La inmoral costumbre de gobernar a golpe de decreto

La figura del decreto ley tiene mala fama. Probablemente, con razón. Se ha abusado tanto de su utilización que cuando un Gobierno tira de decreto ley es que la democracia no funciona, al menos todo lo bien que debería. De hecho, es muy conocido que Primo de Rivera, en tiempos de la dictadura, convirtió en rutina, y hasta en un arte de la política, gobernar a golpe de decreto ley. Algo que obligó a la II República a poner serias restricciones.

La Constitución de 1931, en concreto, limitó el uso del decreto ley a aquellas ocasiones en que el Congreso estuviera disuelto. Y solo en esas circunstancias, el presidente del consejo, y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación posterior de dos tercios de los diputados elegidos para la Diputación Permanente, podría aprobar un decreto ley “sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes”. El artículo 80, incluso, habla de utilizarlo solo “cuando lo demande la defensa de la República”.

La Constitución de 1978 se empapó de esta excepcionalidad en el uso del decreto ley, y en su artículo 86 deja muy claro que solo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales”. Aunque también con límites. La Constitución deja meridianamente claro que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, a las comunidades autónomas ni a la Ley Electoral.

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Habrá quien piense que tantas restricciones han tenido algún efecto relevante. Se equivoca. Gobernar por medio de decreto ley se ha convertido en el pan legislativo de cada día. Y lo que es más sorprendente, incluso con mayoría absoluta, lo cual dice muy poco en favor de la calidad del sistema democrático. Mariano Rajoy, durante su primera legislatura, en la que tenía mayoría absoluta, batió todos los récords de utilización de decretos leyes, lo que siempre achacó a la excepcionalidad de la situación económica. Y ahora es Pedro Sánchez quien se prepara para gobernar a golpe de decreto ley en materia económica si, como todo indica, no es capaz de sacar adelante los Presupuestos del Estado para 2019.

Sin embargo, y de manera deliberadamente confusa, el Gobierno —y también Pablo Iglesias— ha querido vincular los Presupuestos del Estado a la aprobación de determinadas medidas sociales, como la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales, pero la realidad es muy distinta. El Ejecutivo tiene la potestad legal de aprobar por decreto ley (no hay otra fórmula legal) el incremento del SMI, independientemente de lo que pase con la tramitación de la Ley de Presupuestos. Bastarían solo los 156 votos que suman el grupo socialista y Unidos Podemos, toda vez que no parece probable que Ciudadanos y el grupo popular, y no digamos los nacionalistas, voten en contra.

Créditos ampliables

Es decir, que si no hay Presupuestos, no decaen todos los acuerdos Moncloa-Podemos. De hecho, la actualización de las pensiones públicas en función del IPC real es también una cuestión que históricamente se ha ventilado mediante decreto ley. En este caso, en el de prórroga presupuestaria, que habilita al Gobierno a cubrir financieramente todos los créditos ampliables, como las pensiones o la deuda pública, que hay que pagar sí o sí.

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Otra cosa son medidas como la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo o la subida de las partidas destinadas a I+D+i, que tendrán que esperar a que haya Presupuestos. No es el caso de la tramitación de los impuestos de transacciones financieras y el que gravará la actividad de las tecnológicas, que exigen leyes singulares y no se pueden aprobar por decreto ley, como ha obligado el Constitucional.

Competencia electoral

El margen de maniobra para Sánchez, en todo caso, es muy estrecho. Entre otras cosas, porque sin Presupuestos que pueda capitalizar políticamente Pablo Iglesias, los argumentos de Podemos para seguir apoyando al Gobierno se debilitan. Sobre todo si se tiene en cuenta que las elecciones de mayo (europeas, locales y autonómicas) van a poner al límite la competencia electoral. Es decir, que ni siquiera es probable que el Gobierno pueda gobernar por decreto, como han sugerido algunos dirigentes socialistas.

Esta previsible inacción parlamentaria es lo que puede explicar, paradójicamente, las prisas de Moncloa por dar la apariencia de que todo está bajo control y que se gobierna con plena normalidad, por ejemplo, anunciando reformas laborales que difícilmente verán la luz o normas medioambientales a 20 años vista, cuando ni siquiera el Ejecutivo tiene garantizada la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Es decir, la orden política dada a los ministros (que tiene mucho de estrategia de comunicación) es inundar el espacio público con todo tipo de propuestas aunque la probabilidad de que vean la luz sea remota.

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¿Hasta cuándo puede llegar esta estrategia? Es probable que ni el propio Sánchez lo sepa, pero parece fuera de toda duda que el objetivo es ganar tiempo. Y es que el tiempo, se piensa en Moncloa, consolidará la irrupción de Vox, que ya sacará la cabeza en Andalucía, como una cuña salvadora para el PSOE en el bloque del centro derecha, mientras que en la izquierda Podemos se juega a todo o nada su futuro el próximo 26 de mayo.

Si las confluencias no logran revalidar las alcaldías en las ciudades más grandes del país, se le abre el cielo a Sánchez, que podrá aglutinar el voto útil de la izquierda si en otoño, como parece probable, hay elecciones generales. De ahí la urgencia de Unidos Podemos a la hora de buscar apoyos a los Presupuestos. Y de ahí el interés de Pedro Sánchez en estirar la legislatura todo lo que pueda, aunque sea llevando al límite las cuadernas constitucionales.