No es fácil encontrar una situación igual. Probablemente, porque no existe. Los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (15 contra 13) han decidido tirar por la calle de en medio y, en lugar de aceptar el cambio de doctrina adoptado el pasado 16 de octubre, han optado por legislar por su cuenta y riesgo.

O lo que es lo mismo, una mayoría tan ajustada se ha decantado por un nuevo cambio de doctrina en apenas dos semanas, lo cual es al menos sorprendente si se tiene en cuenta que los nuevos criterios se hacen sobre un texto legal —el Reglamento de la Ley de Actos Jurídicos Documentados— que ya ha sido amputado parcialmente. En concreto, el párrafo segundo del artículo 68, que hacia descansar el pago del impuesto (entre un 0,5% y un 1,5%) en el cliente bancario, y que diga lo que diga el pleno del Supremo ya está expulsado del ordenamiento jurídico. No existe.

El Supremo da carpetazo a miles de reclamaciones: ni a la banca ni a Hacienda

E. Sanz

La batalla judicial para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios ha llegado a su fin tras la decisión del pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

Como es evidente —sería claramente inconstitucional—, el pleno del Supremo no podía revisar esa sentencia dictada en firme por una sección del TS, y lo que ha hecho el pleno es legislar en caliente recuperando la vieja doctrina. Es decir, lo ha hecho a ciegas, al no dejar claro el texto legal que está en el origen del litigio —el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados— quién es el sujeto pasivo del impuesto, el banco o el hipotecado. El Supremo, sin embargo, ha decidido, al margen de la claridad que se debe exigir al legislador, que el sujeto pasivo es el cliente bancario.

La ley, como se sabe, es muy ambigua, y eso es lo que ha dado pie a la controversia. Establece, en concreto, que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. ¿El banco?, ¿los hipotecados?

Eliminemos el impuesto sobre actos jurídicos documentados

Juan Ramón Rallo

Los perjuicios derivados de la falta de diligencia de la administración tributaria ha de soportarlos la propia administración tributaria: ni el hipotecado ni tampoco el banco

El resultado, como asegura el profesor y abogado Fernando Zunzunegui, es un “duro golpe a la reputación del Tribunal Supremo”. Entre otras cosas, porque la sección que decidió inicialmente el cambio de doctrina es, precisamente, la especializada en asuntos fiscales, al contrario que el pleno, que está formado por expertos en lo contencioso administrativo, pero no en materias tributarias. Sin duda, un contradiós jurídico.

En el limbo jurídico

La decisión del Supremo, en todo caso, y más allá de disquisiciones jurídicas o, incluso, económicas, tiene una primera importancia de carácter político. Máxime cuando el propio Gobierno, en una decisión insólita y sin precedentes, decidió congelar la publicación de la sentencia del Supremo en el BOE para dar tiempo al pleno para que se pronunciara, lo cual es verdaderamente singular, teniendo en cuenta que se trataba de una sentencia firme. Es decir, miles de ciudadanos que han firmado una hipoteca desde el pasado día 16 y hasta este 6 de noviembre han permanecido en un limbo jurídico.

Hipotecas, el Supremo y las teorías de la conspiración

José Antonio Zarzalejos

Para unos, la sección de la Sala Tercera que ha dictado el fallo ha hecho 'populismo judicial' contra los bancos; para otros, la reacción de su presidente está 'guiada' por intereses opacos

Muchos contribuyentes, y en particular quienes han visto cómo se deshacía en pocas semanas una esperanza, verán detrás de la decisión la mano negra de la banca, lo cual nadie nunca lo podrá acreditar. Pero dará lo mismo.

Una de las características de los populistas y de los demagogos es sembrar de sospechas y de dudas el funcionamiento del sistema institucional, algo que es extremadamente rentable en tiempos de ofuscación intelectual y de análisis simples para fenómenos complejos. Y en verdad el Tribunal Supremo, con su decisión, ha contribuido a su crecimiento.

El hecho de que el Supremo haya perdido toda credibilidad, y en particular su presidente, Carlos Lesmes, y el de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, no es un asunto baladí. El Supremo juega hoy un papel central en la credibilidad del sistema político y judicial, y ahí está el futuro juicio a los separatistas para ponerlo negro sobre blanco. Este martes, para más inri, hasta Estrasburgo ha dado algo más que un tirón de orejas (otro) a la Justicia española. Es por ello por lo que ambos deberían salir inmediatamente de la plaza de las Salesas si se quiere recuperar la credibilidad perdida por un despropósito que se leerá en los anales de la historia judicial de España.