Impuestos: y Dios creó la estupidez

La errática estrategia del Gobierno en materia fiscal ha provocado un formidable ruido mediático. Hasta el punto de que se han comenzado a utilizar palabras gruesas como el resurgir de un Estado confiscatorio, voraz y hasta codicioso. Se habla, incluso, de que España, por el simple hecho de que el Ejecutivo, con buen criterio, busca nuevos recursos para reforzar el Estado de bienestar, se ha convertido en un infierno fiscal o que el apetito recaudador del fisco pone en peligro el crecimiento económico y el empleo.

A ello han contribuido, sin duda, los palos de ciego del Gobierno Sánchez, que interpreta la realidad al abrigo de la dirección en la que sopla el viento. Algo que es coherente con el cortoplacismo que se ha instalado en la política española, donde cada semana hay un escándalo; sin que escandalice, por el contrario, que ninguno de los grandes asuntos del país, estén en la agenda de la Moncloa.

El resultado, como no puede ser de otra manera, es una especie de confusión de confusiones, como el célebre escrito de Joseph de la Vega, que perjudica la estabilidad política y, lo que es todavía peor, la seguridad jurídica en materia fiscal, como es la irresponsabilidad de suscitar un debate sobre la imposición del ahorro sin el anuncio de una medida concreta, lo cual solo puede ahuyentar la inversión extranjera, y ya se sabe que no hay nada más miedoso que un millón de dólares. Máxime cuando el ahorro interno está en mínimos históricos y el Tesoro necesita salir cada año al mercado en busca de más de 230.000 millones de euros.

El caos político y fiscal —con todo tipo de globos sonda que solo producen sensación de descontrol— ha dado lugar, sin embargo, a un festival de disparates tributarios, y hay uno que destaca sobre el resto. Se trata del Día de la Liberación Fiscal, y que este año coincidió con el 27 de junio. Sus impulsores dicen —y no les tiembla el pulso— que hasta ese día un contribuyente trabaja gratis para el Estado pagando impuestos o cotizaciones sociales.

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El argumento, como es obvio, es un sinsentido. Claro está, salvo que el contribuyente hubiera vivido en la luna durante esos seis meses de infierno fiscal, algo que, por el momento, es ciertamente difícil. Parece evidente que durante ese medio año el contribuyente ha recibido contraprestaciones del Estado en forma de sistema educativo, sanidad, carreteras, defensa, justicia, seguridad o cultura, lo cual desmonta esa absurda idea de que la recaudación se cuela por el desagüe sin recibir nada a cambio como sugiere tan libertaria jornada.

Existe otra idea no menos disparatada, y que se refiere al nivel de presión fiscal. En este caso, los creadores del sambenito hablan sin tapujos de que el Estado es confiscatorio cuando el tipo de gravamen es superior al 50% en el impuesto sobre la renta (la idea de Hacienda es elevarlo hasta el entorno del 52%). No hace falta ser un experto fiscalista para entender que se trata del tipo nominal y no el efectivo, lo cual, dicho sea de paso, cambia mucho las cosas.

Parece evidente que durante ese medio año el contribuyente ha recibido contraprestaciones del Estado en forma de sistema educativo, sanidad...

De hecho, y según el Banco de España, poco sospechoso de formar parte de una organización criminal con fines confiscatorios, el tipo efectivo, el que realmente se paga, se sitúa para el 10% con mayores ingresos en el 23,93%, casi la mitad.

Se podrá decir legítimamente que ese porcentaje es muy elevado, pero hay que tener en cuenta que gracias a esa estructura fiscal tan denostada el 30% de los contribuyentes (los de menor renta) disfrutan de tipos reales inferiores al 1%. Es decir, apenas pagan IRPF. Mientras que otro 30% está gravado con tipos efectivos inferiores al 9% a causa de todo tipo de deducciones y desgravaciones que aparecen en el IRPF, y que en 2018 habrá supuesto una merma de ingresos para la Hacienda pública de 7.846 millones de euros, alrededor del 10% de la recaudación.

Es probable, sin embargo, que la cantinela de lo confiscatorio se vaya a reproducir en las próximas semanas si el Gobierno precisa de una vez la idea de elevar el tipo máximo, como ha avanzado la ministra Montero, y tal vez por eso merezca repasar lo que dijo en su día el Tribunal Constitucional sobre la materia.

La estructura del IRPF, en todo caso, pone de relieve la alta progresividad del impuesto sobre la renta, lo contrario de lo que sostuvo el presidente

En materia fiscal, sostuvo, la confiscación no supone la privación imperativa, al menos parcial, de propiedades, derechos patrimoniales o rentas sin compensación, ya que este tipo de privación o exacción es la esencia "del ejercicio de la potestad tributaria y al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos". Así que, de confiscatorio, nada de nada. Lo confiscatorio en derecho público se limita, fundamentalmente, al ámbito de la acción expropiatoria, cuando a alguien le enajenan un bien y no recibe indemnización alguna. Lo que no ocurre en el ámbito tributario, salvo que se viva en otro país, en cuyo caso no se pagan impuestos.

La estructura del IRPF, en todo caso, pone de relieve la alta progresividad del impuesto sobre la renta, justo lo contrario de lo que sostuvo el presidente Sánchez cuando dijo que los 'ricos', un concepto siempre complicado de definir, no pagan impuestos.

Solo hay que tener en cuenta que el 10% con mayor renta (lo que es distinto al patrimonio) paga más de la mitad de lo recaudado por el IRPF. En concreto, un 55%. Otra cosa distinta es la discusión sobre el nivel de ingresos a partir del cual operan los tipos marginales máximos, y que en España son excesivamente bajos, lo que hace que un individuo con 60.000 euros de salario sea considerado ‘rico’ a los ojos de Hacienda, lo cual es un despropósito.

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El tercer tópico tiene que ver con la falsa idea de que bajando impuestos se recauda más. Ya desde los tiempos de Reagan —solo hay que echar un vistazo al libro de David Stockman, el director de su oficina presupuestaria que salió escopetado de aquel dislate— se sabe que la utilidad de la célebre servilleta de Laffer es justamente la de su función original. De otra manera, Irlanda, con tipos muy competitivos, que se dice ahora, sería el campeón de la recaudación. Pero la realidad es muy distinta. El Gobierno de Dublín apenas es capaz de recaudar el 25% del PIB, lo que supone 21 puntos menos que la media de la eurozona y 13 puntos menos que España. Es decir, tipos más bajos provocan menores ingresos.

Se podrá decir que ese leviatán que para algunos es el Estado tiene más que suficiente sustrayendo uno de cada cuatro euros de la riqueza que genera un país en un año, pero lo cierto es que eso supondría una profunda reforma del modelo de sociedad, y que está perfectamente definido en la Constitución.

Lo que sabemos en Europa desde Bismarck, Beveridge, Keynes, Erhard, o Palme, otra cosa son economías con una cultura completamente distinta, es que los países más avanzados son, precisamente, los que han integrado en el sector público las prestaciones sociales básicas, como la educación, la sanidad, la dependencia o el sistema de pensiones. Algo que explica el tamaño del Estado de bienestar, que se beneficia de sinergias y economías de escala. El ejemplo más palmario es la sanidad. EEUU gasta más del doble que Europa y, sin embargo, no es capaz de atender al conjunto de la población. ¿Es ese el camino que algunos quieren recorrer?