Pensiones: Sánchez se agarra a un clavo ardiendo

La revalorización de las pensiones en función del IPC real lleva a una primera interpretación casi intuitiva: el Gobierno mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, se sacude la presión de los jubilados que reclaman en la calle que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, lo cual supone un enorme coste político. Y, por otro, da un giro radical en la agenda de Moncloa, a quien casi desde el primer día se ha criticado por abordar cuestiones poco relevantes olvidando asuntos fundamentales, como las pensiones.

Una necesidad algo más que urgente a la luz de la sucesión de escándalos que desgastan al Ejecutivo. Ahora, por el contrario, podrá vender que su Gobierno —al contrario que el anterior— es el que ha sido capaz de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Mientras que, por el contrario, el PP, ahora en la oposición, está obligado a renegar de su propia ley, aprobada en 2013.

La renovación del Pacto de Toledo es, en este sentido, un auténtico salvavidas para Sánchez, que en poco más de 100 días de Gobierno no ha sido capaz de articular un agenda real de cambio más allá de algunas medidas efectistas destinadas a legitimarse ante su electorado.

Esta necesidad de cambiar el libreto político puede explicar mejor que ninguna otra cosa el nuevo esperpento de Moncloa en términos de coordinación informativa. Por la mañana, y durante la presentación de un libro sobre pensiones, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, había asegurado que vincular la subida de las pensiones con el IPC tenía “efectos perversos”, y así lo reflejó este periódico, pero a mediodía lo que salió del Pacto de Toledo, con el respaldo socialista, fue una revalorización en línea con el incremento de los precios.

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¿Qué había pasado? Probablemente, la intención de Moncloa era cambiar la agenda informativa, aunque ello haya supuesto la desautorización del secretario de Estado del ramo. Hay que tener en cuenta que Granado, como se sabe, ha vuelto al mismo puesto que dejó cuando Rajoy llegó a La Moncloa, y ya por entonces, con ocasión de la renovación del Pacto de Toledo, en 2011, se mostró partidario de que las pensiones se revalorizaran de acuerdo al IPC, pero también en línea con otros indicadores.

Aquel acuerdo, con Zapatero en el Gobierno y Granado como responsable de pensiones, defendía que resultaba “conveniente” estudiar la posibilidad de “utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”. Es decir, liquidar el sistema automático de revalorización de acuerdo exclusivamente al IPC, que ha estado vigente desde 1997.

De las musas al teatro

Esto es, sin embargo, el pasado. El problema ahora para el Gobierno es pasar de las musas al teatro. Es decir, convertir el acuerdo sobre revalorización de las pensiones en ley y cumplir, al mismo tiempo , con la senda de reducción del déficit público, que es extremadamente exigente.

España debe situar el desequilibrio fiscal en 2019 en el 1,8% del PIB. Por lo tanto, nueve décimas menos que este año. De aquella cifra, la Seguridad Social será responsable de nada menos que el 60% del déficit, lo que da idea de la situación financiera del sistema. Sin olvidar que esa senda aún no está aprobada por Bruselas, a quien preocupa más el déficit estructural (el que no tiene en cuenta el ciclo económico) que el nominal. Y ese incremento de la pensiones debería ya aparecer en el plan presupuestario que la ministra Calviño debe remitir a la Comisión Europea en torno al 15 de octubre.

Esto significa que el Gobierno está obligado a buscar nuevas vías de financiación del sistema público de pensiones, que en un contexto de intenso desempleo (15% de paro) y precariedad laboral (bajos salarios y elevada rotación) tiene un problema estructural que para nada es achacable a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC.

Muy al contrario, el problema de las pensiones, salvo que se quiera condenar a millones de pensionistas a vivir por debajo del umbral de la pobreza relativa, tiene que ver con una insuficiente financiación al margen de las cotizaciones sociales, que, al contrario de lo que sucedía hasta hace poco tiempo, ya no dan para asegurar un sistema de protección social que cumpla el mandato constitucional. Y que obliga a los poderes públicos, lisa y llanamente, a garantizar mediante “pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas” la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.