayó en el error de esa pantomima parlamentaria y antes de aprobarse los Presupuestos decía que si no salían adelante, como una especie de cuestión de confianza, Rajoy debía dimitir.

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Craso error. La Ley de Presupuestos es una cosa y la cuestión de confianza o la moción de censura son otra muy distinta. Y conviene saber lo que es cada cosa para no acabar creando falsos problemas políticos. Aunque lo más grave sea, precisamente, que algunos partidos españoles se sumen a una tendencia iniciada en Grecia e Italia sustituyendo primeros ministros elegidos en las urnas por independientes, lo cual es el camino más recto para liquidar la democracia.