A propósito del 'insider trading': Sánchez, Borrell y la ética socialista

La sanción de 30.000 euros a Borrell va mucho más allá que una multa. Lo importante no es el huevo sino el fuero, es decir, la calificación moral del delito bursátil

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversa con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversa con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. (EFE)

No es casualidad que el castigo por el uso de información privilegiada arrancara en 1934, cuando el Congreso de EEUU aprobó la Securities Exchange Act. Y no es casualidad porque en medio de la Gran Depresión los legisladores querían golpear con dureza una de las causas del derrumbe de Wall Street y, en paralelo, de la economía: el uso en beneficio propio de información que solo estaba al alcance de unos pocos, y que antes de 1929 había alcanzado cotas repugnantes.

Lo que se pretendía era, lisa y llanamente, devolver a la sociedad, junto al reproche moral, administrativo o penal, los beneficios adquiridos de forma ilegítima, independientemente de si se trataba de uno o 100.000 dólares.

Lo relevante, por lo tanto, era el fuero, no el huevo. Algo que explica, por ejemplo, que el caso más sonado de 'insider trading' fuera durante muchos años el del periodista del 'Wall Street Journal' R. Foster Winans, autor de la legendaria columna 'Heard on the Street', una especie de sanctasanctórum del periodismo financiero y bursátil. Winans, hay que decirlo, fue condenado a 18 meses de prisión y admitió haber obtenido unas ganancias de apenas 30.000 dólares, mucho menos de lo que logró Ivan Boesky, el otro gran tunante de la época.

Esta es, en realidad, la cuestión de fondo en el caso Borrell. Lo significativo no es la cantidad (10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros) sino el hecho de que un consejero, que conoce perfectamente que se encuentra entre las personas iniciadas, vendiera acciones dos días antes de que la empresa presentara preconcurso de acreedores, lo que obviamente provocó un desplome de su cotización.

Ganar dinero traficando con información (o no perderlo) es inmoral, pero no solo porque en este caso también sea ilegal sino porque viola los derechos de los accionistas de la empresa de la que Borrell era consejero. También porque opera contra la igualdad de oportunidades entre los participantes en el mercado. Incluso, su comportamiento perjudica a la sociedad en su conjunto debido a que daña la confianza en el funcionamiento de un mercado esencial para la financiación de la economía. Pero, sobre todo, porque quiebra la confianza en el sistema político. Sin que pueda servir de coartada, ni mucho menos de pliego de descargos, la aportación de Borrell al desenmascaramiento del independentismo catalán.

El caso es aún más grave si se tiene cuenta que Borrell debía su presencia en el consejo de administración de Abengoa, precisamente, a su condición de expolítico, cuyas exigencias éticas, por razones elementales, como en el caso Cosidó, son más exigentes que en cualquier otro ciudadano. Entre otras razones, porque la ejemplaridad —como el deber de fidelidad— forma parte indeleble y esencial del espacio público si no se quiere caer en puertas giratorias. Y desde luego no sería de fiar alguien que comercia con la información a la que accede en el ejercicio de su cargo.

Un infracción de libro

La ley, de hecho, no deja lugar a dudas y establece (artículo 227) que “todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente” acciones o títulos de su compañía.

Pese a ello, y como dice alguien que conoce muy bien el funcionamiento interno de la CNMV, Borrell ha cometido una infracción “de libro” que para nada puede achacarse a una especie de persecución por razones políticas.

El presidente de la CNMV, Sebastián Abella, se ha limitado a aplicar una ley que nació en España bastante más tarde que en la mayoría de los países europeos, lo que da idea de lo permisiva que ha sido históricamente la legislación sobre este tipo de delitos. Hasta 1991, incluso después de aprobarse la ley del mercado de valores, no se introdujo en el ordenamiento legal el delito de uso de información privilegiada, que hasta entonces era una simple infracción administrativa.

La investigación se inició de oficio y Borrell ni siquiera ha recurrido la sanción (30.000 euros), según dice, para no poner en apuros a su compañera de gabinete, Nadia Calviño, que como ministra de Economía hubiera tenido que decidir sobre el expediente, aunque él vendiera, como administrador, las acciones de su exmujer. Por cierto, y paradójicamente, excuñada de Luis Carlos Croissier, expresidente de la CNMV. A lo mejor el exministro, y durante muchos años vecino, le tendría que haber preguntado antes de vender.

Mientras Tanto

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