Hace poco más de un siglo, el 21 de abril de 1907, tras la dimisión obligada del liberal Montero Ríos, España celebró unas elecciones generales marcadas por la crisis catalana. Unos meses antes, en noviembre de 1905, se habían registrado los llamados hechos del '¡Cu-Cut!', que nacieron a raíz de que un grupo de militares de la guarnición de Barcelona asaltara las redacciones de dos publicaciones afines al catalanismo: ‘La Veu de Catalunya' y el semanario satírico '¡Cu-Cut!', vinculadas a la Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba

Una viñeta antimilitarista, en la que el dibujante Junceda se reía de forma velada de las derrotas del ejército, y que hoy resultaría infantil, había encendido la mecha. Los autores del asalto, ejecutado contra el "catalanismo separatista", lejos de ser juzgados, fueron respaldados por autoridades del Estado, incluido el monarca Alfonso XIII.

Meses después, el parlamento aprobó la llamada Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la tutela de la justicia militar ciertos delitos de opinión, lo que los catalanistas moderados interpretaron como una agresión. El propio Alfonso XIII, que se dirigió a los cuartos de banderas para asegurarles que obtendrían satisfacción, llegó a jactarse de haber redactado de su puño y letra la ley, en vigor hasta 1931.

Su aplicación, como se sabe, representó el primer choque entre poder civil y militar del siglo XX, y "una subida notable en la temperatura del conflicto nacionalista", como ha sostenido el historiador Moreno Luzón. Fue en ese contexto de crispación política en el que fraguó una alianza contra natura de todos los partidos para presentarse a las elecciones de 1907, y que Cambó resumió en una célebre sentencia: ¿Monarquía?; ¿República?: ¡Catalunya!

Su aplicación representó el primer choque entre poder civil y militar del siglo XX, y "una subida notable en la temperatura del conflicto nacionalista"

La coalición, presidida por un anciano Nicolás Salmerón, expresidente de la I República, logró integrar en una misma lista electoral a catalanistas moderados, integristas, federalistas, republicanos y a los viejos carlistones del XIX. Su éxito fue indiscutible. Solidaritat Catalana obtuvo 41 de los 44 diputados elegidos en Cataluña, cuando dos años antes los catalanistas —por separado— apenas habían logrado seis diputados.

La sacudida fue tremenda. Sobre un censo de 511.694 electores, votaron 309.764 personas, es decir el 61%. Y nada menos que 211.791 sufragios (el 68%) fueron a parar a Solidaritat Catalana.

La cuestión catalana

Como han sostenido muchos historiadores, a partir de aquellas elecciones nada fue ya igual en Cataluña, aunque tampoco en el resto de España. En palabras de Moreno Luzón, la cuestión catalana, que había irrumpido como una pequeña brecha en el sistema político al despuntar el siglo, se había convertido, como la cuestión clerical, la educativa o la obrera, en uno de los ejes de la vida pública española, como bien pudo comprobar en sus propias carnes la II República al cabo de poco tiempo.

Más de un siglo después, la cuestión catalana sigue siendo el centro de los debates, y, como en aquella ocasión, ha acabado por contaminar todo el sistema político. De hecho, no solo lo ha contaminado, sino que lo ha envenenado. Hasta el extremo de que hoy, incluso, la propia jefatura del Estado —no sólo la presidencia del Gobierno— está en el punto de mira del independentismo.

Probablemente, porque la vía judicial para encauzar el debate soberanista ninguneando cualquier estrategia política de largo alcance, ha sido un completo fracaso, lo que explica que hoy no solo esté roto el frente soberanista (a quien solo une su enfrentamiento con el Estado), sino que los propios constitucionalistas son víctimas de una fractura que ha hecho colapsar el sistema parlamentario, donde solo triunfan el griterío y las malas formas. El barro político en el sentido más genuino del término.

