¿Por qué las buenas noticias sientan siempre tan mal?

La subida del SMI y de las pensiones son las medidas estrella pactadas entre el Gobierno y Podemos. Se actúa también desde los ingresos elevando la presión fiscal a la gran empresa

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

El prestigio del pesimismo, como suele decir el economista Antón Costas, puede explicar la renuencia histórica de España a las reformas. Ya sean estas —siguiendo el esquema ideológico tradicional— de derechas o de izquierdas. Probablemente, porque las decisiones económicas se interpretan exclusivamente a la luz de la política, por lo que cuando un Gobierno conservador o socialdemócrata anuncia determinadas reformas en el momento en que alcanza el poder, el partido de la oposición amenaza con la llegada de una nueva oleada de las célebres plagas de Egipto. En esto, hay que reconocerlo, coinciden todos los partidos.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Y, de hecho, este país ha salido adelante en las últimas décadas (con notables resultados) con reformas económicas calificadas en su día como una calamidad bíblica. Esto es lo que ha ocurrido históricamente con la subida del salario mínimo, que muchos economistas consideran una barbaridad.

Hay que reconocer que el Gobierno de turno les ha hecho caso, y, de hecho, el SMI subió apenas un 9% entre 2008 y 2016, muy por debajo de los precios. ¿El resultado? Ni más ni menos que el ensanchamiento de uno de los fenómenos laborales de nuestra época: la proliferación de trabajadores pobres. Es decir, ya ni quiera tener un empleo garantiza vivir con dignidad.

No se trata de un asunto menor. Hasta la Comisión Europea, poco sospechosa de ser un agente bolchevique, suele recordar a España —lo hizo también en sus últimas recomendaciones— que “la pobreza de las personas empleadas es un motivo de preocupación, especialmente entre los hogares cuyos miembros están empleados con contratos temporales o a tiempo parcial”. Los datos, desde luego, son apabullantes. En España, según un informe de CCOO y UGT, un 35% de los asalariados cobra menos del SMI, lo que supone tres puntos más que en 2011 y ocho más que antes de la crisis (datos de recaudación de IRPF). En definitiva, casi 5,9 millones de personas se encuentran 'trabajando en la pobreza'.

Derechos sociales

Es por eso por lo que España (en este caso Rajoy, en su calidad de presidente del Gobierno) suscribió el año pasado en Gotemburgo (Suecia) el llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales, que, entre otras cosas (punto sexto), obliga a los gobiernos a tomar medidas para que los trabajadores tengan “derecho a salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno”. Y no parece una insensatez un salario mínimo de 900 euros mensuales por una jornada laboral a tiempo completo. Máxime cuando la Carta Social europea, también suscrita por España, se fija como objetivo que el SMI represente el 60% del salario medio.

Se dirá que el problema es que muchas empresas —por supuesto pymes— pueden tener problemas serios para hacer frente a esa subida. Pero lo cierto es que la propia legislación prevé esas dificultades, y contempla, por ejemplo, que las empresas que no puedan asumir los convenios de ámbito superior puedan descolgarse de los incrementos pactados.

Igualmente, la generosa flexibilidad laboral española permite prácticamente contratar a la carta con contratos de muy corta duración. Tan solo en el primer trimestre de 2018, se firmaron 1,84 millones de contratos temporales con una duración igual o inferior a un mes, de los que 1,27 millones tenían una duración igual o inferior a una semana. Es decir, el coste efectivo de la subida del SMI, que afecta sobre todo a los trabajadores de menor cualificación, tendrá un efecto muy limitado en términos globales.

¿Qué ocurre con las pensiones? Pues algo muy parecido al SMI. Cobrar una prestación pública —tanto contributiva como no contributiva— no garantiza vivir con dignidad. Y, por eso, no parece estrafalario subir un 3% las pensiones mínimas (el IPC anual se sitúa actualmente en el 2,3%), por cierto, el mismo incremento aprobado por el anterior Gobierno en los PGE de 2018. O garantizar por ley el poder adquisitivo. El problema vuelve a ser la financiación, y a menudo se argumenta que las pensiones españolas son las más generosas de Europa, lo cual es una verdad solo a medias.

[Consulte aquí el documento del acuerdo]

Es cierto que en relación al último salario son elevadas (cerca del 80%), pero se olvida que en la inmensa mayoría de lo países europeos los jubilados se benefician de planes de empresa que complementan su pensión pública, algo que apenas sucede en España. El resultado es que las pensiones al final son más elevadas, mientras que en España muchas son fronterizas con la exclusión social. Es por eso por lo que el Estado se ve obligado a hacer un esfuerzo adicional financiando las pensiones públicas para alcanzar un mínimo de subsistencia.

El problema, por lo tanto, tiene que ver con un modelo de pensiones muy deficiente que generará en el futuro frecuentes desequilibrios, y esa es la cuestión relevante. Mientras tanto, y hasta que se resuelva el problema de fondo, parece razonable que el Estado, vía impuestos, asegure una pensión digna a sus ciudadanos, como, por cierto, obliga la Constitución, tan celebrada por sectores que se olvidan de ello cuando se aplica.

Un viejo debate

El documento firmado por el Gobierno Sánchez y Unidos Podemos, en este sentido, no es más que una panoplia de viejas recetas de la socialdemocracia que ya se aplican en Europa desde hace décadas, y que han sido no solo asumidas sino ampliadas por los partidos de centro derecha. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Hay una novedad. Un antiguo debate socialdemócrata discutía sobre si había que actuar bajando impuestos (para hacer más competitiva la economía y atraer inversión) o mediante un aumento del gasto público.

España recauda menos porque su patrón de crecimiento está basado en actividades de escaso valor añadido a través de empresas pequeñas

La solución salomónica que han adoptado Sánchez e Iglesias es actuar en ambas direcciones. Principalmente, con el objetivo de reducir los siete puntos de PIB de recaudación que separan España de la media europea. Y no está claro que se consiga. Subir los impuestos sin atacar el modelo productivo —que es la causa por la que España recauda menos— suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Y bien haría el Gobierno en no hacer castillos en el aire.

España recauda menos porque su patrón de crecimiento está basado en actividades de escaso valor añadido a través de empresas de pequeña dimensión, muy intensivas en mano de obra, pero que cuando llega una crisis (y los ciclos siguen existiendo) salta por los aires. Como muy probablemente le sucederá a este amago de Presupuestos, que son un programa electoral más que una reforma en profundidad del modelo productivo.

Mientras Tanto

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