Woody Allen se cuela (por sorpresa) en el Consejo de Ministros

Era Woody Allen quien sostenía que los problemas económicos eran los más fáciles de resolver. Al fin y al cabo, decía con sorna el neoyorquino, se solucionan solo con dinero. Es probable que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y con ella el Gobierno entero, haya caído en el mismo razonamiento.

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Tan es así que han diseñado unas estimaciones de ingresos que necesariamente hay que entender a la luz de la hermenéutica. Ya se sabe, aquella disciplina en la que los estudiosos intentan descifrar los escritos más antiguos, en particular los textos bíblicos. Y en verdad, solo desde la metafísica, que estudia la naturaleza última de las cosas, y casi desde la fe, se puede llegar a calcular cuánto podrá ingresar Hacienda por rebajar a 1.000 euros los pagos en efectivo que podrán hacer empresarios y profesionales en el seno de su actividad mercantil.

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Si algo saben los economistas, sean de derechas o de izquierdas, es que medir la economía sumergida es algo más que difícil, como bien sabe el austríaco Friedrich G. Schneider, que lleva toda su vida laboral estudiando las bolsas de dinero negro en todo el mundo, siempre con resultados inciertos. Pues bien, según el pacto firmado entre Sánchez e Iglesias, la limitación de los pagos en efectivo aumentará la recaudación en 218 millones de euros, un cifra que, por cierto, no aparecía en el cuadro publicado por Nacho Álvarez, el responsable económico de Podemos, cuando se firmó el acuerdo. Probablemente, por su inconsistencia.

Más sorprendente, si cabe, es estimar cuánto puede recaudar Hacienda por añadir a los responsables solidarios de las empresas (los administradores) a la lista de morosos que cada año publica la Agencia Tributaria, reduciendo, al mismo tiempo, el importe para ser incluido en la famosa lista (del millón de euros actual a 600.000 euros). Pues bien, según el Gobierno, se espera una recaudación adicional de 110 millones de euros, lo cual es verdaderamente singular teniendo en cuenta que la lista se publica solo a efectos informativos. Y aunque es verdad que un número indeterminado de administradores pueden tener la tentación de saldar sus deudas, la precisión de la cifra sorprende. ¿Por qué no 50 o 200 millones de euros?

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No es menos llamativo que el Gobierno haya incluido entre los ingresos adicionales otros 500 millones que procederán de lo que denomina "medidas internacionales de lucha contra el fraude". La cifra no es solo muy significativa, sino que sorprende teniendo en cuenta que se trata de medidas legislativas, incluida la transposición de directivas comunitarias o normas antielusión de la OCDE, cuya aprobación exige un largo camino de tramitación parlamentaria. Y el Gobierno (156 diputados con Unidos Podemos) ha estimado esos 500 millones de euros para el conjunto del ejercicio.

Deducciones y bonificaciones

El Gobierno, igualmente, ha estimado que con el incremento del 1% en el impuesto sobre el patrimonio (no habla de un punto porcentual) a los patrimonios superiores a 10 millones de euros, recaudará 339 millones de euros adicionales. No será fácil, teniendo en cuenta que este tributo ha sido cedido hace muchos años a las comunidades autónomas, y la mayoría no tiene intención de realizar la subida. En todo caso, esa cifra supone alrededor de una cuarta parte de la recaudación total del impuesto (algo más de 1.200 millones de euros), lo que no parece coherente con un incremento que se limita al 1%. Ese dinero, en todo caso, nunca iría a las arcas de la Administración central, sino a los gobiernos regionales.

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La ley, como se sabe, establece que las deducciones y bonificaciones autonómicas “se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado”. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de aplicar la subida pactada entre Sánchez e Iglesias. Lógicamente, salvo que cambiara la norma, lo cual es complejo debido a que la ley que lo regula tiene carácter de orgánica, lo que exige mayoría absoluta. Y no está claro que nacionalistas vascos y catalanes estén por la labor.

No es menos sorprendente, si cabe, que inicialmente se hubiera estimado una recaudación adicional equivalente a 800 millones de euros por la subida de los tramos más elevados en el IRPF, y así aparece reflejado en el documento de Podemos. Por arte de birlibirloque, sin embargo, esa cifra se ha quedado en 328 millones. Es decir, una sustancial diferencia.

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El sesgo a favor de los altos ingresos no acaba ahí. Como ha dicho la patronal CEOE, los 1.200 millones de euros estimados como recaudación por el impuesto a las empresas tecnológicas “parecen excesivos”, toda vez que las estimaciones de recaudación del Gobierno anterior, sobre una propuesta de impuesto muy similar, ascendían a 600 millones. Ahora, por el contrario, se estima que se ingresará el doble pese a que es improbable (por no decir imposible) que este tributo, que exige una ley singular, ya que no se puede crear a través de la Ley de Presupuestos, entre en vigor el 1 de enero. Y los impuestos, por definición, no pueden tener carácter retroactivo, como ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias.

La ministra Montero, en todo caso, no ha inventado nada. Inflar la recaudación es un viejo truco de los habitantes del Ministerio de Hacienda para cuadrar los Presupuestos. En particular, incrementando los ingresos por cotizaciones sociales mucho más de lo razonable, y en lo que los anteriores inquilinos de la Real Casa de Aduana eran unos virtuosos. Hasta el punto de que el anterior Gobierno tuvo que renegociar en al menos tres ocasiones los objetivos de déficit. En todos los casos, por el mismo motivo: el papel lo aguantó todo a la hora de hablar de ingresos.