Hoy el Gobierno, con una insultante minoría, es incapaz de aprobar siquiera los Presupuestos, y no digamos otras leyes que necesita España

Es en este sentido en el que se puede decir que el independentismo ha ganado. Si su objetivo era desestabilizar y hacer inviable el sistema político del conjunto del Estado (que necesita acuerdos para resolver los grandes asuntos del país) el objetivo se ha conseguido.

Hoy el Gobierno, con una insultante minoría, es incapaz de aprobar siquiera los presupuestos generales del Estado, y no digamos otras leyes que necesita España para encarar las inmensas transformaciones que se están produciendo en los países de nuestro entorno. No hay margen alguno para hacer política parlamentaria. Ni siquiera para resolver los problemas más urgentes, como las pensiones o la precariedad laboral.

Como ha señalado el profesor Alfredo Pastor en 'La Vanguardia', y en contra de lo que pueda parecer, lo que está en juego no son las balanzas fiscales con Cataluña, ni las cercanías, ni siquiera el corredor mediterráneo, sino la oportunidad de desempeñar en Europa el papel que le corresponde a España, hoy atrapada en una feroz lucha intestina.

Miopía política

Y no es así, probablemente, porque los principales partidos del arco parlamentario han sido incapaces de tejer una estrategia global sobre la actualización del modelo territorial 40 años después de la proclamación de la Constitución, y, más en concreto, han sido completamente inoperantes a la hora de dibujar una solución (aunque sea temporal) para encarar la cuestión catalana, que solo puede abordarse desde una visión global que tenga en cuenta al conjunto del Estado, como sucedió en 1978.

Cataluña, al contrario, de lo que muchos piensan, no es un botín electoral ni un pulso entre el Estado y la periferia. Entre otras cosas, porque las comunidades autónomas son la esencia del Estado, de ninguna manera un cuerpo extraño creado artificialmente. Cataluña es un problema de todos los españoles, no solo un conflicto entre catalanes.

La miopía política es de tal calibre que, incluso, el Gobierno Sánchez pretende buscar soluciones con acuerdos bilaterales con el independentismo a través de las comisiones mixtas Generalitat-Estado, lo cual es un completo disparate.

Parece obvio que cualquier normalización de la vida política pasa, primero, por que los partidos constitucionalistas alcancen un acuerdo sobre qué hacer con el pacto territorial que alumbró la Constitución en 1978, y que hoy aparece agrietado.

Sin duda, por la deslealtad del separatismo, pero también por la incapacidad de los partidos constitucionalistas para ofrecer salidas a un conflicto que amenaza con arrastrar al vacío a varias generaciones de españoles. Y la aparición de una extrema derecha que construye su discurso sobre la bandera no es más que un aviso a navegantes. Es la demostración de un fracaso de nuestro modelo de convivencia, como ha sucedido en otros países.

Diseñar una estrategia conjunta desde el constitucionalismo para atacar el problema catalán no es, de ninguna manera, menospreciar el papel de los tribunales, que deben seguir haciendo su trabajo con independencia del poder político. Y es verdad que aplicar la ley es una condición necesaria para dignificar la democracia española ante la gravedad de los delitos cometidos, pero nunca será suficiente para desbloquear un conflicto político que solo la política debe resolver, y que hoy está consumiendo ingentes recursos para no llevar a ningún sitio.

Harían bien los líderes políticos en sentarse alrededor de una mesa y aportar soluciones antes de que un nuevo caso '¡Cu-Cut!' estalle

Si la historia sirve para algo es para aprender que el victimismo, como sucedió en las elecciones de 1907, es una fuente inagotable de votos. Los nacionalismos de uno y otro lado lo saben, y por eso lo explotan políticamente.

Harían bien los líderes políticos (incluidos los nacionalistas) en sentarse alrededor de una mesa y empezar a aportar soluciones antes de que un nuevo caso '¡Cu-Cut!' estalle delante de nuestras narices, y que bien pudiera ser la condena firme de los acusados. En particular, tras la previsible condena de un Junqueras legitimado ante buena parte de la población tras pasar muchos años en prisión. Sería el mejor homenaje que se pueda hacer a la Constitución del 78 y a los valores cívicos que representa.